Olivia Nallely Macías Sánchez

Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
775/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Olivia Nallely Macías Sánchez
  • Director de Pensiones Civiles del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remiten en conjunto Director General, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles, del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se tiene a las autoridades interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos de este juicio de amparo, el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, y las restantes copias de dichos escrito distribúyanse entre las demás partes, formándose cuadernillo de antecedentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. VISTO; para resolver en sentencia definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 775/2023-VII-B, promovido por Olivia Nallely Macías Sánchez y Francisco Javier Macías Cervantes, contra actos que reclamaron al Director de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con asiento en Chihuahua Capital, recibido en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el seis de septiembre siguiente, Olivia Nallely Macías Sánchez y Francisco Javier Macías Cervantes, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyó al Director de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, y otra autoridad por los actos consistentes en la negativa de brindar el servicio médico a mi padre como beneficiario de la asegurada. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Chihuahua; en acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó la formación del expediente tanto físico como electrónico con el número 1932/2022-II, se admitió a trámite la referida demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento y finalmente, se fijó fecha para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3º y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados, los cuales se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En el particular, se estima que los solicitantes del amparo reclaman la negativa de brindar el servicio médico a mi padre como beneficiario de la asegurada, notificado mediante oficio DAVPS-814/2023, de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Director General de Pensiones Civiles del Estado, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, ambas de Pensiones Civiles del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado y la emisión del oficio reclamado. Certeza que se corrobora con la documental que para tal efecto exhibió la quejosa en el escrito de demanda, de las que se advierte que la expedición del oficio reclamado, al que se concede valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; en tal virtud, se tiene por acreditada fehacientemente la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de sobreseimiento. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, refiere que se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en el 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que refieren no se desprende la existencia de un acto de aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Dicha causa de improcedencia es infundada, por los motivos que enseguida se expondrán: Por el contrario, a través del oficio DAVPS-814/2023, se acredita que sí se aplicó de manera implícita a la parte quejosa, las disposiciones del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua y del Manual del Procedimiento de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial, que fueron impugnadas, aún y cuando en esa misiva, no se hayan citado de manera expresa los numerales legales reclamados. Al respecto, resulta aplicable, únicamente en la parte conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, página 58, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." En el entendido de que las disposiciones del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua y del Manual del Procedimiento de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial, constituyen una sola unidad normativa. Es aplicable, la jurisprudencia PC.XVII. J/7 A (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, con registro digital 2025784, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA NORMATIVIDAD QUE RIGE LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES COMO BENEFICIARIOS, CONSTITUYE UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera divergente al analizar las normas generales que prevén la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, pues mientras uno de los tribunales analizó de manera aislada la regularidad constitucional del artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, el diverso órgano jurisdiccional lo realizó como parte de un sistema normativo complejo. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que la normatividad que rige a la afiliación de los ascendientes en primer grado al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado, constituye un sistema normativo complejo integrado por: (i) el Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; (ii) el Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al citado servicio médico; y (iii) el Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Justificación: El requisito relativo a la dependencia económica de los ascendientes pretensos beneficiarios, instituido en el artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, forma parte de un sistema normativo complejo integrado por el referido Reglamento, el Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, dado que dichas normas generales regulan el sentido, definición, alcance y aplicación del citado requisito y, por ende, su análisis de regularidad constitucional debe realizarse en forma sistémica, no aisladamente." De ahí que, en el caso concreto, no se actualice esa hipótesis de improcedencia. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna distinta a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, toda vez que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo, que obligue a transcribirlos. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro XXXI, Mayo de 2010, página 830, de texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, en virtud de que el oficio reclamado se sustentó en disposiciones que vulneraron en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación, seguridad social y salud -en su faceta social-, reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumentos que son suplidos en la deficiencia de la queja, toda vez que la demanda en el presente juicio de amparo indirecto, deriva de la improcedencia de la solicitud de la quejosa -en su carácter de trabajadora y derechohabiente del servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado- para afiliar a su padre como beneficiario. Porque al encontrarse sub judice el que el pretenso beneficiario de la quejosa trabajadora tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tienen, con lo que se renunciaría de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2025786 Undécima Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVII. J/8 A (11a.) Instancia: Plenos de Circuito Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación; que dice: "SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNEN LAS NORMAS GENERALES QUE RIGEN A LA AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS AL CITADO SERVICIO MÉDICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera divergente al analizar las normas generales que prevén la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, pues mientras uno de los tribunales analizó la regularidad constitucional de las normas generales impugnadas bajo el principio de estricto derecho, el diverso órgano jurisdiccional lo realizó a la luz de la suplencia de la queja deficiente. