Olivia Núñez Hernández

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Olivia Núñez Hernández
  • Aquiles Fausto Mendoza García, Juez Mixto de Primera Instancia de Putla de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente se advierte que bajo el resguardo de esta secretaría se encuentra un tomo de pruebas remitido por la juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca, recibido durante la tramitación del presente juicio de amparo; sin embargo, toda vez que éste se encuentra totalmente concluido, devuélvasele dichas constancias por resultar innecesarias que se conserven en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 343/2021, promovido por Olivia Núñez Hernández, por propio derecho, en contra de actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca. I. ANTECEDENTES 1. De los medios de convicción que se hicieron llegar al sumario de amparo se advierte que ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca, se tramita el juicio sucesorio testamentario 133/2016 a bienes del extinto Domingo López Prado.2. Dicho asunto se respaldó en el testamento público abierto, relativo al instrumento quince mil doscientos treinta y seis, volumen doscientos cincuenta y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público número ochenta y dos, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca.3. La masa hereditaria la integran entre otros bienes, el inmueble ubicado en calle Guerrero, número 13, colonia la Cienega, en Putla de Guerrero, Oaxaca. 4. Cabe precisar que Abigail Hernández Caballero (esposa del finado) se ostenta en el referido juicio como coheredera. 5. Por resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el juez de origen procedió a la apertura de la sucesión testamentaria y declaró procedente aprobar en todas y cada una de sus partes el testamento en cuestión y reconocer como herederos a las persona ahí citadas.6. Por auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se requirió a Abigail Hernández Caballero, para que ponga a la vista y en posesión de los bienes muebles heredados a la albacea Susana López Pérez, así para que desocupe el inmueble que actualmente habita ubicado en calle Guerrero, número 13, colonia la Cienega, en Putla de Guerrero, Oaxaca. 7. Es hasta el seis de abril de dos mil veintiuno, que se logró realizar la diligencia de entrega material y formal de manera forzosa del inmueble en cuestión, por parte de Abigail Hernández Caballero, a favor de Zenaida López Prado, en su carácter de albacea sustituta. 8. El siete de abril siguiente, comparece a sede constitucional Olivia Núñez Hernández, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de una supuesta orden de lanzamiento del inmueble ubicado en calle Guerrero, número 13, colonia la Cienega, en Putla de Guerrero, Oaxaca, quien a su decir tiene en arrendamiento.9. Refiere que es una persona tercera extraña al juicio familiar 133/2016 y que no fue emplazada. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 10. Olivia Núñez Hernández, presentó un escrito el siete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará.11. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.12. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual se registró bajo el consecutivo 343/2021; en acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 13. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 15. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.16. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.17. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 18. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca, lo siguiente: i) La orden de entrega y desocupación del inmueble ubicado en calle Guerrero, número 13, colonia la Cienega, en Putla de Guerrero, Oaxaca; y, I) La falta de emplazamiento al juicio sucesorio testamentario 133/2016. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO 19. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca, aceptó la existencia del juicio familiar de origen; empero, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya se había hecho entrega formal del inmueble controvertido. Además que la promovente de amparo, no es parte del juicio sucesorio testamentario. 20. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de las actuaciones reclamadas. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". 21. Lo que se corroboró con copia certificada del juicio sucesorio testamentario 133/2016 del índice del juzgador responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia del juicio de origen. 22. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 23. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". 24. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. 25. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." 26. En el caso, de oficio, se advierte que contra los actos reclamados que controvierte la quejosa Olivia Núñez Hernández, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". 27. Con relación al precepto invocado conviene señalar, también, lo que dispone el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. (.).". 28. Del análisis de los preceptos transcritos tenemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos; sin embargo, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con el acto del que se duele. 29. De ahí que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que el quejoso funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama, esto es, requiere que demuestre la afectación a su interés jurídico, lo cual debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. 30. Para sostener lo anterior es necesario mencionar que el presupuesto jurídico que contiene el primero de los preceptos invocados -interés jurídico-, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, toda vez que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que tengan diverso carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. 31. Así, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio constitucional a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía, o II. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. 32. La causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. 33. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". 34. Luego, para que se pueda determinar que el acto o la ley reclamados causan un perjuicio o afectación en la esfera de derechos de los gobernados, deben afectar real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. 35. Por otra parte, un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona o patrimonio y es sólo hasta ese momento, que nace la facultad de reclamar la violación a sus garantías constitucionales en el juicio de amparo, en la inteligencia que tal menoscabo debe probarse fehacientemente. 36. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. 37. Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 38. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.A.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2606, en el Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano ue incorpora pretensiones jurídicas subjetivas.". 39. Así, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, la persona que lo instaure debe acreditar fehacientemente, ser titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. 40. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Olivia Núñez Hernández, por su propio derecho, reclama del juez del ramo familiar responsable, el desalojo del inmueble ya citado, así como la falta de emplazamiento al juicio sucesorio testamentario 133/2016; acto que refiere, afecta los derechos fundamentales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 41. Así, se advierte que la parte impetrante del amparo acudió al presente juicio constitucional ostentando el carácter de tercero extraño a juicio, pues adujo que el procedimiento de origen se siguió sin haberla llamado a defender sus derechos, ya que cuenta con un contrato de arrendamiento del inmueble en cuestión con Abigail Hernández Caballero, quien tiene el carácter de coheredera en el referido asunto. 