Omar Díaz Rodríguez
Expediente 1051/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Omar Díaz Rodríguez
- Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
El licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del veinte de diciembre de dos mil dieciséis al dos de enero de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso; asimismo, que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual deba proveerse sobre su destino. Que sí existe un tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable, consistente en el duplicado del proceso penal 10/2010. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres doy cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera, Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en el duplicado del proceso penal 10/2010. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL DICE LO SOIGUIENTE: "El licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del veinte de diciembre de dos mil dieciséis al dos de enero de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso; asimismo, que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual deba proveerse sobre su destino. Que sí existe un tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable, consistente en el duplicado del proceso penal 10/2010. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres doy cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera, Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en el duplicado del proceso penal 10/2010. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1051/2016-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, OMAR DÍAZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: COMO ORDENADORAS: 1. Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 2. Juez Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 3. Agente del Ministerio Público Número Uno Instructor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 4. Agente del Ministerio Público Número Dos Instructor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 5. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Villa de Cos, Zacatecas. COMO EJECUTORAS: 1 Director de la Policía Ministerial del Estado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. 2. Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Villa de Cos, Zacatecas, adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. 3. Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones Uno, adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. Actos reclamados: De las ordenadoras la orden de aprehensión y de las ejecutoras su ejecución material. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular mediante proveído de tres de octubre del año en curso, ordenó su admisión y registro con número de expediente 1051/2016-3; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó al tercero interesado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia, de lo Familiar de Calera de Victor Rosales, Zacatecas, y agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, consistentes en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Omar Díaz Rodríguez, en virtud de que las mencionadas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuyó, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa; además, porque no se ofreció medio de convicción alguno que acreditara lo contrario. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 284 localizable en la página 236, Tomo VI, Común, de la Sexta Época del Apéndice 2000, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a las indicadas autoridades y respecto del acto que se les atribuye de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por Omar Díaz Rodríguez al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, Agente del Ministerio Público Mixto, ambos de Villa de Cos, Zacatecas (denominación correcta de las autoridades que el quejoso señaló como Agentes del Ministerio Público Uno y Dos Instructores de la adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas), Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en Villa de Cos, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación admitieron la certeza de los actos que se les atribuyen. Lo que se corrobora con el duplicado del proceso penal 10/2010, en el cual obra glosada la orden de aprehensión de diecisiete de diciembre de dos mil doce librada contra el inconforme, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se trata de documentos públicos emitidos por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia consultable en la página 231 del Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, materia común, página 153, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo debe decirse del acto de ejecución que se atribuye al Comandante del Grupo de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya que si bien al rendir su respectivo informe con justificación lo negó, esas manifestaciones se encuentran desvirtuadas con el informe justificado rendido por la autoridad jurisdiccional ordenadora, quien aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, por lo que es inconcuso que aquél tiene obligación de cumplimentarla. Por identidad se invoca la tesis visible en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Part-1, Enero-Junio de 1989, materia común, de la Octava Época de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Causas de improcedencia. Precisado lo anterior se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la orden de aprehensión aquí reclamada ya fue materia de análisis de una ejecutoria de amparo anterior. Para demostrarlo es necesario traer a colación el precepto 61, fracción XI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Por su parte, la diversa fracción a que alude el mencionado normativo estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la interpretación sistemática de los segmentos normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: Que se trate del mismo quejoso; Contra las mismas autoridades responsables; y, Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, para que opere la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo debe tratarse de los mismos actos, mismas autoridades y mismo quejoso aunque las violaciones constitucionales sean diversas; además, se refiere a juicios concluidos, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es decir, de dicho numeral se desprende que la figura jurídica de la cosa juzgada hace improcedente el juicio de amparo, cuando éste tiene el mismo objeto que otro donde ya se estudiaron y resolvieron los mismos actos reclamados, por lo que se evita que con ello recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que de acuerdo a esta naturaleza sería ilógico otorgar la oportunidad de tramitar tantos juicios se estimaran necesarios respecto a los mismos actos, por lo que si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, dado que ello abriría la posibilidad de que se dictaran sentencias contradictorias o la proliferación excesiva de juicios de amparo y que la cosa juzgada fuera obsoleta. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 28 que informa: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDENTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Expuesto lo anterior, es necesario precisar que la autoridad responsable Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con domicilio en Villa de Cos, al rendir su informe con justificación anexó el duplicado de la causa penal 10/2010, de donde se advierte que el diecisiete de diciembre de dos mil doce, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por el delito de homicidio simple intencional cometido en agravio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco; asimismo, la responsable informó que el aquí quejoso promovió los diversos juicios de amparo 405/2013 y 2120/2015 tramitados ante este órgano jurisdiccional, de cuyas principales constancias se ordenó glosar copia certificada en la audiencia constitucional, a efecto de tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien, tanto de la demanda de amparo como de la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil trece, en el juicio de amparo 405/2013 del índice del Juzgado, se advierte que el aquí inconforme señaló como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia, al agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a los Agentes del Ministerio Público Uno y Dos Instructores de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Comandante de la Policía Ministerial, todos con domicilio en Villa de Cos, Zacatecas, al Juez Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, al Director de la Policía Ministerial del Estado y al Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones Uno, de dicha Dirección, de quienes reclamó los siguientes actos: "[.] A). DE LAS ORDENADORAS: Reclamo la ilegal Orden de Aprehensión que nuevamente y por segunda ocasión se ha girado en mi contra sin que el suscrito haya cometido delito alguno de los que reglamente el Código Penal vigente en nuestro Estado de Zacatecas y no he sido oído ni vencido en juicio. B) DE LAS EJECUTORAS: Reclamo la ejecución material del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras. [.]". Juicio de derechos que concluyó por sentencia de once de diciembre de dos mil trece, a través de la cual se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo solicitado, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer contra la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 10/2010, seguida contra el quejoso por el delito de homicidio simple intencional cometido en perjuicio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco, al no existir vulneración de derecho fundamental alguno en perjuicio de Omar Díaz Rodríguez ni advertirse queja deficiente que suplir; determinación que causó ejecutoria el treinta y uno del mes y año citados, al no haber sido impugnada por las partes. Por otra parte, de las constancias relativas al diverso juicio de amparo 2120/2015, se advierte que Omar Díaz Rodríguez señaló como autoridades responsables al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con domicilio en Villa de Cos, Director General de la Policía Ministerial y Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y Comandante de la Policía Ministerial en Villa de Cos, Zacatecas, de quienes reclamó la orden de aprehensión, detención, reaprehensión, presentación, comparecencia o citación, así como su ejecución material. Seguido que fue por sus cauces legales, se dictó sentencia el ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó en el juicio, toda vez que se consideró actualizada la figura de cosa juzgada, ya que en el diverso juicio de amparo 405/2013 del índice de este juzgado existía sentencia firme pronunciada sobre el mismo acto ahí reclamado; sentencia que causó ejecutoria el dieciséis de mayo del año en curso. La relación de constancias antes efectuada evidencia que los actos reclamados en este juicio de amparo y en los diversos 405/2013 y 2120/2015, del índice de éste órgano jurisdiccional, promovidos por Omar Díaz Rodríguez, son los mismos a saber, la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 10/2010, instruida en su contra por el delito de homicidio simple intencional, cometido en prejuicio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco. Además que las sentencias emitidas en los citados juicios de amparo causaron ejecutoria, la primera, el treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y, la segunda, el dieciséis de mayo del año en curso. Por tanto, se está en presencia de la figura jurídica de la cosa juzgada, al existir una sentencia firme emitida por este Juzgado Federal en el juicio de amparo 405/2013, que se pronunció sobre la legalidad del acto aquí reclamado; situación que no puede ser desconocida en este nuevo juicio. Ante tal escenario es jurídicamente inaceptable pretender la viabilidad de un nuevo amparo promovido por el propio inconforme contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, si previamente existió un diverso juicio biinstancial en el cual se negó la protección de la Justicia solicitada respecto de éstos, lo que obliga material y jurídicamente a este órgano jurisdiccional a respetar los efectos vinculatorios de aquella decisión judicial que ya no es susceptible de ser alterada por tratarse de la verdad legal. Por las razones expuestas se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos y las autoridades aludidas; motivo por el cual es imposible analizar los conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/58, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de 1993, página 57, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y con apoyo, además, en los diversos artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Omar Díaz Rodríguez respecto de los actos reclamados a la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con residencia en Villa de Cos, Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Victor Rosales, Director de la Policía Ministerial y Comandante del Grupo de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público Mixto, todos con sede en Villa de Cos, Zacatecas, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra en el proceso penal 10/2010 y su ejecución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy doce de diciembre de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE.