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que los juicios de amparo en los que se pretenda el reconocimiento de una persona como beneficiaria de un derechohabiente, para acceder al Servicio Médico Asistencial que brinda Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, deben ser analizados a la luz de la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Justificación: Ante la duda de que una persona tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen médico, el rechazo de la suplencia de la queja deficiente equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renunciaría de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica; además, porque los actos reclamados pudieran ser violatorios del derecho humano a la seguridad social, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), constitucional, el cual establece como base mínima de dicho derecho que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley; y, también, porque un beneficiario de una persona trabajadora derechohabiente se asimila a ésta para efectos de la mencionada disposición." A manera de conceptos de violación, argumentan que se trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, reconocidos en los numerales 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la aplicación del artículo 25 fracción VII y último párrafo, así como 27 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, y artículo 1º del Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial que brinda Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al dar un trato diferenciado para el otorgamiento de servicios médicos entre los posibles beneficiarios ascendientes del asegurado. Lo anterior es sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección solicitada. Ahora bien, debe tomarse en consideración que con motivo de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, el artículo 1º constitucional consagró la existencia y protección de los derechos humanos o fundamentales en los siguientes términos: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El primer párrafo del artículo 1° de la Carta Magna incorpora como materia de protección por parte del Estado a los derechos humanos reconocidos por la misma y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Lo anterior, sienta las bases de dos principios fundamentales que rigen la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos: (i) el de interpretación conforme, consistente en que dichas normas deberán interpretarse siempre de acuerdo con los postulados de la Constitución Federal y los tratados internacionales, en materia de derechos humanos; y, (ii) el principio pro homine (o pro personae), que conlleva la idea de que siempre deberá optarse por la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos que resulte más favorable a la persona en su contexto más amplio. Es decir, implica la aplicación preferente del ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos. Ahora, la obligación de respetar los derechos humanos que deriva de dicho párrafo no se limita a cierta clase de autoridades públicas sino a todas éstas en general, en el ámbito de sus respectivas competencias; además, que su actuación no debe sustraerse al simple respeto, sino a la promoción, protección y garantía de dichos derechos en la forma más amplia que lo permita el orden jurídico. En relación con los derechos humanos, al Poder Judicial de la Federación corresponde la responsabilidad que deriva del artículo 103, fracción I, de la Constitución, que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Como se ve, si bien en principio los Tribunales de la Federación deben observar todas las conductas que en relación con los derechos humanos corresponden a cualquier autoridad; también lo es que, en atención a su ámbito especial de competencia, consistente en resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, tienen especial relevancia los actos consistentes en proteger y garantizar esos derechos. En efecto, de conformidad con el precepto constitucional transcrito, ante la transgresión de los derechos humanos por parte de una autoridad, corresponde a los Tribunales de la Federación resolver la controversia que se suscite con motivo de dicha violación, actuación que conlleva la obligación de proteger y garantizar esos derechos, aspecto que indudablemente obliga a todos los agentes del Estado a procurar, garantizar y promover en mayor énfasis y medida la protección a los derechos fundamentales de los gobernados. Asimismo, el propio tercer párrafo del artículo 1º constitucional, establece que el respeto a los derechos humanos debe realizarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Finalmente, el tercer párrafo del artículo 1 de la Carta Magna señala que, como consecuencia de lo anterior, es decir, al atender a la obligación de todas las autoridades de respetar los derechos humanos conforme a los principios mencionados, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los términos que establezca la ley. Lo expuesto revela que de conformidad con los artículos 1º y 103 Constitucionales, los Tribunales de la Federación tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen esos derechos. Cabe hacer hincapié que la citada obligación no se encuentra sujeta a condición alguna, es decir, la Carta Magna no establece requisitos para que los Tribunales de la Federación, al resolver una controversia sujeta a su jurisdicción, se avoquen a la protección y garantía de los derechos humanos vulnerados por la autoridad. De ello se colige que la protección de dichos derechos por parte de los Tribunales Federales es procedente no sólo cuando lo solicite el gobernado titular de los mismos, sino también en el caso de que, sin mediar dicha petición dentro de la controversia, la autoridad jurisdiccional advierta su transgresión por parte de la autoridad. En concordancia con los alcances del reformado artículo 1º constitucional, se concluye que si los órganos que ejercen facultades de carácter jurisdiccional están facultados para inaplicar una norma que contravenga los derechos humanos previstos en la constitución o en tratados internacionales, como se adelantó, por mayoría de razón también puede hacerlo el Poder Judicial de la Federación al analizar los actos que le son sometidos a su potestad a través del juicio de amparo, al ordenar en reparación, que la autoridad ejerza el control de convencionalidad en el modelo de interpretación ordenado y, en su caso, desaplique la norma cuando proceda. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 351/2014, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó en relación con el control ex officio de todas las normas sujetas a conocimiento de las personas juzgadoras en el juicio de amparo, que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, cuando actúan en amparo directo e indirecto, pueden hacer el control ex officio de constitucionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento, tanto de las disposiciones que regulan el juicio de amparo, como de las normas aplicadas en el acto reclamado. De esta forma, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, abandonó el criterio sostenido en el amparo directo en revisión 1046/2012, según el cual los tribunales colegiados únicamente estaban facultados para ejercer control ex officio respecto de la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles. El Pleno del Máximo Tribunal determinó que el artículo 1º de la Constitución General, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a dejar de aplicar cualquier disposición que vulnere los derechos humanos y los órganos del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. Así, se consideró que el ejercicio de esta competencia es compatible con la seguridad jurídica pues no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales y se limita a la inaplicación de normas generales sin provocar efectos hacia el futuro. