Omar Estrada Bustos Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero

Expediente 80/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
80/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Comisión Nacional del Agua (Conagua), Através de Su Director Local En el Estado Y/O Representante Legal
  • Omar Estrada Bustos Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, hágase saber a las partes, que mediante oficio SEADS/452/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo de la Judicatura Federal comunicó al suscrito mi adscripción a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso; lo que se comunica para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECSEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, sin que haya desahogado la prevención formulada en auto de dos de febrero del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y al efecto se tiene por promovida la demanda por Omar Estrada Bustos, en su carácter de Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, esto es, la prevista en el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, de dicho ordenamiento legal, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo 6, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; de manera que, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona constitucionalmente protegidos, afectación que debe ser personal y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Ahora bien, el quejoso Omar Estrada Bustos, en su carácter de Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero reclama la retención de la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), derivado del cobro por adeudo ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por otra parte, de conformidad con los artículos 26, 46, 62, 72 y 77 de la Ley orgánica del Municipio Libre de Guerrero, a través de los Ayuntamientos se realiza el gobierno y la administración del Municipio dentro de sus límites y de acuerdo a las competencias legales; los Municipios se encuentran administrados por sus respectivos ayuntamientos y éstos a su vez se encuentran integrados por un Presidente Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, regidores de mayoría relativa y por regidores de representación proporcional; son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de hacienda, entre otras administrar los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal. Por lo que ve al Presidente Municipal, es el representante del Ayuntamiento, mientras que los Síndicos procuradores tienen entre otras facultades la de la defensa de los intereses patrimoniales y económicos del Municipio y representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento. En tal virtud, de lo anteriormente reseñado se puede advertir, que el acto que reclama en esta instancia, no agravia directamente al promovente del amparo, ya que si bien el Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero, es el responsable directo de la administración pública, al encontrarse encargado de los asuntos administrativos y la atención de los asuntos municipales; la afectación de los bienes del Municipio, lesiona la esfera jurídica del Síndico de dicha localidad, puesto que él es el encargado de representar jurídicamente al Ayuntamiento respecto de los intereses patrimoniales del municipio. Por lo que al promover el amparo en su carácter de Presidente Muncipal, carece de legitimación para impugnar un acto que no afecta sus intereses, sino a quien tenga la representación del Ayuntamiento respecto de los bienes patrimoniales del Municipio de Ometepec, aun y cuando indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo, por tanto carece de legitimación para ocurrir al presente juicio. Se concluye lo anterior, dado que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. Siendo que la mera trasgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar dicha trasgresión y solicitar la restitución en el goce de su garantía violada, esto es, lo legitima para acudir al amparo. En esa medida, el acto reclamado precisado con antelación, no produce en la esfera jurídica del aquí quejoso, una lesión o perjuicio directo, y por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatir el mismo, ya que no le causa ningún agravio; siendo que, conforme al artículo 6º de la Ley de la Materia, sólo puede promover el juicio a quien le ocasione un agravio personal y directo el acto de autoridad, o en su caso por conducto de sus representantes legítimos. Al efecto, cabe citar el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en su tesis aislada, publicada en la página 45, Volumen 76, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 2ª./J. 75/97, visible en la página 351, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Epoca, que dispone: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". Y la diversa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo III, correspondiente al mes de Abril de mil novecientos noventa y seis, página 412, que es del tenor siguiente: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Cabe aclarar que dichas tesis, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, continúan en vigor, no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, dado que no se oponen a la ley vigente. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE MNOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; dos de febrero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Omar Estrada Bustos, quien es Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero, contra actos de la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su director local o representante legal, residente en Chilpancingo Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 80/2016, y fórmese expediente. Como punto preliminar, se precisa que este juicio se regirá por la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y en vigor al día siguiente, porque la demanda se presentó después de que inició su vigencia. En la demanda se advierten irregularidades que se deben corregir, pues el promovente sólo se ostenta como presidente municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, con copias suficientes de su escrito de desahogo para correr traslado a las demás partes, aclare lo que a continuación se indica: 1. Con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con el diverso 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: 1.2. Identifique la denominación de la parte quejosa que considera es la titular de los derechos que pretende sean protegidos en este juicio. En este punto deberán indicar si es: a) El Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. b) O bien, el promovente en su carácter de presidente municipal. 1.3. En el supuesto de que afirme que el quejoso es el Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en virtud de que refiere acudir a presentar juicio de amparo indirecto ante la retención de los recursos económicos públicos de las partidas presupuestales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), precise cuál es el origen de la representación que tenga para instar el juicio de amparo a nombre de dicho Ayuntamiento. Se apercibe a al promovente que de no desahogar el requerimiento formulado en el plazo que se le otorgó para ello, en caso de ser procedente la demanda de amparo se admitirá únicamente en su carácter de presidente municipal. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que se indica y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Bello López y Diana Martínez García, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de la última parte de párrafo segundo del citado numeral, a Sergio Rosas González, Juan Joel Gasga Laredo, Benjamín Robles Ramírez y Adán Ramírez Muñoz, debido a que no cuentan con dicho registro, quedando a salvo sus derechos de registrarlas. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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