Omar Arturo García Hernández

Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Omar Arturo García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Omar Arturo García Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase al Juez de Oralidad de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, la copia certificada de un disco versátil DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 295/2021-7 promovido por Omar Arturo García Hernández. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las constancias que el juez responsable anexó a su informe justificado consistentes en copia certificada de un disco versátil digital DVD que contiene audio y video de la audiencia de cinco de marzo de dos mil veintiuno, así como copia certificada del acta mínima de la citada audiencia y otras, relativas a la causa penal 461/2019, de su índice. Asimismo, con la constancia que el juez responsable anexó a su oficio 5359, recibido en este juzgado el dos de junio de dos mil veintiuno, registrado con el folio 6167, consistente en copia certificada de un disco versátil digital DVD que contiene audio y video de la audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, relativa a la causa penal 461/2019, de su índice, en la que se aprobó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 295/2021-7, promovido por Omar Arturo García Hernández, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios los artículos 14 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común en esa misma fecha y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Omar Arturo García Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el cinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 461/2019, de su índice, en contra del quejoso Omar Arturo García Hernández, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de la obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 206 y 207 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de los menores de edad de identidad reservada con las iniciales A.A.G.V., V.Y.G.V. y O.A.G.V., representados por Cristina Valenzuela Madrigal." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se registró con el expediente 295/2021-7, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar al licenciado Julio César Torres Torres, Fiscal del Ministerio Público que formuló la imputación en contra del quejoso en la causa penal de origen, por lo cual se envió el oficio 11407/2021. Por otra parte, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Cristina Valenzuela Madrigal, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservadas de iniciales A.A.G.V., V.Y.G.V. y O.A.G.V. El dos de junio de dos mil veintiuno, el actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento de la tercero interesada Cristina Valenzuela Madrigal, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservadas de iniciales A.A.G.V., V.Y.G.V. y O.A.G.V. Posteriormente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: ?El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el cinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 461/2019, de su índice, en contra del quejoso Omar Arturo García Hernández, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de la obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 206 y 207 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de los menores de edad de identidad reservada con las iniciales A.A.G.V., V.Y.G.V. y O.A.G.V., representados por Cristina Valenzuela Madrigal. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la aludida autoridad en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió de un disco versátil digital DVD que contiene audio y video de la audiencia de cinco de marzo de dos mil veintiuno, así como copia certificada del acta mínima de la citada audiencia y otras, relativas a la causa penal 461/2019, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Como se puede deducir del ordinal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando, por virtud del cambio de situación jurídica, deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Por su parte, el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una etapa procesal en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; (de vinculación o sujeción a proceso, según sea el caso); y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio en el sistema inquisitivo; o la etapa inicial, intermedia o de juicio, en el acusatorio adversarial; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo, toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Ahora bien, la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: (1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo. emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; (2) Que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; (3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, (4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior de conformidad con la tesis número 2a. CXI/96, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1996, con número de registro 199808, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL". En ese tenor, el primer requisito se encuentra satisfecho, en la medida que la parte quejosa controvierte el auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el cinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 461/2019, de su índice, en contra del quejoso Omar Arturo García Hernández, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de la obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 206 y 207 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de los menores de edad de identidad reservada con las iniciales A.A.G.V., V.Y.G.V. y O.A.G.V., representados por Cristina Valenzuela Madrigal. En relación al segundo requisito, se advierte que a la fecha de presentación de demanda de amparo -veintitrés de marzo de dos mil veintiuno-, no se había dictado sentencia en la precitada causa penal, lo que aconteció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en donde se aprobó la salida alterna consistente en una suspensión condicional del proceso, la cual conforme a lo establecido en los artículos 183, 191 y 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una solución alterna del procedimiento y forma de terminación anticipada del mismo, ya que cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión del proceso, así como el plan de reparación sean cumplidas por el imputado dentro del plazo para tal efecto, se extinguirá la acción penal; y por tanto, lo anterior, en el presente juicio de amparo tiene efectos de sentencia definitiva, en lo que se corrobora con la copia certificada del disco versátil digital (DVD), que remitió la autoridad responsable, que contiene la videograbación de la audiencia de esa misma fecha. Respecto al tercer requisito, se considera que el acto reclamado fue jurídica y procesalmente sustituido por la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el cual tiene efectos de sentencia definitiva. Finalmente, se advierte colmado el cuarto requisito, esto es, que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por juez responsable el cinco de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal 461/2019, de su índice, y la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la misma causa penal, en donde se aprobó la salida alterna consistente en una suspensión condicional del proceso, el cual tiene efectos de sentencia definitiva, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada resolución puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Por tanto, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las referidas determinaciones y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad, pues de hacerlo, podría variarse la nueva situación jurídica del quejoso. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el último, pues existe autonomía entre el acto reclamado y la resolución de mérito el cual tiene efectos de sentencia definitiva. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en relación a los actos reclamados. Ello, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica originada con la resolución condenatoria dictada en la causa penal de mérito. Consecuentemente, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del aludido ordenamiento jurídico. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No pasa inadvertido que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, el tercero interesado licenciado Juan Pablo de la Cruz Urgel, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la unidad de Tramitación Masiva de Carpetas del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, se encontraba pendiente de ser emplazado; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no le depara agravio alguno, tomando en cuenta el sentido de la misma. Por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Así como en la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por el Omar Arturo García Hernández, respecto de los actos reclamados referidos en el considerando cuarto de este fallo, por las razones y fundamentos establecidos en el mismo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de tres de junio del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días, con el disco en formato DVD que remitió el Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, que contiene la audiencia de treinta y uno de mayo del año en curso, el cual transcurre del ocho al diez del presente mes y año. Para dar margen a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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