Olvin Gonzalo López Argueta

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Olvin Gonzalo López Argueta
  • Titular, Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua
  • Olvin Gonzalo López Argueta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Por otra parte, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado en la misma fecha Alan Daniel Fernández Oquedo, en representación de Olvin Gonzalo López Argueta, Alex Fernando Díaz Pérez y Ramiro Antonio Martínez Barrios, los dos primeros de nacionalidad hondureña y el tercero nicaragüense, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria, Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria y Titular, Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a quienes reclamó: "...IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA 1.- De las autoridades señaladas como responsables, les reclamo la ilegal e inconstitucional TENERLOS COMO ASEGURADOS, PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLES SU LIBERTAD DE TRANSITO POR EL PAIS, según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2.- Se reclama la violación a la Ley de Refugiados, por parte de las autoridades señaladas como responsables, por su omisión al NEGARLES EL DERECHO DE PETICION A LOS HOY QUEJOSOS PARA REGISTRARSE COMO REFUGIADOS ANTE LA COMAR, con el fin de regularizar su estancia en territorio mexicano y/o negativa de la autoridad ante nuestra solicitud para iniciar el trámite ante LA COMAR, para ser considerados como REFUGIADOS dentro de territorio mexicano, pues están huyendo de su país al negarse a pertenecer a las pandillas que están aliadas con el narcotráfico y es conocido que el que si se niegan a pertenecer a esas organizaciones criminales es perder la vida. 3.- De las autoridades señaladas como responsables se reclama la EMINENTE ORDEN DE DEPORTACIÓN del hoy quejosos existe el TEMOR FUNDADO DE SER DEPORTADOS EN CUALQUIER MOMENTO A SUS PAISES DE ORIGEN, HONDURAS Y NICARAGUA, lo cual les causaría un agravio a sus personas de difícil reparación, pues el haber salido de su natal país fue ante el temor de perder la vida a manos del crimen organizado o pandillas coludidas con el narcotráfico." SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y norma de índole legal. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de trece septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de referencia; se registró bajo el expediente 703/2021-III-B; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: Tenerlos asegurados, privados de la libertad, negarles el derecho de petición para registrarse como refugiadas ante la COMAR y la orden de deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, respecto a los quejosos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, y en representación del Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, refiere que el seis de septiembre del dos mil veintiuno al quejoso Alex Fernando Díaz Pérez se le otorgó resolución de retorno asistido. Razón por la cual se tienen por ciertos, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En apoyo a su informe las autoridades, enviaron copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda administrativa y de la que deriva el evento controvertido de inconstitucional, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a las constancias que remitió la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto, Encargada de Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Ascensión, Chihuahua, anexas a su oficio de cuenta, se advierte que obra constancia de notificación realizada por la Secretaria Proyectista en Funciones de Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, mediante la cual el quejoso Alex Fernando Díaz Pérez, ratifica el escrito de desistimiento presentado ante este juzgado y del quedó notificado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En tal sentido, se tiene al quejoso de referencia, ratificando el escrito presentado mediante el cual se desistió lisa y llanamente del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En consecuencia, el suscrito Juez Federal, ordena sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto al quejoso de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Tomo: XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que con el texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como une de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." SEXTO. Son infundados los conceptos de violación, respecto a los quejosos de Olvin Gonzalo López Argueta y Ramiro Antonio Martínez Barrios, pues ellos alegan, básicamente que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que pretenden deportarla, expulsarla o repatriarla a su país de origen (Honduras), así como mantenerla privada de su libertad y restringirle el libre tránsito en el país. Ahora bien, previo a examinar el cuestionamiento aludido, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. El indicado precepto legal, estatuye: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley.". Cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a que hace referencia el diverso numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no emerge en el caso justiciable, merced a que, este supuesto solamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión del fallo respectivo. Empero, cuando la autoridad es omisa o advierte la certeza del acto reclamado en su informe justificado, no tiene aplicación el antedicho artículo 75, párrafo tercero, ya que en esta hipótesis debe aplicarse el precepto 117 de la ley de la materia, que establece, en términos genéricos, que corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional, cuando no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Es ilustrativa a la anterior consideración, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6530, Tomo LXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Retomando el examen del artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que prevé dos aspectos distintos, a saber: a) La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. b) Cuando se da la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. Sobre los destacados puntos, cabe abundar que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no así, respecto de las circunstancias que lo rodean, como es su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el dispositivo en análisis, es claro en contemplar que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, entre otras cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra las acotaciones anteriores el criterio jurisprudencial 2a./J. 23/94 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página veinte, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de amparo, lo único que debe tenerse por cierto es el acto reclamado, sin embargo, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, en virtud de que no hay precepto que así lo establezca. En lo que atañe a la segunda parte del tercer párrafo del supradicho numeral 117, se establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario queda relevado de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Así pues, lo que determina si la carga probatoria recae en el impetrante de amparo, es precisamente, la circunstancia de que el acto sea o no violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por tanto, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos fundamentales no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Carta Magna surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de que ante un acto inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que, el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Resulta aplicable en el caso, la tesis II.2o.93 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, Tomo XIII, marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal." De acuerdo con las consideraciones anteriores es válido concluir, que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de deportación de la parte quejosa, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país de la impetrante del amparo, que se tuvieron como ciertos en virtud de la omisión de las autoridades citadas en rendir su informe justificado, de ninguna manera es inconstitucional en sí mismo, ya que la impetrante del amparo no acreditó que en la emisión de dicho mandamiento de molestia, así como su ejecución, la autoridad responsable actuara fuera de los márgenes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es preciso destacar lo que al efecto establecen diversas disposiciones normativas aplicables al caso concreto: "Artículos 1º, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Además el artículo 1º, 7º, 66, 67 y 68 de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1º de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria." "Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos." Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. "REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1º Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." En consecuencia, al no estimarse que el acto reclamado, sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas con los que cuente la responsable y, que en la especie correspondía a la parte quejosa la carga de probar tal evento, sin que así lo hubiera hecho, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer. Consecuentemente, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que respecta a la orden de deportación reclamada, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país de la impetrante del amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 216, 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alan Daniel Fernández Oquedo, en representación de Alex Fernando Díaz Pérez, respecto de los actos atribuidos a las autoridades, por las razones y motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alan Daniel Fernández Oquedo, en representación de Olvin Gonzalo López Argueta y Ramiro Antonio Martínez Barrios, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando SEXTO, de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, de los que se advierte que, por auto de fecha diecinueve de noviembre del año en curso, se proveyó respecto de los informe justificado que remitió vía correo electrónico y signado por la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en Janos Chihuahua, solicitado al Titular Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria, Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratorio de Janos, chihuahua, todos con residencia en el Municipio de Janos, Chihuahua, por lo que, a la fecha no han transcurrido los ocho días hábiles que marca la ley, para que las partes se impongan de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89.". Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así atento al contenido del oficio remitido vía correo electrónico y signado por la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en Janos Chihuahua, téngasele rindiendo su informe justificado, solicitado al Titular Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria, Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratorio de Janos, chihuahua, todos con residencia en el Municipio de Janos, Chihuahua, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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