Olivier García Esquivel
Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Olivier García Esquivel
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del doce al dieciocho de abril del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para desahogar la prevención formulada en proveído de tres de marzo de la presente anualidad, transcurriría del nueve al quince de marzo del año en curso; sin embargo, la parte promovente presentó el diez de marzo de la presente anualidad, escrito por el que pretendió cumplir la prevención, por lo que sólo transcurrió un día del citado plazo, no obstante, por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, no se le tuvo por cumplida la referida prevención, por lo que el plazo se interrumpió y comenzaría a computarse una vez que se le notificará personalmente el citado auto a la referida parte promovente, lo que aconteció el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el referido término de cuatro días restantes transcurrió del veintitrés al veintiocho de marzo de dos mil veintitrés ,sin que lo hiciera dentro de ese lapso, toda vez que al revisar el libro de registro de las promociones en la oficialía de partes de este juzgado, no obra constancia alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, mediante el cual, por una parte manifiesta que su nombre correcto es "Olivier" y no Oliver, como lo asentó en su escrito inicial de demanda; por tanto, se tiene como nombre correcto el primero de los citados, asimismo, se ordena al Analista Jurídico adscrito a este órgano jurisdiccional, realice la corrección en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, la parte quejosa pretende cumplir con la prevención formulada el tres de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que, refiere que el acto que reclama es en su carácter de norma heteroaplicativa, sin embargo, es omiso en señalar específicamente cuál es el acto de aplicación del que se duele. Lo anterior, en virtud que en su escrito aclaratorio de demanda de amparo precisó: "2).- Desde luego, se trata de un acto de autoridad heteroaplicativo, el cual, bajo protesta de decir verdad, fue narrado de la siguiente manera: QUINTO.- Tengo el temor fundado de ser desposeída de mi vehículo bajo los argumentos señalados en el párrafo anterior, ello debido a que el actuar de dicha autoridad es ilícito, y me afectaría en mi patrimonio ya que mi vehículo es el único medio con el que cuento para obtener ingresos y sostener a mi familia, porque además de ser desposeída del automotor me impondrán una multa que asciende a la cantidad de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos OO/100 moneda nacional, dejándome entonces en la total ruina económica, porque muchos de nosotros trabajamos al día y una multa de esa cantidad resulta impagable y menos sería posible si se nos retira la unidad automotor que como ya lo dije, es nuestra única fuente de ingresos. Así las cosas, resulta que el día Miércoles 15 quince de Febrero del año en curso, como a eso de las 14:30 catorce treinta horas del día, me encontraba estacionada con mi unidad a las afueras de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, Ia cual se encuentra ubicada sobre avenida Quinceo esquina con calle Maestro Juan Rodríguez Puebla de la colonia Granjas del Maestro de esta ciudad, donde estuve esperando a los niños que salen a esa hora para llevarlos a sus casas, y fue entonces que recibí la llamada de uno de mis compañeros del trabajo de nombre *******, quien me comenta que a unas cuadras de la escuela estaba personal de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), y que lo habían detenido en esos momentos, y estaban por retenerle su unidad, que me avisaba para que me retirara de la escuela porque escucho cuando uno de los operativos le dijo a otro que faltaba por detener a la señora de la combi, que estaba estacionada afuera de la escuela; por lo que al saber que venían a buscarme opte por retirarme del lugar para evitar que me detuvieran mi unidad, y dándome cuenta que al parecer se trata de una especie de asecho en nuestra contra ello debido a que tienen conocimiento de que no contamos con las concesiones o permisos, y mucho menos placas porque no nos los han entregado y por ello van a buscarnos con la seguridad de que nos podrán afectar a no contar con dichos documentos. Luego entonces, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el primer acto de molestia del cual tengo pleno conocimiento sucedió de la forma en que lo he narrado, pero además deseo adicionarlo para que en lo subsecuente quede de la siguiente forma: "... Así las cosas, resulta que el día Miércoles 15 quince de Febrero del año en curso, como a eso de las 14:30 catorce treinta horas del día, me encontraba estacionada con mi unidad a las afueras de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, la cual se encuentra ubicada sobre avenida Quinceo esquina con calle Maestro Juan Rodríguez Puebla de la colonia Granjas del Maestro de esta ciudad, donde estuve esperando a Los niños que salen a esa hora para llevarlos a sus casas, fue entonces que recibí la llamada de uno de mis compañeros del trabajo de nombre ************* quien me comentó que se encontraba en la calle Pico de Tzirate, en la colonia Santiaguito de esta ciudad, ubicación que está a unas cuadras de la escuela donde, como ya lo mencioné, me encontraba esperando a los niños para llevarlos a sus casas; informándome mi compañero que donde él se encontraba, también estaba el personal de La Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), y que lo habían detenido en esos momentos, y estaban por retenerle su unidad, que me avisaba para que me retirara de la escuela porque escuchó cuando uno de los operativos le dijo a otro que faltaba por detener a la señora de la combi, que estaba estacionada afuera de la escuela, por lo que al saber que verían a búscame opte por retirarme del lugar para evitar que me detuvieran mi unidad, dándome cuenta que al parecer se trata de una especie de asecho o cacería en nuestra contra, ello debido a que el personal de la (COCOTRA) tiene pleno conocimiento de que no contamos con las concesiones o permisos y mucho menos placas, porque la propia Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán nunca nos los han entregado a pesar de que ya hemos realizado muchos trámites y armado los expedientes que tiene en su poder, incluso un padrón con los domicilios particulares y lugares de trabajo, y por ello van a buscarnos con la seguridad de que nos podrán afectar al no contar con dichos documentos." Empero, contrario a lo señalado por la parte quejosa de dicha transcripción se inadvierte, cuál es el acto de aplicación que reclama en esta instancia constitucional, ya que sólo se limitó a manifestar diversos hechos pero es imprecisa en especificar el acto concreto del que se duele en la