Omar Estrada Bustos Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero

Expediente 823/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
823/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
15/12/2016

Partes del expediente

  • Omar Estrada Bustos Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero
  • ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, SÍNDICO PROCURADOR DE OMETEPEC, GUERRERO y Otros.
  • OMAR ESTRADA BUSTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO y Otros.
  • Etelberto Victoriano Jiménez, Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero
  • Alejandra Bobadilla Toledo, Síndico Procurador de Ometepec, Guerrero
  • GABINO GARCÍA HESIQUIO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y la sentencia emitida, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA GABINO GARCÍA HESIQUIO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... : VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 823/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero Ejecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: El acuerdo de fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, mediante el cual, de manera por demás arbitraria, se nos impone individualmente, una multa por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.). B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha primero de Agosto de dos mil dieciséis, se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa". SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 823/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/087/2014, mediante el cual se les impuso a cada uno, multa por $6573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 m.n.). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada (fojas19 a 21); certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TCA/SRO/087/2014, que allegó con dicho informe. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 114), al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/087/2014, radicado ante la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron "para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley" (fojas 23 a 26). 2. Mediante resolución de trece de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero confirmó la sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 32 a 37); resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre siguiente (foja 42). 3. En acuerdo de tres de diciembre de esa anualidad, se requirió tanto a la parte actora como a la demandada a fin de que exhibiera la planilla de liquidación (foja 44); por diverso auto de veintinueve de febrero del año en cuso, se aprobó la planilla presentada por Gabino García Hesiquio, hasta por la cantidad de $206,592.79 (doscientos seis mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 moneda nacional) y se requirió su cumplimiento bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una multa en forma individual de treinta días de salarios mínimo vigente equivalente a $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional, el cual fue notificado mediante oficio a la parte demandada el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 51, 53, 55 y 57). 4. El dos de mayo de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada a lo requerido se le impuso la medida de apremio con la que se le conminó y se reiteró el requerimiento señalado en el punto que antecede, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondría una segunda multa por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional) equivalente a sesenta unidades de medida y actualización, el cual le fue notificado mediante oficio el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 60, 66 a 69) 5. Mediante oficio presentado ante la Sala responsable, la parte quejosa informó las gestiones para dar cumplimiento a lo requerido (fojas 70 y 71); con lo cual, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa (foja 72). 6. Por acuerdo de ocho de junio del año actual, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora (tercero interesado en este juicio de amparo), en el cual solicitaba el cumplimiento de la sentencia, a lo cual la Sala responsable determinó que la parte demandada ha sido omisa en acatar dicha resolución, pese a los requerimientos formulados y que si bien, informó trámites, así como la situación por la que atraviesan la mayoría de las administraciones municipales no acreditó haber realizado el pago al actor; por lo que "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de seis meses en perjuicio de la actora". En ese acuerdo, la Sala responsable señaló que "el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hacen efectivos los apercibimientos de fechas dos y diecisiete de mayo del presente año . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la segunda multa en forma individual de sesenta UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $4,382.40 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).se les requiere de nueva cuenta a las autoridades antes mencionadas para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, en términos del auto del día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, por lo que deberán informar a esta Sala Regional el cumplimiento a la misma, apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA),..equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.." (fojas 76, 83 y 84) 7.- Por acuerdo de uno de agosto del año en curso, la Sala responsable estableció lo siguiente: ".toda vez que el término de tres días concedido a las autoridades demandadas ha transcurrido con exceso y éstas no han informado nada respecto al cumplimiento de la sentencia emitida el ocho de octubre de dos mil catorce, misma que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, se determinó que había causado ejecutoriada la sentencia, la cual no ha sido cumplimentada por las autoridades demandadas, tal como se corrobora con la certificación secretarial mencionada, no obstante a los requerimientos de fechas veintinueve de febrero, dos de mayo y ocho de junio de dos mil dieciséis, así también con lo informado por la parte actora, de lo que se deduce que las autoridades demandadas han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,.por lo que esta Sala para el efecto de cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como servidores públicos municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hace efectivo el apercibimiento de fecha ocho de junio del año en curso . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el cinco de agosto de dos mil dieciséis." y giró el oficio número 777/2016 (fojas 8,87 , 92 y 93). Esta determinación constituye el acto reclamado. Ahora, en sus conceptos de violación la parte quejosa reclama que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal: a) Primeramente indican que contrario a lo que sostiene la responsable ordenadora, ellos en ningún momento han obstaculizado o retrasado el procedimiento de ejecución de sentencia, ni muchos menos han violentado el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, en virtud de que una vez que se establece la trilogía procesal, aquellas autoridades demandadas, pasan a ser partes de un procedimiento contencioso, y a partir de ese momento, es la autoridad que conduce el procedimiento y está obligada a preservar y respetar el derecho, que dice la responsable están violentando a la parte quejosa. Asimismo, señalan que en aras de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente natural, han estado realizando diversas gestiones ante distintas autoridades, lo cual hicieron del conocimiento a la Sala responsable por escrito de nueve de mayo del año en curso, donde exhibieron el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la cual se da respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec, documento que refieren desestimó la responsable ordenadora. b) Asimismo, precisan que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que si se toma en consideración que en ningún momento la responsable emite un razonamiento lógico jurídico, que deje claro, porque impone como multa noventa unidades de medida, que asciende a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), ya que solamente se limita a decir que impone dicha multa en base a lo establecido por los artículos 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 26 y 123 de la Carta Magna, si el artículo 136 del Código de la Materia, señala que la multa a imponerse puede oscilar de un mínimo de tres días a un máximo de ciento veinte días, de ahí que, si se les está poniendo una multa equivalente a sesenta días, la responsable se encuentra obligada a precisar cuáles fueron las razones por las cuales llegó a tal determinación. Ahora bien, el concepto reseñado en el inciso a) deviene infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo que señala la parte quejosa de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del juicio natural, se advierte que la Sala responsable ha realizado las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia definitiva, pues los ha requerido en dos ocasiones con el apercibimiento de multa, los cuales se les hecho efectivo ante su contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; de ahí que, la Sala ha preservado y respetado el derecho del actor a la impartición de justicia pronta y expedita y si bien a la fecha de la presente determinación no se tiene constancia alguna de que se haya dado cumplimiento al fallo dictado en el juicio natural, no es por omisión de la responsable ordenadora, sino más bien ante su contumacia de hacer el pago al acto de la cantidad a que fueron condenadas las autoridades demandadas en sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce y que son el cargo que ahora ostentan los quejosos. De igual manera resulta infundado la argumentación que realizan los quejosos, por cuanto hace a que la Sala desestimó el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en el cual se dio respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec. En efecto, porque fue correcta la determinación de la Sala de no tomar en cuenta dicha documental, pues como lo señaló se trata de una respuesta negativa a la solicitud de recursos por parte de la autoridad demandada (Presidente Municipal), además de que no se exhibió documental alguna de la que advierta que con esos recursos se encuentre el destinado a pagar la cantidad a que fueron condenados en el juicio natural, como pudo haber sido el oficio OP/060/2016, de ocho de febrero del año en curso, donde se hizo la petición al citado Secretario de Finanzas del Estado de que entregara recursos de la Federación para sanear las finanzas del municipio de Ometepec. Guerrero; de ahí que, en acuerdo de ocho de junio del año en curso la Sala les hizo efectivo el apercibimiento de multa con el que los conminó en acuerdos de dos y diecisiete de mayo de esta anualidad (foja 77). Asimismo, también resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso b), y para justificarlo, es necesario tener presente en primer término, el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En ellos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé: "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." En este ordinal, se establece el proceder que debe observar el tribunal administrativo para requerir -de oficio o a petición de parte-, el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, se observa que conforme a dicho procedimiento, inicialmente habrá de requerir a la autoridad demandada sobre el particular, y posteriormente deberá decidir si hubo incumplimiento injustificado o no de la sentencia, y de estimarlo así, impondrá una multa de apremio que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. Ahora bien, si de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del ordinal invocado, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenida en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de ese mes; entonces puede concluirse que la autoridad responsable sí ajustó su proceder a lo