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2024159, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1º constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga. Aunado a ello, el Pleno del Alto Tribunal del País ha establecido que la inaplicación de leyes en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, se debe partir de esa presunción y realizar el contraste previo a su aplicación, lo cual en todo caso sólo trascendería a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, al no existir la declaración relativa De igual forma, el Pleno determinó que al ejercerse un control de convencionalidad se deberán realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país (al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano), deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, a partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; e, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior, no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación. Lo anterior quedó establecido en la tesis P. LXIX/2011(9a.)11 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: 10 Véase tesis P. V/2013 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2003005, que dice: "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA. En materia de derechos humanos puede analizarse la contradicción entre una norma general interna y un tratado internacional a través del juicio de amparo, pues si bien es cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades constitucionales para realizar el control concentrado en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que las tienen para efectuar el control de convencionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 1o. y 133, última parte, de la propia Constitución, así como de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto varios 912/2010, del que derivó la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.". Lo anterior significa que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido, es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno en los puntos resolutivos de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamiento, pues éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico; esto es, la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se demanda, pues no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su inaplicación respecto del acto reclamado." Precisado lo anterior, se procede al análisis del fondo de la controversia planteada. En primer lugar, debe decirse que normatividad aplicable para afiliar a los ascendientes posibles beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua constituye un sistema normativo complejo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Para lo cual, es menester que las normas generales en cuestión -en su conjunto- formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas todas en su perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 100/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 169558, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." En la especie tenemos la solicitud y trámite de afiliación a un ascendiente [padre o madre] como beneficiario de un derechohabiente del servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado, se rige por la siguiente normativa: Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua: "ARTICULO 3.- Tendrán derecho al servicio médico asistencial los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados que hayan obtenido tal carácter como trabajadores del mismo y sus respectivos beneficiarios en los términos de este Reglamento." "ARTICULO 25.- Son beneficiarios de los asegurados para efectos de la presentación de los servicios médicos. . VII. El padre y la madre, cuando dependan económicamente del asegurado incluyendo a los adoptantes que acrediten tal circunstancia;. En todos los casos, salvo el de la cónyuge, deberá acreditarse que los beneficiarios dependen del asegurado y que no tiene derecho por sí mismo a las prestaciones del presente Reglamento." "ARTICULO 26.- Para que los trabajadores y sus beneficiarios tengan derecho a los servicios establecidos en este Reglamento, deberán afiliarse previamente a Servicios Médicos Estatales en la localidad donde desempeñen sus labores, presentando para tal efecto, solicitud por escrito, con su firma, en que se contengan los siguientes datos: a) Nombre completo; b) Sexo; c) Lugar y fecha de nacimiento; d) Domicilio; e) Generales de sus beneficiarios y las circunstancias por las cuáles deben gozar de tal carácter." "ARTÍCULO 27.- A la solicitud de afiliación deberán acompañarse los documentos idóneos para acreditar los datos a que se refiere el precepto anterior y las circunstancias a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento." "ARTICULO 28.- Recibida la solicitud y documentos comprobatorios requeridos, Servicios Médicos Estatales asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirse éstos." Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. "Artículo 27.- Al Departamento de Afiliación y Vigencia le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: . II. Atender y determinar, de acuerdo con la normatividad aplicable, la procedencia de las solicitudes de afiliación que presenten las personas aseguradas y sus derechohabientes. Los formatos de afiliación que determine la Institución serán el único documento para determinar y acreditar la procedencia de afiliación de los trabajadores de las diferentes instituciones afiliadas. . V.- Atender y resolver las solicitudes de afiliación de las personas aseguradas para sus beneficiarios o de éstos últimos, en lo particular, requiriendo y resguardando la documentación que acredite su procedencia y en su defecto, notificándoles su rechazo, estando facultado para realizar los estudios socioeconómicos que considere necesarios, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;" Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. "Artículo 1.- Para iniciar el procedimiento tendente a determinar la procedencia o improcedencia de la afiliación de un beneficiario padre, madre, esposo, concubina o hijo incapacitado, será indispensable que el asegurado se apersone ante el Departamento de Afiliación y Vigencia para llenar y entregar el formato de solicitud que al efecto le proporcione alguno de los trabajadores sociales adscritos a dicha área, previa comprobación de que el asegurado se encuentra vigente como derechohabiente del servicio. En caso de que no se encontrara vigente el asegurado, el trámite no podrá ser iniciado. . Dicha solicitud deberá ser recibida por un Trabajador Social adscrito al Departamento de Afiliación y Vigencia, quien deberá remitirla, desde luego, al Supervisor de Trabajo Social, para que éste determine cuál de los trabajadores sociales será el que habrá de llevar a cabo el procedimiento de estudio socioeconómico. . Únicamente se procederá a iniciar el trámite cuando la solicitud presentada se realice mediante el formato previamente establecido y que al efecto proporcione uno de los Trabajadores Sociales. En caso distinto, la misma deberá ser desechada por improcedente." "Artículo 2.- El Trabajador Social deberá informarle al asegurado que habrá de realizarse un estudio socioeconómico para determinar si el o los posibles beneficiarios cuentan con los requisitos que les permitan encuadrar en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua." "Artículo 3.- Realizada la notificación señalada en el artículo anterior, el Trabajador Social entregará documento por escrito en el que se describirán los soportes documentales que es necesario que el asegurado y/o sus posibles beneficiarios presenten para poder iniciar el estudio socioeconómico, el cual deberá firmar de recibido la parte solicitante. Los documentos relativos consistirán en lo siguiente: - Caso de afiliación de padres: Original de acta de nacimiento del asegurado (a). Copia del último comprobante de pago del asegurado (a). Original de acta de nacimiento de los padres del asegurado (a). Original de acta de matrimonio de los padres (6 meses de su expedición). Original de acta de defunción en caso de que uno de los dos haya fallecido. Original de acta de divorcio (si existe), máximo 6 meses de su expedición. Original de certificado de inexistencia de matrimonio del padre o de la madre, según el caso (3 meses de vigencia). Copias de la credencial de elector del asegurado (a) y de los padres. Inscripción de Persona Física sin Actividad Económica o Constancia de Situación Fiscal de cada uno de los padres ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Copia de CURP de cada uno de los padres (formato nuevo). Original de certificado de inexistencia o existencia de propiedades a nombre los padres (Registro Público de la Propiedad). Constancias de No Vigencia/ Afiliación al IMSS, ISSSTE, ICHISAL, (IMPE si el trámite es del municipio de Chihuahua o SMM si es en el municipio de Juárez) a nombre de los padres del asegurado(a). . En todos los casos, los asegurados y, si estuvieren legalmente posibilitados, los posibles beneficiarios, deberán expresar por escrito que aceptan someterse voluntariamente al estudio socioeconómico." "Artículo 17.