Omar Alejandro Paez Chavez

Expediente 1287/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1287/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Omar Alejandro Paez Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA IV-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA IV-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y la interlocutoria donde se concedió la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1287/2021, promovido por ***, quien se ostenta como apoderado de ***, contra el acto de la autoridad que se mencionara más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, ***, quien se ostenta como apoderado de ***, considera que el Juez de Control con sede en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, vulneró las garantías individuales de su "representado", debido a que en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 25/2021, tuvo por no acreditada la personalidad de apoderado de ***; circunstancia que constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, quien se ostenta como apoderado de *** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al que correspondió por razón de turno. En proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo origen de este asunto, registrada con el número 1287/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; además que se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido en un cuaderno de antecedentes del índice del Juzgado de Control con sede en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al Juez de Control con sede en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, es la determinación tomada en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 25/2021, donde tuvo por no acreditada la personalidad de***, como apoderado de ***. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado el Juez de Control del circuito judicial de la Mixteca, con sede Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Como se advierte de las constancias y el disco audiovisual que exhibió la responsable como apoyo a su informe justificado, agregadas a los autos por acuerdos de trece de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto reclamado. OPORTUNIDAD La conducta inconstitucional que la parte quejosa reprocha a la responsable, le fue notificada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que se realizó la diligencia donde se determinó el acto que ahora se reclama. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del miércoles diez de noviembre al miércoles uno de diciembre de dos mil veintiuno. Al haberse presentado la demanda el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, su presentación es oportuna. VII. LEGITIMACIÓN Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. En el caso, la persona promovente del amparo es ***, quien actúa como apoderado de ***; sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que el accionante de la instancia en que nos encontramos carece de legitimación. Lo anterior, debido a que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, fórmula que utiliza la palabra siempre para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Este mismo precepto señala que [t]ratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora bien, de conformidad con los artículos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, la parte quejosa puede solicitar la protección constitucional, por sí o a través de su representante legal o por su apoderado y, en materia penal, por conducto de su defensor, tal como se advierte en la siguiente transcripción: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En el caso que nos ocupa, *** no aduce ser titular de un derecho subjetivo afectado, sino tener el carácter de apoderado legal del directo agraviado. Esto, en razón de que en la demanda de amparo, el promovente afirma la violación del derecho ejercitado en el cuaderno de antecedentes 25/2021, del índice del Juzgado de Control con sede en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, que corresponde exclusivamente a la parte ofendida, que en el caso resulta ser ***; mientras que, de las constancias de autos se conoce que a *** solo se le otorgaron facultades relativas a lograr el cobro de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, 00/100, moneda nacional), aparentemente adeudados por una persona de nombre Blanca Salgado Vargas. Ello es así, pues la carta poder ratificada ante la Notaria Pública de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, que se anexa al escrito de demanda inicial, a la letra dice: CARTA PODER FECHA: Octubre 15 - 2019 A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E Por este medio, el suscrito ***, otorgo al Licenciado en derecho ***, poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites necesarios y acciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, para efecto de cobrar la cantidad de $100,000.00, que me adeuda la C. ***, así mismo autorizo a la persona antes mencionada a efecto de recibir por cualquier medio legal la cantidad de dinero antes descrita y a realizar todos los actos que la obtención del dinero antes mencionado conlleve. Así mismo para que conteste las demandas y recomendaciones que se entablan en mi contra o ponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargo que contra mi se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y acuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular (SIC). De la anterior transcripción se establece que la persona que se ostenta como apoderado, únicamente ésta facultada para realizar todas los actos necesarios, tendentes a obtener el pago por la