señalado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, la autoridad responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo de tres días para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Además, tampoco puede soslayarse que precisamente la autoridad responsable tuvo en consideración, entre otros aspectos, las reiteradas multas impuestas por incumplir la sentencia dictada en el juicio natural, y al efecto indicó que la parte demandada "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la actora" lo cual es en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de celeridad y eficacia que señala el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; habida cuenta que la parte quejosa no esgrimió argumento eficiente alguno para demeritar la consideración de la responsable sobre el particular; es decir, para establecer el cumplimiento de la sentencia, ya que de ello pende la decisión de la Sala Regional de imponer la sanción a la que se hizo acreedora a la parte quejosa. De ese modo, a la parte demandada aquí quejosa, se le otorgó un plazo de tres días para cumplir la sentencia, máxime que no existe evidencia de que solicitara prórroga para ello, o justificado la necesidad de ampliar el término otorgado. Por otro lado, queda de relieve el hecho de que el propio término ya transcurrió en exceso, por lo que tampoco se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Regional en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) equivalente a noventa unidades de medida y actualización, que la responsable impuso como sanción económica, ésta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es por tratarse de la tercer multa por la reiteración del incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente (el retardo por más de ocho meses) fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados (foja 86). Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargo de servidor público municipal, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, como acertadamente lo señaló la responsable. De ahí que se colmen los elementos que deben atenderse al fijarse las multas. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En mérito de lo expuesto, al devenir infundado el motivo de queja; procede negarle la protección federal que solicita contra el acto que reclamó de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...

  3. Principal

    SÍNTESIS: VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 823/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero Ejecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: El acuerdo de fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, mediante el cual, de manera por demás arbitraria, se nos impone individualmente, una multa por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.). B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha primero de Agosto de dos mil dieciséis, se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa". SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 823/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/087/2014, mediante el cual se les impuso a cada uno, multa por $6573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 m.n.). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada (fojas19 a 21); certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TCA/SRO/087/2014, que allegó con dicho informe. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 114), al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/087/2014, radicado ante la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron "para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley" (fojas 23 a 26). 2. Mediante resolución de trece de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero confirmó la sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 32 a 37); resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre siguiente (foja 42). 3. En acuerdo de tres de diciembre de esa anualidad, se requirió tanto a la parte actora como a la demandada a fin de que exhibiera la planilla de liquidación (foja 44); por diverso auto de veintinueve de febrero del año en cuso, se aprobó la planilla presentada por Gabino García Hesiquio, hasta por la cantidad de $206,592.79 (doscientos seis mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 moneda nacional) y se requirió su cumplimiento bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una multa en forma individual de treinta días de salarios mínimo vigente equivalente a $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional, el cual fue notificado mediante oficio a la parte demandada el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 51, 53, 55 y 57). 4. El dos de mayo de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada a lo requerido se le impuso la medida de apremio con la que se le conminó y se reiteró el requerimiento señalado en el punto que antecede, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondría una segunda multa por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional) equivalente a sesenta unidades de medida y actualización, el cual le fue notificado mediante oficio el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 60, 66 a 69) 5. Mediante oficio presentado ante la Sala responsable, la parte quejosa informó las gestiones para dar cumplimiento a lo requerido (fojas 70 y 71); con lo cual, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa (foja 72). 6. Por acuerdo de ocho de junio del año actual, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora (tercero interesado en este juicio de amparo), en el cual solicitaba el cumplimiento de la sentencia, a lo cual la Sala responsable determinó que la parte demandada ha sido omisa en acatar dicha resolución, pese a los requerimientos formulados y que si bien, informó trámites, así como la situación por la que atraviesan la mayoría de las administraciones municipales no acreditó haber realizado el pago al actor; por lo que "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de seis meses en perjuicio de la actora". En ese acuerdo, la Sala responsable señaló que "el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hacen efectivos los apercibimientos de fechas dos y diecisiete de mayo del presente año . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la segunda multa en forma individual de sesenta UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $4,382.40 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).se les requiere de nueva cuenta a las autoridades antes mencionadas para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, en términos del auto del día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, por lo que deberán informar a esta Sala Regional el cumplimiento a la misma, apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA),..equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.." (fojas 76, 83 y 84) 7.- Por acuerdo de uno de agosto del año en curso, la Sala responsable estableció lo siguiente: ".toda vez que el término de tres días concedido a las autoridades demandadas ha transcurrido con exceso y éstas no han informado nada respecto al cumplimiento de la sentencia emitida el ocho de octubre de dos mil catorce, misma que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, se determinó que había causado ejecutoriada la sentencia, la cual no ha sido cumplimentada por las autoridades demandadas, tal como se corrobora con la certificación secretarial mencionada, no obstante a los requerimientos de fechas veintinueve de febrero, dos de mayo y ocho de junio de dos mil dieciséis, así también con lo informado por la parte actora, de lo que se deduce que las autoridades demandadas han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,.por lo que esta Sala para el efecto de cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como servidores públicos municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hace efectivo el apercibimiento de fecha ocho de junio del año en curso . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el cinco de agosto de dos mil dieciséis." y giró el oficio número 777/2016 (fojas 8,87 , 92 y 93). Esta determinación constituye el acto reclamado. Ahora, en sus conceptos de violación la parte quejosa reclama que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal: a) Primeramente indican que contrario a lo que sostiene la responsable ordenadora, ellos en ningún momento han obstaculizado o retrasado el procedimiento de ejecución de sentencia, ni muchos menos han violentado el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, en virtud de que una vez que se establece la trilogía procesal, aquellas autoridades demandadas, pasan a ser partes de un procedimiento contencioso, y a partir de ese momento, es la autoridad que conduce el procedimiento y está obligada a preservar y respetar el derecho, que dice la responsable están violentando a la parte quejosa. Asimismo, señalan que en aras de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente natural, han estado realizando diversas gestiones ante distintas autoridades, lo cual hicieron del conocimiento a la Sala responsable por escrito de nueve de mayo del año en curso, donde exhibieron el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la cual se da respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec, documento que refieren desestimó la responsable ordenadora. b) Asimismo, precisan que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que si se toma en consideración que en ningún momento la responsable emite un razonamiento lógico jurídico, que deje claro, porque impone como multa noventa unidades de medida, que asciende a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), ya que solamente se limita a decir que impone dicha multa en base a lo establecido por los artículos 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 26 y 123 de la Carta Magna, si el artículo 136 del Código de la Materia, señala que la multa a imponerse puede oscilar de un mínimo de tres días a un máximo de ciento veinte días, de ahí que, si se les está poniendo una multa equivalente a sesenta días, la responsable se encuentra obligada a precisar cuáles fueron las razones por las cuales llegó a tal determinación. Ahora bien, el concepto reseñado en el inciso a) deviene infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo que señala la parte quejosa de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del juicio natural, se advierte que la Sala responsable ha realizado las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia definitiva, pues los ha requerido en dos ocasiones con el apercibimiento de multa, los cuales se les hecho efectivo ante su contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; de ahí que, la Sala ha preservado y respetado el derecho del actor a la impartición de justicia pronta y expedita y si bien a la fecha de la presente determinación no se tiene constancia alguna de que se haya dado cumplimiento al fallo dictado en el juicio natural, no es por omisión de la responsable ordenadora, sino más bien ante su contumacia de hacer el pago al acto de la cantidad a que fueron condenadas las autoridades demandadas en sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce y que son el cargo que ahora ostentan los quejosos. De igual manera resulta infundado la argumentación que realizan los quejosos, por cuanto hace a que la Sala desestimó el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en el cual se dio respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec. En efecto, porque fue correcta la determinación de la Sala de no tomar en cuenta dicha documental, pues como lo señaló se trata de una respuesta negativa a la solicitud de recursos por parte de la autoridad demandada (Presidente Municipal), además de que no se exhibió documental alguna de la que advierta que con esos recursos se encuentre el destinado a pagar la cantidad a que fueron condenados en el juicio natural, como pudo haber sido el oficio OP/060/2016, de ocho de febrero del año en curso, donde se hizo la petición