- Una vez que se encuentre reunida toda la información y documentación necesaria, el Trabajador Social analizará las condiciones encontradas en el caso particular, con la finalidad de emitir una opinión respecto a la acreditación o no de los requisitos previstos en la normatividad aplicable para encuadrar en alguno de los supuestos de beneficiario del servicio médico, la cual se hará constar por escrito y se remitirá al Supervisor de Trabajo Social. Al efecto, dicho reporte deberá observar las siguientes vertientes generales: I.- La dependencia plena del asegurado, entendiéndose por esta como la subordinación económica plena y total del posible beneficiario hacía con el asegurado, relación en virtud de la cual, el primero carece de los medios de subsistencia mínimos necesarios para mantenerse con vida y subsistir por sí solo, necesitando íntegramente del trabajador asegurado para poder vivir. Para efectos de acreditar lo señalado en el párrafo anterior, será indispensable que el o los posibles beneficiarios no cuenten con derecho a alguna prestación derivada de la seguridad social o a exigirla. II.- La condición de salud, en los casos en que proceda, según lo dictaminado por el área médica virtud de las valoraciones que esta haya realizado." "Artículo 18.- El Supervisor de Trabajo Social emitirá la opinión final del resultado del estudio socioeconómico, de lo cual informará al Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia. Posteriormente a ello, el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia remitirá las constancias del estudio socioeconómico al Comité de Afiliación al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mismo que emitirá su opinión correspondiente por mayoría de votos, derivado de las facultades de consulta que éste ostenta." "Artículo 19.- En todo caso, la determinación final de la procedencia de la solicitud de afiliación deberá emitirla el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, la cual deberá hacer del conocimiento del solicitante vía oficio, sea suscrito por el titular de la unidad orgánica o por el Supervisor de Trabajo Social." "Artículo 20.- Si la resolución fuera positiva, se les otorgarán al asegurado y a sus beneficiarios un plazo de quince días hábiles para apersonarse ante el Departamento de Afiliación y Vigencia y registrar sus datos generales y así generar el alta del o los beneficiarios. Si hicieren caso omiso de ello sin causa justificada, el trámite se tendrá denegado, debiendo esperar seis meses para iniciar otro nuevo, contados a partir del día de la presentación de la solicitud originaria." De la interpretación funcional de los preceptos transcritos se desprende lo siguiente: ( Destinatarios. Tendrán derecho al servicio médico asistencial los trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua, los pensionados y jubilados que hayan obtenido tal carácter como trabajadores del mismo y sus respectivos beneficiarios. ( Beneficiarios. Le corresponde dicho carácter, entre otros, a los ascendientes [padre o madre] de un trabajador al servicio del Estado de Chihuahua. ( Requisitos y documentación necesaria. Los ascendientes del trabajador podrán ser designados como beneficiarios cuando dependan económicamente del trabajador, y, además, exhiban original de acta de nacimiento de la asegurada y de sus padres; copia del último comprobante de pago de la asegurada; original de acta de matrimonio de los padres; original de acta de defunción en caso de que uno de los dos haya fallecido; original de acta de divorcio, de ser el caso; original de certificado de inexistencia de matrimonio del padre o de la madre, según el caso; copias de la credencial de elector de la asegurada y sus padres; inscripción de persona física sin actividad económica o constancia de situación fiscal de cada uno de los padres ante el Servicio de Administración Tributaria; copia de CURP de cada uno de los padres; original de certificado de inexistencia o existencia de propiedades a nombre los padres emitida por el Registro Público de la Propiedad; y constancias de no vigencia/afiliación al IMSS, ISSSTE, ICHISAL, IMPE o SMM a nombre de los padres de la asegurada. Documentos que, si bien se exigen para la realización del estudio socioeconómico, lo cierto es que se erigen como verdaderos requisitos, sin los cuales no resulta factible la realización de dicho estudio para acreditar la dependencia económica y, por ende, no se logra la pretendida afiliación del ascendiente beneficiario. Y de los cuales se obtiene una razonable y fuerte presunción en el sentido que si reportas ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria, tienes inmuebles a tu nombre en el Registro Público de la Propiedad y/o cuentas con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social, no dependes económicamente del trabajador derechohabiente. ( Solicitud de afiliación. Para que los trabajadores y sus beneficiarios tengan derecho a los servicios médicos, deberán afiliarse previamente presentando para tal efecto, solicitud por escrito, con su firma, en la que expresen su nombre completo; sexo; lugar y fecha de nacimiento; domicilio; y generales de sus beneficiarios y las circunstancias por las cuáles deben gozar de tal carácter. Asimismo, se deberán adjuntar los documentos idóneos para acreditar dicha información. ( Formato único. Los formatos de afiliación que determine la Institución serán el único documento para determinar y acreditar la procedencia de afiliación de los trabajadores de las diferentes instituciones afiliadas; en caso contrario ésta será desechada ( Recepción de la solicitud. Recibida la solicitud y documentos comprobatorios requeridos, Servicios Médicos Estatales asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirse éstos. Al Departamento de Afiliación y Vigencia le corresponde atender y determinar, en su caso, la procedencia de las solicitudes de afiliación que presenten las personas aseguradas y sus derechohabientes, así como realizar los estudios socioeconómicos que resulten necesarios. ( Trámite de la solicitud. Para iniciar el procedimiento tendente a determinar la procedencia o improcedencia de la afiliación de un beneficiario, será indispensable que el asegurado se apersone ante el Departamento de Afiliación y Vigencia para llenar y entregar el formato de solicitud, previa comprobación de que el asegurado se encuentra vigente como derechohabiente del servicio. Luego, el Supervisor de Trabajo Social determinará cuál de los trabajadores sociales será el que lleve a cabo el procedimiento de estudio socioeconómico, a fin de determinar si encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25 del Reglamento. ( Opinión del Trabajador social. Una vez que se encuentre reunida toda la información y documentación necesaria, el Trabajador Social la analizará y emitirá una opinión respecto a la acreditación o no de los requisitos previstos en la normatividad aplicable para encuadrar en alguno de los supuestos de beneficiario del servicio médico, en cuanto a la dependencia plena del asegurado12 y la condición de salud del posible beneficiario. Dicha opinión deberá ser remitida al Supervisor de Trabajo Social. ( Opinión final. El Supervisor de Trabajo Social emitirá la opinión final del resultado del estudio socioeconómico, la cual será informada al Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia. ( Opinión del Comité de Afiliación. Las constancias del estudio socioeconómico serán remitidas al Comité de Afiliación al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mismo que emitirá su opinión correspondiente por mayoría de votos. ( Determinación final. En todo caso, la determinación final de la procedencia de la solicitud de afiliación la emitirá el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia; y en caso de que fuera positiva se otorgará al asegurado y a sus beneficiarios un plazo de quince días hábiles para que se apersonen en el Departamento de Afiliación y Vigencia a registrar sus datos generales para generar el alta del o los beneficiarios. 