presente instancia Constitucional. De igual forma, la parte quejosa refirió que reclama: "particularmente el capítulo tercero bis, que implica las condiciones en la que puede laborar en el trasporte de personas (escolares), así como las sanciones por incumplimiento de dichas condiciones"; lo cual resulta ser un señalamiento genérico de la norma, es decir dicha precisión es incorrecta para el presupuesto de amparo contra normas, en virtud que, de reclamarse de manera genérica un ordenamiento, código o reglamento dificulta la precisión de los actos que se pretenden reclamar en la presente instancia y la resolución que se llegue a emitir, con motivo que, sería ilógico analizar todo el contenido del ordenamiento jurídico, que aduce es inconstitucional. Además, en el caso concreto, la parte quejosa señaló que reclama la norma en su carácter de heteroaplicativa, en ese sentido, de acuerdo a la teoría y a los criterios expuestos por nuestro Máximo tribunal constitucional, cuando se reclaman este tipo de normas, es necesario que se realice un acto de aplicación, mediante el cual, se concreticen los efectos de la norma en cada caso, denominadas también como individualización condicionada, es decir, que se necesita la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, la cual se halla sometida a la realización de ese evento (acto diverso que condicione su aplicación), así como, se debe precisar el precepto que se aduce es inconstitucional. En ese tenor de ideas, a efecto de acordar lo que a derecho proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda, de nueva cuenta requiérase a la quejosa, para que aclare su demanda para los efectos siguientes: ÚNICO. *********. Lo expuesto, tiene sustento en que, la parte quejosa sólo se limitó a manifestar diversos hechos pero sin concretizar cuál es el acto reclamado en específico, situación que justifica la necesidad de que sea ella misma quien indique con precisión el requisito que impone el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional la documental que la parte quejosa anexó a su escrito de cuenta, consistente en una boleta de infracción, la cual, si bien es un acto de aplicación de la norma en su carácter de heteroaplicativa, lo cierto es que, dicha infracción fue impuesta a diversa persona, pues del contenido de la misma se advierte el nombre de ************ no así el de la aquí quejosa ***********, información que además se corrobora de sus propias manifestaciones en el escrito de cuenta. Máxime que, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, el juicio de amparo sólo puede iniciar mediante el ejercicio de la acción, como su nombre lo indica, a petición de parte, esto es, a nombre de la aquí promovente y no así del citado **********. En tales condiciones, a efecto de que dé cabal cumplimiento al citado requerimiento, se interrumpe el término concedido en auto de tres de marzo del año en curso, el cual reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, surtiendo efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por *******, por propio derecho, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, y otras autoridades, que hizo consistir en: "Actos reclamados: Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo: La aprobación y expedición del Decreto de Reforma y Adición de diversas disposiciones al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, de fecha 4 de Mayo del año 2020 dos mil veinte; particularmente del capítulo tercero bis, que implica las condiciones en las que se puede laborar en el transporte de personas (escolares), así como las sanciones por incumplimiento de dichas condiciones. Del Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la expedición de las leyes mencionadas. Del Secretario de Gobernación del Estado libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, reclamo el refrendo al Decreto Promulgatorio mencionado con anterioridad. Del Director General del Periódico Oficial del Estado libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, reclamo la publicación en dicho órgano de difusión oficial de la citada ley a que me referí en párrafo anterior. De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, señalado como autoridad ejecutora, reclamo el cobro de multas y sanciones que se señalarán en el capítulo de antecedentes de esta demanda, que a su vez se constituyen como acto de aplicación de los mencionados ordenamientos. De la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, los actos de aplicación de la citada ley en perjuicio de la aquí quejosa. De todas las autoridades señaladas cualquier acto de aplicación, ejecución, efecto o consecuencia de las leyes tildadas de inconstitucionales en mi perjuicio. Garantías individuales violadas: Las contenidas en los artículos 14, 16y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.". En tales condiciones, y en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 251/2023. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Indique, si la norma que tilda de inconstitucional la reclama de manera autoaplicativa o heteroaplicativa Toda vez que, en su demanda de amparo precisa ".al primer acto de aplicación o intento de ejecución por parte de la responsable", es decir, por un lado la señala como autoaplicativa y por el otro, refiere que con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, heteroaplicativa. Y en la inteligencia que si reclaman la norma de manera heteroaplicativa, deberá manifestar, cuál es el acto concreto de aplicación, cuándo le fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedora del mismo; o en su caso de contar con él, lo exhiba ante esta autoridad. En ese mismo orden de ideas que dé, referir que la norma la reclama como heteroaplicativa, deberá narrar los antecedentes respectivos, los cuales los deberá realizar bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo de la juzgadora de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". Así como la diversa, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una las seis autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y una para formar el incidente de suspensión, las cuales dan un total de ocho copias, salvo que lo realice de manera electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el la calle ***, en esta ciudad. Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números ***, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Por otro lado, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a ****, toda vez que al realizar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró cedula profesional que acredite como licenciado en derecho al citado autorizado. Por otra parte, como lo solicita, es procedente darle acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "****", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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