al citado Secretario de Finanzas del Estado de que entregara recursos de la Federación para sanear las finanzas del municipio de Ometepec. Guerrero; de ahí que, en acuerdo de ocho de junio del año en curso la Sala les hizo efectivo el apercibimiento de multa con el que los conminó en acuerdos de dos y diecisiete de mayo de esta anualidad (foja 77). Asimismo, también resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso b), y para justificarlo, es necesario tener presente en primer término, el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En ellos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé: "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." En este ordinal, se establece el proceder que debe observar el tribunal administrativo para requerir -de oficio o a petición de parte-, el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, se observa que conforme a dicho procedimiento, inicialmente habrá de requerir a la autoridad demandada sobre el particular, y posteriormente deberá decidir si hubo incumplimiento injustificado o no de la sentencia, y de estimarlo así, impondrá una multa de apremio que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. Ahora bien, si de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del ordinal invocado, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenida en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de ese mes; entonces puede concluirse que la autoridad responsable sí ajustó su proceder a lo señalado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, la autoridad responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo de tres días para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Además, tampoco puede soslayarse que precisamente la autoridad responsable tuvo en consideración, entre otros aspectos, las reiteradas multas impuestas por incumplir la sentencia dictada en el juicio natural, y al efecto indicó que la parte demandada "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la actora" lo cual es en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de celeridad y eficacia que señala el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; habida cuenta que la parte quejosa no esgrimió argumento eficiente alguno para demeritar la consideración de la responsable sobre el particular; es decir, para establecer el cumplimiento de la sentencia, ya que de ello pende la decisión de la Sala Regional de imponer la sanción a la que se hizo acreedora a la parte quejosa. De ese modo, a la parte demandada aquí quejosa, se le otorgó un plazo de tres días para cumplir la sentencia, máxime que no existe evidencia de que solicitara prórroga para ello, o justificado la necesidad de ampliar el término otorgado. Por otro lado, queda de relieve el hecho de que el propio término ya transcurrió en exceso, por lo que tampoco se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Regional en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) equivalente a noventa unidades de medida y actualización, que la responsable impuso como sanción económica, ésta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es por tratarse de la tercer multa por la reiteración del incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente (el retardo por más de ocho meses) fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados (foja 86). Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargo de servidor público municipal, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, como acertadamente lo señaló la responsable. De ahí que se colmen los elementos que deben atenderse al fijarse las multas. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En mérito de lo expuesto, al devenir infundado el motivo de queja; procede negarle la protección federal que solicita contra el acto que reclamó de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE.. : VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 823/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero Ejecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: El acuerdo de fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, mediante el cual, de manera por demás arbitraria, se nos impone individualmente, una multa por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.). B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $6573.60 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha primero de Agosto de dos mil dieciséis, se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa". SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 823/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/087/2014, mediante el cual se les impuso a cada uno, multa por $6573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 m.n.). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada (fojas19 a 21); certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TCA/SRO/087/2014, que allegó con dicho informe. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 114), al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/087/2014, radicado ante la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron "para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley" (fojas 23 a 26). 2. Mediante resolución de trece de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero confirmó la sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 32 a 37); resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre siguiente (foja 42). 3. En acuerdo de tres de diciembre de esa anualidad, se requirió tanto a la parte actora como a la demandada a fin de que exhibiera la planilla de liquidación (foja 44); por diverso auto de veintinueve de febrero del año en cuso, se aprobó la planilla presentada por Gabino García Hesiquio, hasta por la cantidad de $206,592.79 (doscientos seis mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 moneda nacional) y se requirió su cumplimiento bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una multa en forma individual de treinta días de salarios mínimo vigente equivalente a $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional, el cual fue notificado mediante oficio a la parte demandada el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 51, 53, 55 y 57). 