Omar Didi Díaz Pérez

Expediente 169/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
169/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Omar Didi Díaz Pérez
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    El quince de enero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, se cretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete al doce de enero de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de diciembre del año en curso (fojas 176 a 185), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo número 169/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial del Salto de Agua, con sede en Chiapas, consistentes en copias certificadas del expediente civil 83/2015 relativo a las controversias del orden familiar. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso alguno pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que por una parte se concedió y por otra se negó la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial del Salto de Agua, con sede en Chiapas, las documentales que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas del expediente civil 83/2015. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Luis

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 169/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Omar Didi Díaz Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua, Chiapas. Mayor pagador Luis Ignacio Pérez Ramírez, jefe de la unidad ejecutora de pago del Campo Militar 11-B de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Actos reclamados: "ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ORDENADORA reclamo la retroactividad del cobro indebido de pensiones atrasadas de la última quincena de noviembre de 2015 a la primera quincena de febrero de 2016 dentro de los autos del juicio de controversia familiar(pensión alimenticia) seguido por la C. BLANCA OLIVIA CONSTANTINO LÓPEZ en contra del suscrito OMAR DIDI DÍAZ PÉREZ ante el Juez mixto de Primera Instancia del municipio de Salto de Agua Chiapas en el expediente 83/2015 Juicio en el cual se ordenó descontarme pensiones atrasada sin siquiera enterarme ya que el oficio de embargo se recibió en mi centro de trabajo en la última quincena de febrero de 2016 y desde ese momento me empezaron a descontar en mi centro de trabajo, pero hoy ordenó descontarme un 5% más de pensión dejándome con tal acto en insolvencia económica". Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 17 a 21), se ordenó registrar la demanda con el número 169/2017, y en atención a que la titular de este juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer de la misma, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, al estimar que por razón de territorio correspondía al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ordenó su remisión por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva. TERCERO. El veinte de febrero del año en curso, fue recibida la demanda de mérito en la Oficina de Correspondencia Común de referencia, de donde se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, cuyo titular en proveído de veintidós de febrero citado, ordenó devolver dicha demanda, al no haber aceptado la competencia. CUARTO. Recibida nuevamente la demanda en este juzgado, se insistió en declinar la competencia, por lo cual, se ordenó remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, a fin de que determinara a cuál de los jueces de Distrito era al que correspondía el conocimiento de los autos, habiéndose registrado ante dicha Superioridad el conflicto competencial civil número 10/2017. QUINTO. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se emitió la ejecutoria respectiva, en la que el Órgano Colegiado de referencia, declaró que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Omar Didi Díaz Pérez. SEXTO. En atención a lo anterior, recibido el testimonio de la mencionada ejecutoria, así como los autos del presente juicio, se admitió a trámite la demanda de mérito; se ordenó solicitar el informe con justificación a las autoridades responsables, dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se mandó emplazar a la tercera interesada; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que, conforme a lo determinado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en la ejecutoria antes mencionada, el acto de ejecución se atribuye a una autoridad residente en este Estado, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos, consisten en: Del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua, Chiapas: a) El acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que hizo saber al Mayor Pagador del Campo Militar número 11-B, señalado también como autoridad responsable, que los descuentos retroactivos al demandado en el juicio familiar 83/2015, ahora quejoso, de los porcentajes de alimentos en favor de la acreedora alimentista, y que corresponden a las quincenas que ya habían sido pagadas por el propio demandado, es decir, a los períodos del treinta de noviembre de dos mil quince al quince de marzo de dos mil dieciséis, debería realizarlos, aplicando un porcentaje adicional a los descuentos ya ordenados, quejando a consideración del mencionado mayor pagador, el porcentaje que considerara fuera aplicable para tal efecto. b) El proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual, el juez responsable tuvo por recibida la comunicación vía telegráfica del Mayor Pagador Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos del Campo militar número 11 