Omar Armando Ruiz Ayala
Expediente 608/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Armando Ruiz Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Asesor jurídico federal solicita información. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, Santiago Orozco Valencia, mediante el cual solicita se le indique si el auto de catorce de febrero del año en curso, en el que se acordó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, fue debidamente notificado a las partes. Atento a lo anterior, dígasele que dicho proveído por contener la determinación donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, se ordenó notificar personalmente a las partes en los domicilios señalados en autos, circunstancia que en la especie ya aconteció; en consecuencia, toda vez que el ocursante es parte formal en el presente asunto, se encuentra en aptitud de imponerse de los autos y corroborar la información que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, y únicamente lo realizó el representante especial de los menores, a través de su escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a OMAR ARMANDO RUIZ AYALA, para efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada lo relativo a las necesidades alimentarias de los menores acreedores incluso valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro que conformen los alimentos para resolver lo que en derecho proceda." Trámites para cumplir con el fallo protector Así, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, allegó copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, dictado en el juicio ordinario oral familiar número 356/2017, a través de la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente la determinación de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; 2) Reiteró las consideración que no fueron materia de la concesión del amparo; y, 3) En la materia medular, analizó las necesidades alimentarias de los menores acreedores, valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro; luego, señaló que en asuntos como el de origen, el principio de interés superior del menor no puede ser visto de manera aislada o independiente, sino que debe ser vinculado al de proporcionalidad alimentaria y solidaridad familiar, ya que quedó demostrado que el deudor y aquí quejoso, también se encuentra obligado a otorgar alimentos a su diverso menor hijo, quien tampoco está en condiciones de proveerse así mismo de los recursos necesarios para su subsistencia; considerando además que, en el caso particular son dos obligados alimentistas, esto es, Omar Armando Ruíz Ayala y la señora Enna Paloma Ayala Sierra, ya que ambos cuentan con la posibilidad económica para atender las necesidades de sus menores hijos. Por tanto, determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores y a cargo de su progenitor, la cantidad equivalente al 42% cuarenta y dos por ciento del total de las percepciones monetarias ordinarias, extraordinarias, adicionales y de cualquier otra índole, excepto los descuentos de ley, que le son cubiertas a Omar Armando Ruíz Ayala, en cuanto empleado de la Secretaría de Educación en el Estado. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo en el juicio ordinario familiar número 356/2017, por virtud del cual, dejó insubsistente la determinación de veintiocho de junio de ese mismo año; y, en su lugar, procedió a emitir otra, en la que analizó las necesidades alimentarias de los menores acreedores, valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro, considerando además la existencia de un diverso menor acreedor alimentario del aquí quejoso y con base en ello determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores y a cargo de su progenitor, la cantidad equivalente al 42% cuarenta y dos por ciento del total de las percepciones monetarias ordinarias, extraordinarias, adicionales y de cualquier otra índole, excepto los descuentos de ley, que le son cubiertas a Omar Armando Ruíz Ayala. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del representante especial del menor Por otra parte, en torno al escrito presentado por la representante especial del menor, en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, solicita que se tome en cuenta el interés superior del menor y se aplique la suplencia de la queja, para luego transcribir diversos criterios jurisprudenciales que estima aplicables. Sin embargo, es conveniente señalar que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar la resolución dictada por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original del mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, y únicamente lo realizó el representante especial de los menores, a través de su escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a OMAR ARMANDO RUIZ AYALA, para efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada lo relativo a las necesidades alimentarias de los menores acreedores incluso valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro que conformen los alimentos para resolver lo que en derecho proceda." Trámites para cumplir con el fallo protector Así, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, allegó copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, dictado en el juicio ordinario oral familiar número 356/2017, a través de la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente la determinación de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; 2) Reiteró las consideración que no fueron materia de la concesión del amparo; y, 3) En la materia medular, analizó las necesidades alimentarias de los menores acreedores, valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro; luego, señaló que en asuntos como el de origen, el principio de interés superior del menor no puede ser visto de manera aislada o independiente, sino que debe ser vinculado al de proporcionalidad alimentaria y solidaridad familiar, ya que quedó demostrado que el deudor y aquí quejoso, también se encuentra obligado a otorgar alimentos a su diverso menor hijo, quien tampoco está en condiciones de proveerse así mismo de los recursos necesarios para su subsistencia; considerando además que, en el caso particular son dos obligados alimentistas, esto es, Omar Armando Ruíz Ayala y la señora Enna Paloma Ayala Sierra, ya que ambos cuentan con la posibilidad económica para atender las necesidades de sus menores hijos. Por tanto, determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores y a cargo de su progenitor, la cantidad equivalente al 42% cuarenta y dos por ciento del total de las percepciones monetarias ordinarias, extraordinarias, adicionales y de cualquier otra índole, excepto los descuentos de ley, que le son cubiertas a Omar Armando Ruíz Ayala, en cuanto empleado de la Secretaría de Educación en el Estado. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo en el juicio ordinario familiar número 356/2017, por virtud del cual, dejó insubsistente la determinación de veintiocho de junio de ese mismo año; y, en su lugar, procedió a emitir otra, en la que analizó las necesidades alimentarias de los menores acreedores, valorando las pruebas correspondientes que integran el juicio de origen y señalando las cantidades aproximadas que se requieran por cada rubro, considerando además la existencia de un diverso menor acreedor alimentario del aquí quejoso y con base en ello determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores y a cargo de su progenitor, la cantidad equivalente al 42% cuarenta y dos por ciento del total de las percepciones monetarias ordinarias, extraordinarias, adicionales y de cualquier otra índole, excepto los descuentos de ley, que le son cubiertas a Omar Armando Ruíz Ayala. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del representante especial del menor Por otra parte, en torno al escrito presentado por la representante especial del menor, en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, solicita que se tome en cuenta el interés superior del menor y se aplique la suplencia de la queja, para luego transcribir diversos criterios jurisprudenciales que estima aplicables. Sin embargo, es conveniente señalar que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar la resolución dictada por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el original del mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de trece de diciembre de este año, dictada en el juicio ordinario oral familiar número 356/2017. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, tercero interesada y representante especial de los menores, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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