42. No obstante, conforme al artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, entendidas éstas, como aquellas que no figuran como parte en sentido material en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. 43. Lo anterior, acorde al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente:"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente."44. Ahora, en términos de lo dispuesto en los artículos 758, 759 y 764 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en los juicios sucesorios se formarán cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos; en tratándose de un sucesorio testamentario o de testamentaría, por existir el testamento del difunto, sin mayor trámite, se tendrá por radicado el juicio y en el mismo auto se convocará a los interesados a una junta, para que si hubiere albacea nombrado en el testamento, se les dé a conocer, y si no lo hubiere, procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en el código civil. 45. En ese tenor, se estima que los actos de la autoridad responsable que reclama la parte quejosa, afecta la esfera jurídica de quien fue señalado como heredero de los bienes del difunto, dentro del juicio sucesorio testamentario de origen; y en ese sentido, a la luz de los argumentos expuestos en la demanda de amparo, para tener a la impetrante del amparo con ese carácter, resulta necesario que en el juicio sucesorio testamentario 133/2016, debiendo tener intervención en él -por ser presunto heredero designado por la extinto Domingo López Prado-, no haya sido llamada a dicho juicio para defender sus derechos a la herencia. 46. Lo anterior, porque al radicar una sucesión, el juez deberá ordenar la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, para que justifiquen sus derechos a la herencia y, a petición de algún interesado, dictar el auto de declaración de herederos. 47. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONFIRMA EL AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4.28 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda sucesión se integra de cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos. Asimismo, de conformidad con lo establecido por los diversos artículos 4.29, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46 del citado ordenamiento, el juzgador al radicar la sucesión ordenará la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, concediéndoles un término de treinta días para que justifiquen sus derechos a la herencia y, una vez transcurrido dicho plazo, a petición de algún interesado dictará el auto de declaración de herederos. Asimismo, en dicho auto se citará a una junta de herederos para que designen albacea. De todo lo anterior se sigue que tratándose de la primera sección de un sucesorio intestamentario, ésta concluye con el auto declarativo de herederos, que resulta apelable sin efecto suspensivo, pues en dicha resolución el juzgador se pronuncia respecto a los derechos hereditarios de aquellos que se apersonaran al procedimiento sucesorio; de ahí que la resolución de alzada que resuelva en definitiva sobre lo decidido en el auto declarativo de herederos constituye una resolución impugnable por vía de amparo indirecto, en virtud de que es un acto que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiere firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él." 48. Conforme a lo anterior, debe considerarse que la parte quejosa debe acreditar la titularidad del derecho que exige en el presente juicio de amparo, esto es, debe demostrar fehacientemente la afectación alegada a su interés jurídico; es decir, que siendo designada por el de cujus como heredera de sus bienes, el procedimiento sucesorio testamentario se siguió sin ser llamada al mismo, supuesto que no acontece. 49. Lo anterior, porque en el procedimiento de la testamentaría, solo intervendrán como partes las personas con el carácter de herederos. 50. Luego, de las constancias que integran el expediente 133/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla, Oaxaca, no se advierte como heredera a la aquí quejosa. 51. Por tanto, al anteponerse la documental señalada en el párrafo anterior, no se crea la convicción para quien resuelve, de que Olivia Núñez Hernández, resintió algún perjuicio en sus derechos, con las actuaciones realizadas en el juicio de origen; de ahí, que se determine que la parte impetrante del amparo carece de interés jurídico para combatir la falta de emplazamiento al juicio sucesorio testamentario 133/2016. 52. Lo anterior es así, ya que para acreditar el interés jurídico para promover el juicio de amparo respecto a la falta de llamamiento al juicio sucesorio testamentario y cualquier determinación ahí decretada, ineludiblemente debe acompañar los documentos que justifiquen la existencia del testamento donde se le hubiere conferido el carácter de heredero, y el fallecimiento del testador, lo anterior para que pueda ser llamada a ese juicio como lo pretende la parte quejosa. 53. Respecto al requerimiento de poner en posesión el inmueble en controversia a favor de Zenaida López Prado, en su carácter de albacea sustituta, de igual forma, no acredita afectación alguna, ya que no demostró contar con algún derecho sobre el predio ubicado en calle Guerrero, número 13, colonia la Cienega, en Putla de Guerrero, Oaxaca. 54. La parte promovente exhibió las documentales siguientes: a) Contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil veinte, celebrado entre la aquí quejosa (arrendatario) y Abigail Hernández Caballero (arrendador), respeto del ya citado inmueble. b) Atestado de matrimonio de los contrayentes Abigail Hernández Caballero y el finado Domingo López Prado. c) Certificado de propiedad expedido por el encargado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, a favor del finado Domingo López Prado, relativo al inmueble en controversia. d) Copia simple del contrato de compraventa del referido inmueble. 55. Bien, respecto a la documental marcada en el inciso a), al ser un contrato de fecha incierta, es insuficiente para acreditar algún derecho posesorio del inmueble de referencia y por ende, carece de interés jurídico en esta instancia constitucional, para controvertir la diligencia de entrega material del inmueble multicitado. 56. Lo antes expuesto es acorde a los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." 57. Respecto de los diversas documentales, aún valoradas en amplio arbitrio de este juzgado, únicamente demuestra lo que en ellas se describe, no así algún derecho de posesión que tenga la promovente del amparo respecto del inmueble multicitado. 58. Se reitera, el juicio de amparo tiene por objeto, restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera la violación y; en el caso, no se evidenció el acto de autoridad transgresor de los derechos de la peticionaria de amparo. 59. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la solicitante del amparo no demostró con prueba idónea y eficaz el derecho reclamado, de lo que se obtiene que tampoco la afectación de derechos sustantivos en su perjuicio que la legitime a promover el juicio de amparo. 60. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. 61. Y la diversa sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". 62. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. VII. DECISIÓN 63. Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. 64. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Olivia Núñez Hernández, por propio derecho, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintidós. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra facultado para resolver en definitiva este juicio de amparo. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

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