B, Tlaltenango, Zacatecas, por la que le informó de los descuentos realizados a Omar Didi Díaz Pérez por concepto de alimentos a favor de Blanca Olivia Constantino López, a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil quince, a la primera quincena de marzo de dos mil dieciséis, y además hizo de su conocimiento, que sería aplicado un 5% (cinco por ciento) de los sueldos de dicho demandado, para cubrir los descuentos retroactivos ordenados, consistentes en la cantidad de quinientos cincuenta y seis pesos con treinta centavos. Del Mayor Pagador, Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos del Campo Militar número 11-B, con residencia en Tlaltenango, Zacatecas: El cumplimiento al primero de los mencionados acuerdos, consistente en fijar el porcentaje del 5% (cinco por ciento) de los sueldos del demandado, de lo que se hizo sabedor el mencionado juez, en proveído de catorce de noviembre, citado en el inciso b); y, realizar los descuentos respectivos. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados toda vez que así expresamente lo manifiesta el juez responsable, y en cuanto a la autoridad ejecutora, su certeza se desprende del contenido de su informe justificado (fojas 161 y 51, respectivamente). Lo que se corrobora con las constancias que las autoridades responsables remitieron con sus informes justificados, particularmente con las remitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Salto de Agua Chiapas, consistentes en legajo de copias certificadas del expediente civil 83/2015; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, ante el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua, Chiapas, compareció Blanca Olivia Constantino López promoviendo juicio de pensión alimenticia en la vía de controversia del orden familiar, demandando a Omar Didi Díaz Pérez, el pago del 40% (cuarenta por ciento de sueldo que devenga como miembro del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, por concepto de pensión alim enticia provisional y en su momento definitiva, y demás prestaciones que al efecto se señalaron, (fojas 1 a 7 del legajo de copias certificadas). 2. El treinta de noviembre citado, se admitió a trámite la demanda, habiéndose registrado el expediente con el número 83/2015, se ordenó el emplazamiento del demandado, ahora quejoso, por medio de exhorto que al efecto se remitió, por encontrarse su domicilio fuera del lugar del juicio, otorgándole el término de cinco días, más diez en razón de la distancia para que contestara la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido afirmativo, asimismo, se le requirió para que señalara domicilio en Salto de Agua, Chiapas, para oír notificaciones y se le apercibió que de no hacer designación, las subsecuentes, aún las de carácter personal surtirían efectos por medio de lista de acuerdos o cédulas que se fijaran en los estrados del juzgado en términos del artículo 615, segundo párrafo del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de Chiapas. Además, en el propio acuerdo, se fijó como medida provisional de alimentos en favor de la actora la cantidad que resultara del 30% (treinta por ciento) de los salarios y demás prestaciones que devenga el demandado, lo que habría de pagarse de manera mensual y por adelantado a partir de la radicación de dicho juicio, ordenándose, como consecuencia, girar el oficio respectivo, a efecto de que se realizaran los descuentos; (fojas 10 a 12 del legajo en mención). 3. Previo a que se recibiera diligenciado el exhorto de mérito, mediante escrito recibido por la autoridad judicial responsable el nueve de mayo de dos mil dieciséis, compareció Omar Didi Díaz Pérez, pretendiendo dar contestación a la demanda, en la que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de ese juzgado, sin embargo, atendiendo a que aún no se recibía dicho exhorto, por proveído de doce siguiente, se reservó acordar al respecto para cuando ello ocurriera (fojas 73 a 82 y 85 del legajo). 4. Posteriormente, por escrito recibido en el juzgado responsable el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, compareció de nueva cuenta el ahora quejoso Omar Didi Díaz Pérez, solicitando se requiriera a la autoridad exhortada, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, a fin de que devolviera el exhorto aludido, lo que fue acordado de conformidad el veintisiete siguiente (fojas 115 a 117 del legajo) 5. Luego, por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido, diligenciado, el referido exhorto, por lo cual, se procedió a acordar en relación con el escrito de contestación de demanda del ahora quejoso, en relación con lo cual, atendiendo a que al realizar el computo respectivo, se advirtió que dicha contestación fue presentada fuera del término que al efecto se le concedió, se tuvo por contestada la demanda en forma extemporánea, se le hizo efectivo al aquí quejoso el apercibimiento contenido en el mencionado auto admisorio, teniéndose por contestada la propia demanda en sentido negativo y determinando que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal surtirían efectos por medio de lista de acuerdos. En razón de ello, se admitieron las pruebas ofrecidas por la actora y se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos (foja 154 del legajo). 