Olivia Gaona López
Expediente 266/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Olivia Gaona López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción II del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por la Coordinadora de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, informa que no ha recibido el oficio 9964/2022, por tanto, remítase el citado oficio al domicilio ubicado en******* en la Ciudad de México, lo anterior, a efecto de que quede debidamente notificada de la sentencia dictada en autos. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones, remítanse los oficios dirigidos a las autoridades responsables 9965/2022 Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; 9966/2022 Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, 9967/2022 Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 9968/2022 Titular de la Dirección Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio de los cuales se les notifica la sentencia dictada en autos. Finalmente, de autos se inadvierte notificación a la autoridad responsable BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por tanto, con copia -con firmas criptográficas- de la sentencia dictada en el presente asunto, notifíquese mediante oficio a la citada responsable, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato constitucional número 173/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica sin perjuicio de hacer nuevamente relación de los mismos en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de este último ordenamiento legal, una vez que se dicte la resolución que corresponda dentro de este expediente, se le expedirán las copias que requiere. Por otro lado agréguese el oficio 695/2023 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual resolvió el incidente de prescripción de la ejecución de laudo dentro del juicio laboral ******************** de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, ********************, promovió juicio de amparo indirecto a favor de las trabajadoras ********************y ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos que hace consistir en: "actos reclamados: la omisión de dictar resolución interlocutoria del incidente de prescripción, actos derivados del expediente ordinario número ********************.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó, consistente en copia certificada del auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual resolvió el incidente de prescripción de la ejecución de laudo dentro del juicio laboral ******************** de su índice, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro de la carpeta de investigación del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar resolución interlocutoria del incidente de prescripción, actos derivados del expediente laboral número **********. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, no es factible hacer pronunciamiento alguno respecto del alegato ministerial hecho valer en el pedimento 173/2023 del Representante Social de la Federación adscrito, dado que éstos no forman parte de la litis en el juicio Constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número III.1o.A. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2071, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia.". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con apoyo en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado a ********************, con domicilio en calle ********************, número ********************, colonia ********************, de esta ciudad; por tanto, se comisiona al Actuario de esta adscripción, para que emplace a juicio a la tercera interesada de referencia, en el citado domicilio, haciéndole saber la hora y fecha que se señaló para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, deberá correrle traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo que dio origen a este expediente y del presente proveído. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y emplácese a la tercero interesada.
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