12 Entendiéndose por ésta -según dicha normativa- como la subordinación económica plena y total del posible beneficiario con el asegurado, relación en virtud de la cual, el primero carece de los medios de subsistencia mínimos necesarios para mantenerse con vida y subsistir por sí solo, necesitando íntegramente del trabajador asegurado para poder vivir." En ese orden de ideas, la normatividad transcrita del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; y Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, constituyen un sistema normativo complejo en torno a la afiliación de los ascendientes (padre y/o madre) posibles beneficiarios del servicio médico en cuestión; pues dichas normas generales forman -en su conjunto- una verdadera unidad normativa, dada su relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente [afiliación de ascendientes como beneficiarios al citado servicio médico]. Cuestión que fue analizada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito al resolver la contradicción de tesis 30/2022, y como resultado de ello emitió la tesis PC.XVII. J/7 A (11a.), con registro digital 2025784, que dice: "SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA NORMATIVIDAD QUE RIGE LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES COMO BENEFICIARIOS, CONSTITUYE UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera divergente al analizar las normas generales que prevén la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, pues mientras uno de los tribunales analizó de manera aislada la regularidad constitucional del artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, el diverso órgano jurisdiccional lo realizó como parte de un sistema normativo complejo. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que la normatividad que rige a la afiliación de los ascendientes en primer grado al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado, constituye un sistema normativo complejo integrado por: (i) el Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; (ii) el Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al citado servicio médico; y (iii) el Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Justificación: El requisito relativo a la dependencia económica de los ascendientes pretensos beneficiarios, instituido en el artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, forma parte de un sistema normativo complejo integrado por el referido Reglamento, el Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, dado que dichas normas generales regulan el sentido, definición, alcance y aplicación del citado requisito y, por ende, su análisis de regularidad constitucional debe realizarse en forma sistémica, no aisladamente." Asimismo, asiste razón a la parte quejosa en el sentido de que, con motivo de esa relación normativa estrecha, puede controvertir las citadas disposiciones generales, aunque no todas le hayan sido aplicadas expresamente en su perjuicio, en torno a la solicitud de afiliación de su madre como beneficiaria. Al respecto, se comparten las razones dadas en el criterio contenido en la tesis I.1o.A.139 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 173392, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES FACTIBLE EL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS IMPLÍCITAMENTE APLICADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ORIGEN. Si bien los artículos 5o., fracción VII y 62 de la Ley de Comercio Exterior (que se tildaron de inconstitucionales) no fueron aplicados expresamente en la sentencia reclamada ni en el acto administrativo de origen, pero tales preceptos sirvieron de fundamento legal a la resolución que estableció la cuota compensatoria y este acto-regla fue aplicado en el acto administrativo impugnado, resulta indudable que existió aplicación implícita de las normas tildadas de inconstitucionales, de modo que si en el juicio de amparo indirecto es procedente el examen de constitucionalidad de leyes cuando son implícita o tácitamente aplicadas, por identidad de razón también es procedente el examen del tema constitucional en el juicio de amparo directo cuando la norma jurídica se aplique implícitamente en el acto administrativo impugnado originariamente o en la sentencia reclamada." En otro aspecto, debe tenerse presente que los derechos a la igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo 1° constitucional, permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio es, per se, incompatible con ésta. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada que afecte el ejercicio de un derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, página 112, registro digital 2012594, que dice: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." En ese sentido, las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por, entre otros ejes, el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el entendido que cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación; ya sea una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o bien, efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, julio de 2018, tomo I, página 171, registro digital 2017423, que dice: "DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado." En ese sentido, la parte quejosa señala que existe un trato diferenciado entre ascendientes que dependen económicamente del derechohabiente que depende económicamente del trabajador, y aquellos que no dependen económicamente del trabajador. Como ya se dijo, de conformidad con el artículo 1° de nuestra Carta Magna, está prohibida toda discriminación motivada por una categoría sospechosa, entra las que destacan -de manera enunciativa- el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 1°, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación implica toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de ciertos motivos, entre los que destacan -en relación al tema que nos ocupa- la condición social o económica, el estado civil y la situación familiar. Por su parte, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de, entre otros, posición económica o cualquier otra condición social. Mientras que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de, entre otros, posición económica o cualquier otra condición social. En esa tesitura, la razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características; como por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, opiniones políticas, posición económica o cualquier otra condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCCXV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo II, registro digital 2010268, que dice: "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. La razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil -o el estado marital-" Precisado lo anterior, del sistema normativo exigido para que una ascendiente sea afiliada al citado servicio médico -en específico el artículo 25, fracción VII y último párrafo, y el Reglamento reclamado- se obtienen las siguientes distinciones: Sistema normativo para afiliar a ascendientes en Pensiones Civiles del Estado. Es procedente la afiliación: No es procedente la afiliación: 2. Ascendientes que sí dependen económicamente del asegurado. 6. Ascendientes que no dependen económicamente del asegurado. 7. No contar con afiliación vigente en otra institución de seguridad social. 2. Contar con afiliación vigente en otra institución de seguridad social. 8. Inexistencia de matrimonio posterior al -en su caso- divorcio entre los ascendientes del asegurado. 3. Existencia de matrimonio posterior al -en su caso- divorcio entre los ascendientes del asegurado. 9. Ausencia de actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria. 4. Actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria. 10. Inexistencia de propiedades registradas en el Registro Público de la Propiedad. 