4. El dos de mayo de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada a lo requerido se le impuso la medida de apremio con la que se le conminó y se reiteró el requerimiento señalado en el punto que antecede, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondría una segunda multa por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional) equivalente a sesenta unidades de medida y actualización, el cual le fue notificado mediante oficio el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 60, 66 a 69) 5. Mediante oficio presentado ante la Sala responsable, la parte quejosa informó las gestiones para dar cumplimiento a lo requerido (fojas 70 y 71); con lo cual, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa (foja 72). 6. Por acuerdo de ocho de junio del año actual, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora (tercero interesado en este juicio de amparo), en el cual solicitaba el cumplimiento de la sentencia, a lo cual la Sala responsable determinó que la parte demandada ha sido omisa en acatar dicha resolución, pese a los requerimientos formulados y que si bien, informó trámites, así como la situación por la que atraviesan la mayoría de las administraciones municipales no acreditó haber realizado el pago al actor; por lo que "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de seis meses en perjuicio de la actora". En ese acuerdo, la Sala responsable señaló que "el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hacen efectivos los apercibimientos de fechas dos y diecisiete de mayo del presente año . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la segunda multa en forma individual de sesenta UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $4,382.40 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).se les requiere de nueva cuenta a las autoridades antes mencionadas para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, en términos del auto del día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, por lo que deberán informar a esta Sala Regional el cumplimiento a la misma, apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA),..equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.." (fojas 76, 83 y 84) 7.- Por acuerdo de uno de agosto del año en curso, la Sala responsable estableció lo siguiente: ".toda vez que el término de tres días concedido a las autoridades demandadas ha transcurrido con exceso y éstas no han informado nada respecto al cumplimiento de la sentencia emitida el ocho de octubre de dos mil catorce, misma que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, se determinó que había causado ejecutoriada la sentencia, la cual no ha sido cumplimentada por las autoridades demandadas, tal como se corrobora con la certificación secretarial mencionada, no obstante a los requerimientos de fechas veintinueve de febrero, dos de mayo y ocho de junio de dos mil dieciséis, así también con lo informado por la parte actora, de lo que se deduce que las autoridades demandadas han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,.por lo que esta Sala para el efecto de cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como servidores públicos municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hace efectivo el apercibimiento de fecha ocho de junio del año en curso . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la tercera multa en forma individual de noventa UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual le fue notificado mediante oficio el cinco de agosto de dos mil dieciséis." y giró el oficio número 777/2016 (fojas 8,87 , 92 y 93). Esta determinación constituye el acto reclamado. Ahora, en sus conceptos de violación la parte quejosa reclama que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal: a) Primeramente indican que contrario a lo que sostiene la responsable ordenadora, ellos en ningún momento han obstaculizado o retrasado el procedimiento de ejecución de sentencia, ni muchos menos han violentado el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, en virtud de que una vez que se establece la trilogía procesal, aquellas autoridades demandadas, pasan a ser partes de un procedimiento contencioso, y a partir de ese momento, es la autoridad que conduce el procedimiento y está obligada a preservar y respetar el derecho, que dice la responsable están violentando a la parte quejosa. Asimismo, señalan que en aras de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente natural, han estado realizando diversas gestiones ante distintas autoridades, lo cual hicieron del conocimiento a la Sala responsable por escrito de nueve de mayo del año en curso, donde exhibieron el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la cual se da respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec, documento que refieren desestimó la responsable ordenadora. b) Asimismo, precisan que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que si se toma en consideración que en ningún momento la responsable emite un razonamiento lógico jurídico, que deje claro, porque impone como multa noventa unidades de medida, que asciende a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), ya que solamente se limita a decir que impone dicha multa en base a lo establecido por los artículos 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 26 y 123 de la Carta Magna, si el artículo 136 del Código de la Materia, señala que la multa a imponerse puede oscilar de un mínimo de tres días a un máximo de ciento veinte días, de ahí que, si se les está poniendo una multa equivalente a sesenta días, la responsable se encuentra obligada a precisar cuáles fueron las razones por las cuales llegó a tal determinación. Ahora bien, el concepto reseñado en el inciso a) deviene infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo que señala la parte quejosa