Omar David Merino Loreto
Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Omar David Merino Loreto
- Sandra Colín Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
MESA IV.- SE NOTIFICA A LA DEFENSORA PÚBLICA ADRIANA GARCÍA GARCÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se declara que queda firme el acuerdo de veintisiete de abril pasado.
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MESA IV. Se declara que queda firme el acuerdo de veintisiete de abril pasado.
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MESA IV Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de once de abril de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, sin que hayan ejercido ese derecho; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable llevara a cabo lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el cuaderno incidental de la causa ***, que desechó por improcedentes las peticiones realizadas por el impetrante de amparo. 2. Dictara una nueva determinación en la que tomando en consideración lo resuelto en el fallo, reiterara todo lo que no fue materia de concesión del amparo y protección de la Justicia Federal y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronunciara sobre la solicitud de prescribir la sanción pecuniaria impuesta a *** en sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Hecho lo anterior, notificara al sentenciado la determinación que emitiera. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto atribuido al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Consecuentemente, en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. En vista de ello, mediante oficios recibidos en este juzgado el veintinueve de marzo y cinco de abril del año en curso, el Director de la Penitenciaría y la Juez Vigésimo Sexto Penal ambos de la Ciudad de México, informaron el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, la citada juzgadora remitió diversas copias certificadas. Ahora, del examen de las documentales que acompañó la autoridad judicial responsable, las cuales de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que el órgano jurisdiccional responsable llevó a cabo lo siguiente: En resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la determinación de treinta de octubre de dos mil veintidós. En esa misma resolución reiteró los aspectos que quedaron intocados en la ejecutoria de amparo y, con libertad de jurisdicción, declaró prescrita la multa impuesta al sentenciado ***. Ordenó la notificación vía electrónica. En ese orden, la autoridad penitenciaria informó que estaría en espera de lo que ordenara el juez, dado que en cuanto a ella se hicieron extensivos los efectos de concesión, respecto a la notificación de la nueva determinación; asimismo, se advierte que en la diligencia de diecinueve de abril del año en curso, el quejoso recibió copia de las constancias enviadas por el juzgador responsable. En las relatadas circunstancias, se concluye que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el artículo 202 del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA IV. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de once de abril de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, sin que hayan ejercido ese derecho; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable llevara a cabo lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el cuaderno incidental de la causa ***, que desechó por improcedentes las peticiones realizadas por el impetrante de amparo. 2. Dictara una nueva determinación en la que tomando en consideración lo resuelto en el fallo, reiterara todo lo que no fue materia de concesión del amparo y protección de la Justicia Federal y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronunciara sobre la solicitud de prescribir la sanción pecuniaria impuesta a *** en sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Hecho lo anterior, notificara al sentenciado la determinación que emitiera. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto atribuido al Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Consecuentemente, en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. En vista de ello, mediante oficios recibidos en este juzgado el veintinueve de marzo y cinco de abril del año en curso, el Director de la Penitenciaría y la Juez Vigésimo Sexto Penal ambos de la Ciudad de México, informaron el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, la citada juzgadora remitió diversas copias certificadas. Ahora, del examen de las documentales que acompañó la autoridad judicial responsable, las cuales de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que el órgano jurisdiccional responsable llevó a cabo lo siguiente: En resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la determinación de treinta de octubre de dos mil veintidós. En esa misma resolución reiteró los aspectos que quedaron intocados en la ejecutoria de amparo y, con libertad de jurisdicción, declaró prescrita la multa impuesta al sentenciado ***. Ordenó la notificación vía electrónica. En ese orden, la autoridad penitenciaria informó que estaría en espera de lo que ordenara el juez, dado que en cuanto a ella se hicieron extensivos los efectos de concesión, respecto a la notificación de la nueva determinación; asimismo, se advierte que en la diligencia de diecinueve de abril del año en curso, el quejoso recibió copia de las constancias enviadas por el juzgador responsable. En las relatadas circunstancias, se concluye que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el artículo 202 del referido ordenamiento legal.
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