5. Existencia de propiedades registradas en el Registro Público de la Propiedad. En esa tesitura, quien aquí resuelve considera que las distinciones señaladas con los números 1, 2, 4 y 5, se basan en las condiciones socioeconómicas del ascendiente posible beneficiario -como su posición económica, que forma parte de su condición social- al exigir la comprobación de la dependencia económica con el asegurado, para lo cual se le exige que no cuente con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social, no tenga actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria, no cuente con inmuebles a su nombre en el Registro Público de la Propiedad. Es decir, se trata de requisitos necesarios para acreditar la dependencia económica a través de un estudio socioeconómico; bajo la premisa de que aquellos que no estén afiliados a una diversa institución de seguridad social, no tengan actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria y carezcan de propiedades a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, dependen totalmente - desde un punto de vista económico- del trabajador derechohabiente. De ahí que es válido encuadrar dichos requisitos dentro de una categoría de posición económica, como parte de la condición o situación social de los posibles beneficiarios. Mientras que, por otra parte, la distinción 3, tiene sustento en una condicionante en torno al estado civil del ascendiente pretenso beneficiario, al exigir la inexistencia de un matrimonio posterior al divorcio, en su caso, entre los ascendientes del asegurado. En suma, las distinciones en cuestión tienen fundamento en las categorías sospechosas de condición socioeconómica y estado civil, respectivamente. Ahora, a fin de analizar la regularidad constitucional de las normas generales reclamadas debe identificarse si debe emplearse un test de proporcionalidad o uno de igualdad bajo un escrutinio estricto. Al respecto, tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2007924, que dice: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. De ahí que la interpretación directa del artículo 1o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del principio pro persona, como aquella interpretación que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento de aquél, el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría sospechosa, para precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de una lectura neutra ante supuestos que implican una condición relevante, como la presencia de categorías sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de la ley." Dicho esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel estricto. En el primero (ordinario) no se exige que el legislador persiga los objetivos constitucionalmente admisibles por los mejores medios imaginables, sino que basta que los que utiliza estén encaminados de algún modo a la consecución del fin, que constituyan un avance hacia él, aunque pueda pensarse en medios más efectivos y adecuados desde otros puntos de vista. Así, para que pueda concluirse que la norma supera el escrutinio de constitucionalidad es suficiente con que sea instrumentalmente apta para impulsar las cosas en algún grado en dirección al objetivo perseguido, como ocurre en aquellos supuestos ajenos al derecho a la igualdad y no discriminación, por ejemplo, en la materia económica o financiera. Apoya lo anterior, la tesis P. VIII/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 161302, que dice: "IGUALDAD. EN SU ESCRUTINIO ORDINARIO, EL LEGISLADOR NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE USAR LOS MEJORES MEDIOS IMAGINABLES. Para descartar el carácter discriminatorio de una norma cuando se somete a un escrutinio de igualdad ordinario, basta con examinar si el establecimiento de la clasificación analizada persigue una finalidad constitucionalmente admisible; si resulta racional para su consecución -esto es, si guarda una relación identificable de instrumentalidad respecto de ella- y si constituye además un medio proporcional que evita el sacrificio innecesario de otros bienes y derechos, de modo que no exista un desbalance entre lo que se consigue con la medida legislativa y los costos que impone desde la perspectiva de otros intereses y derechos constitucionalmente protegidos. Estos dos últimos puntos son esenciales, ya que, bajo un escrutinio de igualdad ordinario, no se exige que el legislador persiga los objetivos constitucionalmente admisibles por los mejores medios imaginables, sino que basta que los que utiliza estén encaminados de algún modo a la consecución del fin, que constituyan un avance hacia él, aunque pueda pensarse en medios más efectivos y adecuados desde otros puntos de vista. Así, para que pueda concluirse que la norma supera el escrutinio de constitucionalidad es suficiente con que sea instrumentalmente apta para impulsar las cosas en algún grado en dirección al objetivo perseguido." En cambio, el de igualdad bajo un escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los tratados internacionales. Lo anterior, obedece a que las distinciones basadas en una categoría sospechosa están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad, por lo que si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 66/2015 (10a.) y 1a./J. 37/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima y Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2010315 y 169877, respectivamente, que dicen: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello." "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga 17 Al respecto, se cita la tesis 1a. CCCXII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2004712, de rubro: "INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS." Precisado lo anterior, si en la especie se determinó que las distinciones contenidas en el sistema normativo aplicable para afiliar a los ascendientes (padre o madre) pretensos beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, contiene distinciones basadas en las categorías sospechosas de posición económica -como condición social- y estado civil del posible beneficiario, es inconcuso que a fin de determinar su regularidad constitucional es necesario desarrollar un test de igualdad bajo un escrutinio estricto, en el cual se debe examinar: Si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. Por último, verificar que la distinción legislativa sea la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Lo anterior, en términos de las jurisprudencias P./J. 10/2016 (10a.) y 1a./J. 87/2015 (10a.) del Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2012589 y 2010595, respectivamente, que dicen: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa -un factor prohibido de discriminación- corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional." "CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional." Cabe precisar que basta la insatisfacción de alguno de dichos requisitos para concluir que la distinción contenida en la norma deviene inconstitucional. Atento lo anterior, se procede a desarrollar dicho test respecto a las distinciones destacadas, primero, de manera conjunta y, luego, de manera independiente, a fin de poder determinar si las distinciones basadas en las categorías sospechosas cumplen con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. En este paso no basta que se exija simplemente -como se haría en un escrutinio ordinario- que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, sino que debe perseguir un objetivo constitucionalmente imperioso; es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En ese orden de ideas, en primer lugar es necesario establecer categóricamente que no existe ninguna disposición de rango constitucional que establezca como finalidad constitucionalmente importante restringir la seguridad social. Sino que, por el contrario, el artículo 123, apartado B, fracción XI, incisos a) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; así como que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. Por otro lado, la protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud - tanto individual como social-. Así, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En esa tesitura, las distinciones normativas en estudio, consistentes en la inexistencia de un matrimonio posterior al divorcio, en su caso, entre los ascendientes del asegurado [estado civil], y la dependencia económica con el asegurado en correlación con su actividad económica, propiedad de inmuebles y no afiliación a diversa institución de seguridad social [aspectos socioeconómicos], no cumplen con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sino que, por el contrario, restringen injustificadamente el acceso a la seguridad social, en su carácter de familiar del trabajador, en contravención al artículo 123, apartado B, fracción XI, incisos a) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, por una parte, el hecho de que la madre posible beneficiaria se haya divorciado del ascendiente biológico del trabajador y, posteriormente, se haya casado con una diversa persona, no constituye una razón válida para restringir el acceso al servicio médico asistencial, pues dicha prerrogativa obedece a su relación consanguínea que tiene con la trabajadora; para lo cual es jurídicamente irrelevante su estado civil. Por otra parte, la