de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del juicio natural, se advierte que la Sala responsable ha realizado las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia definitiva, pues los ha requerido en dos ocasiones con el apercibimiento de multa, los cuales se les hecho efectivo ante su contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; de ahí que, la Sala ha preservado y respetado el derecho del actor a la impartición de justicia pronta y expedita y si bien a la fecha de la presente determinación no se tiene constancia alguna de que se haya dado cumplimiento al fallo dictado en el juicio natural, no es por omisión de la responsable ordenadora, sino más bien ante su contumacia de hacer el pago al acto de la cantidad a que fueron condenadas las autoridades demandadas en sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce y que son el cargo que ahora ostentan los quejosos. De igual manera resulta infundado la argumentación que realizan los quejosos, por cuanto hace a que la Sala desestimó el oficio SFA/3/125/2016, de tres de marzo de esta anualidad, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en el cual se dio respuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en relación al saneamiento de las finanzas del municipio de Ometepec. En efecto, porque fue correcta la determinación de la Sala de no tomar en cuenta dicha documental, pues como lo señaló se trata de una respuesta negativa a la solicitud de recursos por parte de la autoridad demandada (Presidente Municipal), además de que no se exhibió documental alguna de la que advierta que con esos recursos se encuentre el destinado a pagar la cantidad a que fueron condenados en el juicio natural, como pudo haber sido el oficio OP/060/2016, de ocho de febrero del año en curso, donde se hizo la petición al citado Secretario de Finanzas del Estado de que entregara recursos de la Federación para sanear las finanzas del municipio de Ometepec. Guerrero; de ahí que, en acuerdo de ocho de junio del año en curso la Sala les hizo efectivo el apercibimiento de multa con el que los conminó en acuerdos de dos y diecisiete de mayo de esta anualidad (foja 77). Asimismo, también resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso b), y para justificarlo, es necesario tener presente en primer término, el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En ellos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé: "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." En este ordinal, se establece el proceder que debe observar el tribunal administrativo para requerir -de oficio o a petición de parte-, el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, se observa que conforme a dicho procedimiento, inicialmente habrá de requerir a la autoridad demandada sobre el particular, y posteriormente deberá decidir si hubo incumplimiento injustificado o no de la sentencia, y de estimarlo así, impondrá una multa de apremio que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. Ahora bien, si de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes derivados del ordinal invocado, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenida en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de ese mes; entonces puede concluirse que la autoridad responsable sí ajustó su proceder a lo señalado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, la autoridad responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo de tres días para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Además, tampoco puede soslayarse que precisamente la autoridad responsable tuvo en consideración, entre otros aspectos, las reiteradas multas impuestas por incumplir la sentencia dictada en el juicio natural, y al efecto indicó que la parte demandada "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ocho meses en perjuicio de la actora" lo cual es en perjuicio de la parte actora al derecho de una justicia pronta y expedita garantizada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de celeridad y eficacia que señala el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; habida cuenta que la parte quejosa no esgrimió argumento eficiente alguno para demeritar la consideración de la responsable sobre el particular; es decir, para establecer el cumplimiento de la sentencia, ya que de ello pende la decisión de la Sala Regional de imponer la sanción a la que se hizo acreedora a la parte quejosa. De ese modo, a la parte demandada aquí quejosa, se le otorgó un plazo de tres días para cumplir la sentencia, máxime que no existe evidencia de que solicitara prórroga para ello, o justificado la necesidad de ampliar el término otorgado. Por otro lado, queda de relieve el hecho de que el propio término ya transcurrió en exceso, por lo que tampoco se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Regional en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) equivalente a noventa unidades de medida y actualización, que la responsable impuso como sanción económica, ésta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es por tratarse de la tercer multa por la reiteración del incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente (el retardo por más de ocho meses) fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados (foja 86). Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargo de servidor público municipal, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, como acertadamente lo señaló la responsable. De ahí que se colmen los elementos que deben atenderse al fijarse las multas. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En mérito de lo expuesto, al devenir infundado el motivo de queja; procede negarle la protección federal que solicita contra el acto que reclamó de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo y Etelberto Victoriano Jimenez, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Encargado de Seguridad Pública de Ometepec, Guerrero, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES ...

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