6. En proveído de treinta del citado mes de agosto, se tuvo por recibido telegrama del Mayor Pagador Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos del Campo militar número 11 B, Tlaltenango, Zacatecas, por el que hizo del conocimiento del juez responsable, que se encontraba imposibilitado para efectuar los descuentos de pensión alimenticia ordenados, toda vez que tuvo conocimiento de ello el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por lo que solicitaba instrucciones sobre si existía algún procedimiento para efectuar el descuento a partir del treinta de noviembre de dos mil quince, asimismo hizo informó a dicho juez, que tampoco estaba en posibilidad de determinar el porcentaje y período en que se aplicaría el descuento adicional a favor de la acreedora alimentista, por tratarse de autoridad ejecutora y no de orden jurídico. En atención a ello, se ordenó girarle oficio para que informara de las cantidades que habían sido pagadas a la acreedora alimentista, así como de los períodos a que correspondían; y, a qué departamento jurídico debía dirigirse la solicitud para que procedieran a realizar los descuentos adicionales al demandado de mérito (foja 169 del aludido legajo). 7. El cinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 179), se tuvo por recibida la información del mencionado Mayor Pagador, en cuyo o telegrama, según asentó el juez responsable en el acuerdo respectivo, solicitaba se le indicaran los términos en que debería realizar los descuentos retroactivos al demandado, de los porcentajes de alimentos en favor de la acreedora alimentista, a lo cual, el juez responsable determinó: ". mediante oficio que se le gire, hágasele saber que los descuentos respectivos, que corresponden a los periodos del 30 treinta de noviembre de 2015 dos mil quince al 15 quinde de marzo del presente año, deberá realizarlos, aplicando un porcentaje adicional a los descuentos ya ordenados, para cubrir lo adeudado, quedando a consideración del mismo el porcentaje que considere sea aplicado para tal efecto". 8. En proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable tuvo por recibida comunicación vía telegráfica del Mayor Pagador Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos del Campo militar número 11 B, Tlaltenango, Zacatecas, por la que según asentó, informó, de manera detallada de los descuentos realizados a Omar Didi Díaz Pérez por concepto de alimentos a favor de Blanca Olivia Constantino López, a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil quince, a la primera quincena de marzo de dos mil dieciséis, haciendo del conocimiento del propio juez, que sería aplicado un 5% (cinco por ciento) de los sueldos de dicho demandado, para cubrir los descuentos retroactivos ordenados, consistentes en la cantidad de quinientos cincuenta y seis pesos con treinta centavos; comunicación que se agregó para que obrara como correspondiera y se ordenó dar vista a la parte actora (foja 186 del legajo). 9. Finalmente, obran en el legajo de copias certificadas remitidas por el juez responsable, escrito presentado por el impetrante del amparo el seis de junio de dos mil diecisiete, por el que señaló domicilio para oír notificaciones, designó autorizada para revisar el expediente 83/2015 y solicitó expedición de copia certificada del mismo, y el acuerdo de nueve siguiente, por el que se le acordó de conformidad lo solicitado (fojas 190 y 191 del legajo), siendo todas las constancias que obran en el mismo. Los acuerdos de cinco de octubre y catorce de noviembre, ambos de dos mil dieciséis, son los que constituyen los actos reclamados, los cuales, como también se aprecia de las aludidas constancias, fueron notificados por medio de lista, publicadas en las propias fechas, asentándose en las constancias respectivas (fojas 179 vuelta y 186 del aludido legajo), que surtirían efectos el siete de octubre y dieciséis de noviembre, respectivamente. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del propio ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación; entonces, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En particular, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Ahora bien, como quedó asentado, el quejoso hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua, Chiapas, en el que hizo saber al Mayor Pagador del Campo Militar número 11-B, señalado también como autoridad responsable, que los descuentos retroactivos ordenados para el demandado en el juicio familiar 83/2015, ahora quejoso, de los porcentajes de alimentos en favor de la acreedora alimentista, y que corresponden a las quincenas que ya habían sido pagadas por el propio demandado, es decir, a los períodos del treinta de noviembre de dos mil quince al quince de marzo de dos mil dieciséis, debería realizarlos, aplicando un porcentaje adicional a los descuentos ya ordenados, quejando a consideración del mencionado mayor pagador, el porcentaje que considerara fuera aplicable para tal efecto. Asimismo, en el proveído de catorce de noviembre del año próximo pasado, por el cual, el mencionado juez responsable tuvo por recibida la comunicación vía telegráfica del Mayor Pagador Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos del Campo militar número 11 B, Tlaltenango, Zacatecas, por la que le informó de los descuentos realizados a Omar Didi Díaz Pérez por concepto de alimentos a favor de Blanca Olivia Constantino López, a partir de la segunda quincena de noviembre de dos mil quince, a la primera quincena de marzo de dos mil dieciséis, y además hizo de su conocimiento, que sería aplicado un 5% (cinco por ciento) de los sueldos de dicho demandado, para cubrir los descuentos retroactivos ordenados. De igual forma, en el cumplimiento del primero de dichos