Omar de Jesús Herrera Faustino
Expediente 549/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Omar de Jesús Herrera Faustino
Actuaciones
- Principal
MESA III. Ha causado estado el auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se ordena remitir al archivo el amparo.
- Principal
MESA. III. Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por *****, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 18 Constitucional, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 549/2021-III-B. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone:****** En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los actos y autoridades reclamados por el quejoso Omar de Jesús Herrera Faustino, son: "La orden de Traslado que realizaron de mi persona, el día 29 de junio de 2021, del reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México y me trasladaron al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México y/o Penitenciaría de Santa Martha."** La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: *** En ese orden, el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Asimismo, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la queja 46/2020, de igual manera determinó que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Asimismo, determinó que el recurso previo al juicio constitucional, es decir, la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido, en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata.****
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