diversa exigencia consistente en la acreditación de la dependencia económica con el asegurado [en correlación con su actividad económica, propiedades inmobiliarias y diversa seguridad social], a través de un estudio socioeconómico, constituye una distinción que no sigue una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues si bien los artículos 25, segundo párrafo, y 134 constitucional, dispone que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, y que los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; lo cierto es que la medida en cuestión no tiene como finalidad imperiosa fortalecer las finanzas públicas del estado, pues la seguridad social -en su vertiente de servicio médico a los familiares-, no constituye una prerrogativa cuya erogación corresponda totalmente al Estado, sino que se integra también por las aportaciones que le corresponde enterar al patrón y las cuotas que el trabajador entera a Pensiones Civiles del Estado, en términos de los artículos 5°, fracciones I y IV, de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Máxime, el artículo 14 de la citada legislación establece que el patrimonio de Pensiones Civiles del Estado se integra con los bienes y derechos integrados por los subsidios y aportaciones otorgados a su favor por los gobiernos federal, estatal y municipal; las reservas financieras; el monto de las cuentas individuales; los intereses, rentas y demás rendimientos financieros; el importe de las prestaciones no reclamadas; el importe de las sanciones pecuniarias; y las donaciones, herencias y legados que reciba. Por tanto, el hecho de que se exija al ascendiente beneficiario que dependa económicamente del trabajador, no sigue la finalidad de estabilidad de las finanzas públicas, pues con independencia de dicha afiliación o no, lo cierto es que Pensiones Civiles del Estado percibe las citadas aportaciones y cuotas, y su patrimonio se integra por las partidas precisadas en el párrafo que antecede. Al respecto, se cita por analogía, la tesis 2a. VII/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 167887, que dice: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La citada disposición constitucional contempla la garantía social que tutela a la familia bajo un régimen de seguridad y justicia social, al proteger a los trabajadores y trabajadoras pensionados y, en vía de consecuencia, a sus beneficiarios, entre los cuales se ubican sus cónyuges y, en su caso, concubina o concubinario. En esa virtud, el artículo 130, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola la mencionada garantía social, pues si durante su vida laboral la extinta trabajadora cotizó para que quienes le sobrevivieran y tuvieran derecho a ello disfrutaran de los seguros previstos en la ley, entonces la pensión por viudez no es una concesión gratuita, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios." De ahí que, las distinciones basadas en las categorías sospechosas de la situación socioeconómica y estado civil, consistentes en la dependencia económica con el asegurado [en correlación con su actividad económica, propiedades inmobiliarias y diversa seguridad social], y la inexistencia de un matrimonio posterior al divorcio, en su caso, entre los ascendientes del asegurado, no superan el test de igualdad bajo un escrutinio estricto y, por ende, vulneran el principio de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 1° constitucional. Apoya lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.11 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materas Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con registro 2024713, de título y contenido: "SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS, CONTIENE DISTINCIONES BASADAS EN LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTADO CIVIL, PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. En términos de este ordenamiento y sus reglamentos. VII. Las donaciones, herencias y legados que reciba. Hechos: Un trabajador derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto en contra de las normas generales que exigen que su madre dependa económicamente de él, a fin de ser afiliada como beneficiaria al servicio médico asistencial que brinda dicha institución. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el sistema normativo complejo que regula la afiliación de los ascendientes de los derechohabientes como beneficiarios al servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua -Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado, Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles y Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial- contiene un parámetro de comparación basado en las categorías sospechosas de condición socioeconómica y estado civil, prohibidas por el artículo 1o. de la Constitución General. Justificación: De conformidad con el artículo 1o. constitucional, está prohibida toda discriminación motivada por, entre otras, la condición social, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así, el sistema normativo complejo mencionado, al exigir que los ascendientes pretensos beneficiarios acrediten la (i) dependencia económica con el asegurado; (ii) inexistencia de, en su caso, un matrimonio posterior del ascendiente; (iii) no afiliación vigente en otra institución de seguridad social; (iv) ausencia de actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y, (v) inexistencia de propiedades registradas en el Registro Público de la Propiedad; contiene distinciones basadas en su condición socioeconómica y estado civil, con base en un parámetro de comparación entre los ascendientes que dependen económicamente del asegurado y aquellos que no, a través de un estudio socioeconómico cuya finalidad consiste en evidenciar, precisamente, su situación socioeconómica, pues ésta forma parte de la condición social, que es la manera en que la persona es percibida y se desarrolla dentro de la colectividad." Asimismo, es oportuno citar la Jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, con registro digital 2025785, de rubro y texto: "SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN DE ASCENDIENTES A DICHO SERVICIO, ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA PLENA Y TOTAL, SON VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera divergente al analizar las normas generales que prevén la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, pues mientras uno de los tribunales determinó que el artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, no es violatorio del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución General, el diverso órgano jurisdiccional resolvió que el sistema normativo complejo que rige a dicha afiliación vulnera los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, reconocidos en el artículo 1o. constitucional, así como los diversos a la salud y a la seguridad social, reconocidos en los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución General. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que los requisitos para la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial que otorga Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, consistentes en (i) no contar con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social; (ii) la inscripción de persona física sin actividad económica ante la autoridad hacendaria; (iii) el certificado de inexistencia o existencia de propiedades emitido por el registro público de la propiedad; (iv) no gozar de "buena condición de salud", y/o (v) no haber contraído nuevamente matrimonio, así como la definición de dependencia económica plena y total, son violatorios de los derechos humanos a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social -en su vertiente de servicio médico y medicinas de los familiares de los trabajadores-, reconocidos en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), constitucionales; y, por ende, deben ser expulsados y/o inaplicados de la esfera jurídica de las personas que impugnen dicho sistema normativo complejo, incluso ex officio. Justificación: Por una parte, los citados requisitos se basan en las categorías sospechosas de condición socioeconómica, condición de salud y estado civil, respectivamente, sin que superen un test de igualdad en escrutinio estricto, pues no existe ninguna disposición de rango constitucional que establezca como