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SE NOTIFICA POR MEDOP DE LISTA A LA PARFTE QUEJOSA LA SENTENXIA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY D AMPARO. "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1051/2016-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, OMAR DÍAZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: COMO ORDENADORAS: 1. Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 2. Juez Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 3. Agente del Ministerio Público Número Uno Instructor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 4. Agente del Ministerio Público Número Dos Instructor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. 5. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Villa de Cos, Zacatecas. COMO EJECUTORAS: 1 Director de la Policía Ministerial del Estado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. 2. Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Villa de Cos, Zacatecas, adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. 3. Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones Uno, adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital. Actos reclamados: De las ordenadoras la orden de aprehensión y de las ejecutoras su ejecución material. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular mediante proveído de tres de octubre del año en curso, ordenó su admisión y registro con número de expediente 1051/2016-3; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó al tercero interesado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia, de lo Familiar de Calera de Victor Rosales, Zacatecas, y agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, consistentes en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Omar Díaz Rodríguez, en virtud de que las mencionadas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuyó, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa; además, porque no se ofreció medio de convicción alguno que acreditara lo contrario. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 284 localizable en la página 236, Tomo VI, Común, de la Sexta Época del Apéndice 2000, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a las indicadas autoridades y respecto del acto que se les atribuye de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por Omar Díaz Rodríguez al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, Agente del Ministerio Público Mixto, ambos de Villa de Cos, Zacatecas (denominación correcta de las autoridades que el quejoso señaló como Agentes del Ministerio Público Uno y Dos Instructores de la adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas), Director General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en Villa de Cos, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación admitieron la certeza de los actos que se les atribuyen. Lo que se corrobora con el duplicado del proceso penal 10/2010, en el cual obra glosada la orden de aprehensión de diecisiete de diciembre de dos mil doce librada contra el inconforme, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se trata de documentos públicos emitidos por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia consultable en la página 231 del Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, materia común, página 153, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo debe decirse del acto de ejecución que se atribuye al Comandante del Grupo de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya que si bien al rendir su respectivo informe con justificación lo negó, esas manifestaciones se encuentran desvirtuadas con el informe justificado rendido por la autoridad jurisdiccional ordenadora, quien aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, por lo que es inconcuso que aquél tiene obligación de cumplimentarla. Por identidad se invoca la tesis visible en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Part-1, Enero-Junio de 1989, materia común, de la Octava Época de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Causas de improcedencia. Precisado lo anterior se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que la orden de aprehensión aquí reclamada ya fue materia de análisis de una ejecutoria de amparo anterior. Para demostrarlo es necesario traer a colación el precepto 61, fracción XI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Por su parte, la diversa fracción a que alude el mencionado normativo estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la interpretación sistemática de los segmentos normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: Que se trate del mismo quejoso; Contra las mismas autoridades responsables; y, Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, para que opere la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo debe tratarse de los mismos actos, mismas autoridades y mismo quejoso aunque las violaciones constitucionales sean diversas; además, se refiere a juicios concluidos, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es decir, de dicho numeral se desprende que la figura jurídica de la cosa juzgada hace improcedente el juicio de amparo, cuando éste tiene el mismo objeto que otro donde ya se estudiaron y resolvieron los mismos actos reclamados, por lo que se evita que con ello recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que de acuerdo a esta naturaleza sería ilógico otorgar la oportunidad de tramitar tantos juicios se estimaran necesarios respecto a los mismos actos, por lo que si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, dado que ello abriría la posibilidad de que se dictaran sentencias contradictorias o la proliferación excesiva de juicios de amparo y que la cosa juzgada fuera obsoleta. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 28 que informa: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDENTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Expuesto lo anterior, es necesario precisar que la autoridad responsable Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con domicilio en Villa de Cos, al rendir su informe con justificación anexó el duplicado de la causa penal 10/2010, de donde se advierte que el diecisiete de diciembre de dos mil doce, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por el delito de homicidio simple intencional cometido en agravio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco; asimismo, la responsable informó que el aquí quejoso promovió los diversos juicios de amparo 405/2013 y 2120/2015 tramitados ante este órgano jurisdiccional, de cuyas principales constancias se ordenó glosar copia certificada en la audiencia constitucional, a efecto de tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien, tanto de la demanda de amparo como de la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil trece, en el juicio de amparo 405/2013 del índice del Juzgado, se advierte que el aquí inconforme señaló como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia, al agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a los Agentes del Ministerio Público Uno y Dos Instructores de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Comandante de la Policía Ministerial, todos con domicilio en Villa de Cos, Zacatecas, al Juez Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, al Director de la Policía Ministerial del Estado y al Comandante de la Policía Ministerial del Grupo de Aprehensiones Uno, de dicha Dirección, de quienes reclamó los siguientes actos: "[.] A). DE LAS ORDENADORAS: Reclamo la ilegal Orden de Aprehensión que nuevamente y por segunda ocasión se ha girado en mi contra sin que el suscrito haya cometido delito alguno de los que reglamente el Código Penal vigente en nuestro Estado de Zacatecas y no he sido oído ni vencido en juicio. B) DE LAS EJECUTORAS: Reclamo la ejecución material del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras. [.]". Juicio de derechos que concluyó por sentencia de once de diciembre de dos mil trece, a través de la cual se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo solicitado, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer contra la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 10/2010, seguida contra el quejoso por el delito de homicidio simple intencional cometido en perjuicio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco, al no existir vulneración de derecho fundamental alguno en perjuicio de Omar Díaz Rodríguez ni advertirse queja deficiente que suplir; determinación que causó ejecutoria el treinta y uno del mes y año citados, al no haber sido impugnada por las partes. Por otra parte, de las constancias relativas al diverso juicio de amparo 2120/2015, se advierte que Omar Díaz Rodríguez señaló como autoridades responsables al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con domicilio en Villa de Cos, Director General de la Policía Ministerial y Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y Comandante de la Policía Ministerial en Villa de Cos, Zacatecas, de quienes reclamó la orden de aprehensión, detención, reaprehensión, presentación, comparecencia o citación, así como su ejecución material. Seguido que fue por sus cauces legales, se dictó sentencia el ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó en el juicio, toda vez que se consideró actualizada la figura de cosa juzgada, ya que en el diverso juicio de amparo 405/2013 del índice de este juzgado existía sentencia firme pronunciada sobre el mismo acto ahí reclamado; sentencia que causó ejecutoria el dieciséis de mayo del año en curso. La relación de constancias antes efectuada evidencia que los actos reclamados en este juicio de amparo y en los diversos 405/2013 y 2120/2015, del índice de éste órgano jurisdiccional, promovidos por Omar Díaz Rodríguez, son los mismos a saber, la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 10/2010, instruida en su contra por el delito de homicidio simple intencional, cometido en prejuicio de Eduardo Alejandro Salazar Orozco. Además que las sentencias emitidas en los citados juicios de amparo causaron ejecutoria, la primera, el treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y, la segunda, el dieciséis de mayo del año en curso. Por tanto, se está en presencia de la figura jurídica de la cosa juzgada, al existir una sentencia firme emitida por este Juzgado Federal en el juicio de amparo 405/2013, que se pronunció sobre la legalidad del acto aquí reclamado; situación que no puede ser desconocida en este nuevo juicio. Ante tal escenario es jurídicamente inaceptable pretender la viabilidad de un nuevo amparo promovido por el propio inconforme contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, si previamente existió un diverso juicio biinstancial en el cual se negó la protección de la Justicia solicitada respecto de éstos, lo que obliga material y jurídicamente a este órgano jurisdiccional a respetar los efectos vinculatorios de aquella decisión judicial que ya no es susceptible de ser alterada por tratarse de la verdad legal. Por las razones expuestas se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos y las autoridades aludidas; motivo por el cual es imposible analizar los conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/58, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de 1993, página 57, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y con apoyo, además, en los diversos artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Omar Díaz Rodríguez respecto de los actos reclamados a la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con residencia en Villa de Cos, Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Victor Rosales, Director de la Policía Ministerial y Comandante del Grupo de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Calera, Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público Mixto, todos con sede en Villa de Cos, Zacatecas, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra en el proceso penal 10/2010 y su ejecución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy doce de diciembre de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE.
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