actos, por parte de la autoridad ejecutora, consistente en fijar el porcentaje del 5% (cinco por ciento) de los sueldos del demandado, de lo que se hizo sabedor el mencionado juez, en el proveído antes citado; y, en la ejecución de los descuentos respectivos. Por otra parte, de las constancias relativas al expediente 83/2015, que en fotocopia certificada remitió el juez responsable como justificación de sus actos, se desprende que, el mencionado acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis fue notificado por medio de lista que se publicó en los estrados del juzgado responsable, en la propia fecha, asentándose en la constancia de notificación respectiva, que surtía efectos el siete siguiente. Por su parte, el diverso acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis por el que la autoridad judicial responsable se hizo sabedor del porcentaje del 5% (cinco por ciento) fijado por el oficial mayor pagador respecto de los sueldos del demandado, se notificó también por medio de lista del mismo día, que se fijó en los aludidos estrados, asentándose también en la constancia de notificación respectiva, que surtía efectos a partir del dieciséis siguiente. Asimismo, se aprecia, que el impetrante del amparo compareció ante el juez responsable pretendiendo dar contestación a la demanda entablada en su contra, sin que se le hubiera tenido por contestada, por haberla presentado en forma extemporánea, lo que significa que contrariamente a lo que aduce en su demanda de amparo, si tuvo conocimiento del juicio del que emanan los actos reclamados. Además, cabe destacar, que en el mismo acuerdo por el que se tuvo por presentada la contestación de demanda en forma extemporánea, se determinó que las subsecuentes notificaciones relativas al aquí quejoso, aún las de carácter personal, se le realizarían por lista que se fijara en los estrados del juzgado responsable; máxime que así lo solicitó en dicho escrito de contestación. Así pues, de lo anterior cabe concluir, que el quejoso tuvo conocimiento de los acuerdos de cinco de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en las propias fechas, en que, como ya se dijo, se realizaron las notificaciones respectivas, más no el veintiuno de enero del año en curso, como lo aduce en su escrito inicial de demanda. Lo que significa que la demanda con que se formó el expediente en que se actúa, fue interpuesta en forma extemporánea, ya que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el quince de febrero de este año, como se aprecia del sello fechador de dicha oficina, de donde se deduce que, entre la fecha en que se estima tuvo conocimiento el quejoso de los aludidos actos reclamados, cinco de octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciséis, y la en que presentó la demanda, transcurrieron con exceso los quince hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de garantías, pues haciendo el cómputo respectivo, en el que únicamente se toma en cuenta la fecha de notificación del segundo de los acuerdos reclamados, por resultar innecesario tomar la primera, que según se asentó en la constancia respectiva surtió efectos el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis; dicho término transcurrió del diecisiete de dicho mes al ocho de diciembre siguiente, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre, así como tres y cuatro de diciembre, por ser inhábiles, el veintiuno, por disposición de la Ley Federal del Trabajo y los restantes por tratarse de sábados y domingos; de manera que, como ya se vió, a la fecha en que presentó la demanda, ya había transcurrido el término que tenía para promoverla. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en cuanto a los mencionados acuerdos de cinco de octubre y catorce de diciembre, ambos meses de dos mil dieciséis. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento, ello impide entrar al fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Mayor pagador Luis Ignacio Pérez Ramírez, jefe de la unidad ejecutora de pago del Campo Militar 11-B de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, toda vez que el quejoso no los combate por vicios propios, sino como consecuencia del imputado a la ordenadora. Se invoca al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCIÓN. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 169/2016, promovido por Omar Didi Díaz Pérez, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua, Chiapas y Mayor pagador Luis Ignacio Pérez Ramírez, jefe de la unidad ejecutora de pago del Campo Militar 11-B de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por los motivos asentados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza, hoy veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    El dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Megm

  4. Incidental

    El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con el oficio y anexos registrado con el folio 10714. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 144/2017 con número de orden 459/2017 que fuera enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado llevara a cabo la notificación del auto de dos de junio del año en curso a la tercero interesada Blanca Olivia Constantino López; lo que se llevó a cabo mediante acta de notificación de cuatro de julio del año en curso, practicada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Salto de Agua Chiapas. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.

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