finalidad constitucionalmente importante la de restringir la seguridad social bajo dichas distinciones; y, por otra parte, debido a que la definición de dependencia económica total, plena y legal, contenida en el sistema normativo en cuestión, es contraria a una dependencia económica, al menos, parcial y de facto, la cual fue validada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 91/2018. De ahí que al expulsar y/o inaplicar dichos requisitos y definición legal de la esfera jurídica de las personas que impugnen dicho sistema normativo complejo, incluso ex officio, la autoridad en ningún momento podrá exigir como requisito, ni como prueba en el procedimiento relativo a la solicitud de afiliación, ningún tema relativo a la condición de salud, estado civil (matrimonio, viudez, divorcio o ulterior matrimonio) o diversa protección de seguridad social del pretenso beneficiario." Finalmente, a mayor abundamiento, resta decir que dichas distinciones normativas no se encuentran vinculadas con una finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, no están ligadas con la consecución de algún fin constitucional. Lo anterior, dado que el hecho de que se restrinja la afiliación a ascendientes que no dependan económicamente del derechohabiente trabajador, no abona directamente a la consecución de unas finanzas públicas sanas, pues éstas se refieren a su buena administración, planeación y uso de los recursos públicos, y no propiamente a la necesidad de restringir el acceso de familiares de trabajadores a la asistencia médica y medicinas, al tener mucha mayor relevancia la forma en que se usa y dispone de la hacienda pública, en lo referente a pensiones y uso de los fondos de seguridad social por parte del Estado con fines diversos, entre otros, por citar algunos ejemplos. De igual manera, dichas distinciones tampoco resultan las medidas menos restrictivas, debido a que existen diversas medidas que son menos lesivas desde un punto de vista constitucional, pues la autoridad materialmente legislativa pudo optar por exigir mayores cuotas o aportaciones a los patrones equiparados y trabajadores derechohabientes que optaran por afiliar a sus ascendientes al servicio médico asistencial que brinda Pensiones Civiles del Estado, en vez de restringir o condicionar su acceso a la acreditación de una dependencia económica absoluta con el trabajador; alternativa que definitivamente sería menos lesiva que la distinción en estudio. Además que, la prestación del servicio médico asistencial que brinda Pensiones Civiles del Estado no es de índole gratuita, sino que obedece a las aportaciones y cuotas que ha devengado el trabajador durante su vida laboral. Por lo que la exigencia en estudio únicamente se sostiene cuando deriva de una prestación de dicha índole que sí sea completamente gratuita, tal y como lo dispone el artículo 4°, párrafo cuarto, constitucional en relación al sistema de salud para el bienestar (INSABI), cuya finalidad es garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Es decir, dada la apuntada naturaleza de las aportaciones, si se cuenta con más de una afiliación a diversas instituciones de seguridad social, es porque se devengaron aportaciones que justifican dichas prerrogativas (salvo el INSABI, que es de naturaleza totalmente gratuita y en cuyo casi sí se exige no contar con diversa afiliación). En suma, el parámetro constitucional de restricción por una segunda afiliación a una institución de seguridad social es inverso, esto es, se restringe únicamente cuando es de naturaleza gratuita (INSABI), no así cuando tiene su origen en las aportaciones del trabajador, como ocurre en la especie. Además, la distinción en estudio soslaya el hecho de que la afiliación de la ascendiente de la trabajadora no implica el acceso a prestaciones de seguridad social tales como pensiones, jubilaciones o prerrogativas económicas (préstamos o créditos), sino únicamente un servicio médico asistencial en torno a medicamentos y atención médica. Asimismo, pasa por alto que los costos económicos de servicio médico y medicamentos derivados de operaciones, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, entre otros, no pueden ser en lo sustancial de uso simultáneo, pues, por citar algunos ejemplos, una persona no puede ser intervenida quirúrgicamente de manera simultánea por el mismo padecimiento, o de recibir distintos métodos de rehabilitación u obtener una doble medicación en distintas instituciones de seguridad social, implicaría efectos secundarios negativos en su estado de salud. De ahí que no se trata de un gasto por partida doble, sino el acceso -sucesivo u optativo, no simultáneo- a diversas instituciones de seguridad social, cuyo derecho nace de las aportaciones devengadas en cada una de ellas. Por lo que de optar por la validez de la citada restricción se contravendrían los principios de progresividad en materia de derechos humanos, así como los derechos laborales del trabajador derechohabiente. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 86/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2015306, que dice: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad." En conclusión, las distinciones de índole socioeconómico y estado civil contenidas en el sistema normativo que rige a la solicitud y trámite de afiliación de un ascendiente como beneficiario de un derechohabiente del servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado, son violatorias de los derechos humanos a la igualdad, no discriminación, seguridad social y salud, reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con base a las anteriores consideraciones, lo procedente es otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, una vez que cause ejecutoria este fallo: a) Deje sin efectos el oficio DAVPS-814/2023, de fecha veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. b) Emitan otro, en respuesta a la petición que presentaron Olivia Nallely Macías Sánchez y Francisco Javier Macías Cervantes, la primera en su carácter de derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado, con la finalidad que se afilie al diverso como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los artículos 1º párrafos primero y último, y 3° del Manual de Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado; y 27, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; es decir, sin exigirle la acreditación de los requisitos consistentes en la dependencia económica de la pretensa beneficiaria con el trabajador; la inexistencia de, en su caso, un matrimonio posterior de la ascendiente; la no afiliación vigente en otra institución de seguridad social; la ausencia de actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria; e inexistencia de propiedades registradas en el Registro Público de la Propiedad. c) Asimismo, en tanto se pronuncie de nueva cuenta a la petición formulada por los quejosos, derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado, se le otorgue a Francisco Javier Macías Cervantes, padre de la derechohabiente el servicio médico y hospitalario que en su caso requiera ésta última; así como los medicamentos y tratamientos necesarios, atendiendo a los lineamientos del referido instituto, así como a los propios de la profesión médica. Lo anterior, toda vez que sólo de esta forma se logrará restituir cabalmente los derechos fundamentales de la quejosa infringidos en la determinación reclamada. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Olivia Nallely Macías Sánchez y Francisco Javier Macías Cervantes, contra actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando sexto de la presente sentencia, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el mismo y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido y hagan valer lo que a su derecho corresponda respecto del informe justificado rendido por el Coordinador Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en ciudad de mismo nombre, lo anterior en concordancia con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se programa para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite el Coordinador Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad rindiendo su respectivo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del él, al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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