cantidad antes descrita, que aparentemente adeuda la persona de nombre ***, dado que la carta poder exhibida si bien puede considerarse como un documento público que contiene un mandato, lo cierto es que debe analizarse en su integridad, concatenando el segundo párrafo con el primero. Sin que en el caso, se estime procedente equiparar esa documental a un mandato judicial especial que abarque la posibilidad de plantear cualquier instancia judicial en términos del Código Civil Federal, dado que al no contar con lugar de suscripción, es dable presumir que la "carta poder" exhibida para acreditar la legitimación procesal del promovente, fue suscrita en el lugar en el que fue presentado ante la fedataria pública, esto es, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América y por ello, bajo la legislación estadounidense (al no contener expresamente fundamento alguno). Por tanto, correspondía al promovente acreditar el alcance del mandato extranjero que exhibe, de conformidad con la legislación del país de su sucripción; ello, porque a pesar de otorgarle valor probatorio pleno dado su carácter de documental pública, resulta en este caso insuficiente para tener por satisfecha su legitimación procesal. Sirve de apoyo a esta postura, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. TIENEN ESE VALOR LAS CERTIFICACIONES OFICIALES PUESTAS SOBRE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO Y QUE CUENTAN CON LA "APOSTILLA", DE ACUERDO CON LA CONVENCIÓN POR LA QUE SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. En lo que se refiere a las pruebas documentales provenientes del extranjero, como lo son las certificaciones puestas sobre documentos privados por notarios públicos (en que se contienen menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de fechas y autenticaciones de firmas), y que además se encuentran avaladas con la correspondiente "apostilla", es oportuno mencionar que la valoración que debe otorgarse a esos medios es la de pruebas documentales públicas, dada la jerarquía de que están revestidos los tratados internacionales en relación con la legislación secundaria, así como lo referente a la observancia que debe tenerse de los aludidos tratados, para catalogar así a las pruebas de que se habla (dotadas por la norma procesal aplicable, con pleno valor convictivo), pues al efecto el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 543 y 546, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, previenen la comentada jerarquización, cuya existencia toma sustento en la cooperación procesal internacional en la que México participa, máxime que en lo referente a la naturaleza de las pruebas documentales, debe tomarse en cuenta que por provenir del extranjero cuentan con la correspondiente formalidad (apostilla) a que se refieren los artículos 3, primer párrafo y 4, ambos de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, concluida en la ciudad de La Haya el día cinco de octubre de mil novecientos sesenta y uno, dado que la aplicación de la mencionada convención, según el texto del numeral 1, inciso d), de la misma, recae sobre los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante, considerándose como documentos públicos en el sentido de la aludida convención, entre otros, precisamente a las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como las menciones de registro, las comprobaciones sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones de firmas. Motivo por el cual, en el presente asunto debía acreditar con documento idóneo que se encuentra facultado para promover la presente instancia en nombre de ***; pues, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo,***, no se encuentra acreditado como apoderado o defensor de *** en el cuaderno de antecedentes origen de este asunto, mucho menos acreditó dicha circunstancia. Destacando que la acreditación de la legitimación debe estar vinculada directamente con el bien que se dice afectado y con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo. De modo que la Constitución Federal y la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien podrá acudir por sí mismo o a través de su representante, apoderado legal e incluso, en materia penal, a través de su defensor, lo que en el caso, no acontece. VIII. DECISIÓN En consecuencia, al no encontrarse legitimado el accionante del juicio de amparo para promover esta instancia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la misma ley, en relación con el artículo 107, fracción I, constitucional, así como en los diversos 5º fracción I y 6º de la citada ley de la materia, se sobresee en el juicio. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, quien se ostentó como apoderado de ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable por las razones referidas en apartado VII de esta resolución. NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Juez de Control del circuito judicial de la Mixteca, con sede Huajuapan de León, Oaxaca y téngase como prueba de su parte, las documentales que aporta, así como el disco audiovisual que acompaña; con lo anterior, dése vista a las partes. Sin que en el caso se estime necesario señalar fecha y hora para audiencia de reproducción del referido disco porque le reviste el carácter de documental, por lo que se desahoga por su propia y especial naturaleza; el cual quedará en resguardo anexo a este expediente y estará a disposición de las partes para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia bajo el rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. NOTIFÍQUESE.

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