Olivia Ventura Ureiro

Expediente 307/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
307/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Olivia Ventura Ureiro

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver del juicio de amparo indirecto número 307/2023, promovido por Olivia Ventura Ureiro, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Olivia Ventura Ureiro, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La dilatación u omisión de la autoridad responsable para dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio 258/2022, violentando con ello el derecho del quejoso a recibir la importación (sic) de justicia pronta y expedita como lo mandata el artículo 17 constitucional al no tramitar el procedimiento laboral en los plazos y términos establecidos en la Ley de la Materia, incurriendo con ello en retraso e inactividad procesal." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto 307/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, se tuvo como tercero interesado a la Notaria Pública Número uno (1) del Distrito Notarial de los Bravo y/o Juan Pablo Leyva y Lasso, Notario Público Número uno (1) del Distrito Notarial de los Bravo y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo las siguientes. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia en esta ciudad; lugar en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es el siguiente: La omisión de dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente en el expediente laboral 258/2022. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente en el expediente laboral 258/2022, pues así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente laboral antes señalado, que allegó en apoyo al citado informe justificado, mismas que merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Ahora bien, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente en el expediente laboral 258/2022, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente en el expediente laboral 258/2022. No obstante ello, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable al rendir informe con justificación, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo en el que se pronunció respecto de la admisión de pruebas; acuerdo en el que de forma literal señaló: "Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente laboral en que se actúa, del que se desprende que dentro de la audiencia celebrada el día treinta de enero del año en curso, esta autoridad laboral se reservó el derecho para resolver el Auto Admisorio de Pruebas, conforme a las pruebas que fueron ofrecidas por la parte actora en el presente juicio, y de conformidad con los siguientes lineamientos establecidos por los artículos 776 a 780 de la Ley Federal del Trabajo, se procede al desechamiento y admisión de as probanzas aportadas por la parte antes mencionada. PRUEBAS DESECHADAS A LA PARTE DEMANDADA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1, DEL DISTRITO NOTARIAL DE BRAVOS . PRUEBAS ADMITIDAS A LA PARTE OLIVIA VENTURA UREIRO. . PRUEBAS ADMITIDAS A LA PARTE DEMANDADA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1, DEL DISTRITO NOTARIAL DE BRAVOS ." Acuerdo que le fue notificado a la parte actora aquí quejosa por parte de este juzgado federal, en forma personal por conducto de su autorizado, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante auto de once del mes y año en comento, en el que se tuvo a la aludida autoridad responsable, rendido su informe justificado y remitida la constancia relativa al acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dictó el señalado auto admisorio de pruebas. Por tanto, es manifiesto que el acto omisivo que reclamó la impetrante del amparo, consistente en la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente en el expediente laboral 258/2022, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este juicio, dejó de causarle perjuicio, restituyéndola en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la responsable emitió el acuerdo respectivo en el que se pronunció respecto de la admisión de pruebas. En esas condiciones, es patente que tocante a los actos reclamados se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de cuatro del mes y del año antes referido, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 y 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Olivia Ventura Ureiro, por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de este fallo.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio que signa el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto del antes mencionado, rendido su informe justificado; con su contenido y constancia que adjunta en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se tiene a la referida autoridad responsable designado como delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, al profesionista que señala en el oficio de cuenta. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que, en el día de la fecha se tuvo a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rendido su informe justificado. A fin de dar margen a que trascurra el plazo de ocho establecidos en el artículo 117 de la ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo Al respecto, es aplicable la Tesis II.1o.P.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que indica: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA SEÑALADA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que el Juez o la autoridad que conozca del juicio de garantías biinstancial debe diferir, oficiosamente y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no presente su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar el contenido de aquél. De esa manera, si la parte quejosa no tuvo conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable con la anticipación a que se refiere el numeral en comento, es decir, ocho días, pues entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo mediaron menos de ocho días hábiles, es patente que la audiencia constitucional se celebró sin otorgar cabalmente al quejoso su derecho de defensa, o sea, la oportunidad de imponerse del contenido del informe con justificación y, por tanto, la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes. Esto es, entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que se señale con motivo de su diferimiento deben mediar ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así puede el quejoso ajustarse a los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de abril de dos mil veintitrés.********************Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio de derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad.****************************************ADMISIÓN DE DEMANDA.********************Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda.****************************************Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 307/2023-V, fórmese expediente impreso y electrónico.****************************************Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada.****************************************Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).****************************************Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad.****************************************Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte.****************************************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.****************************************Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales.****************************************INFORME JUSTIFICADO.********************Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomo en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo.****************************************Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la parte quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado.****************************************Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá una multa por las cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis.****************************************TERCERO INTERESADO.****************************************Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado a la ********************, con domicilio ubicado en calle ********************, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de la Materia, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio citado por el quejoso y con copia simple de la demanda les corra traslado y los emplace a juicio. ****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS.********************Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dada la materia del acto reclamado.****************************************En otro orden, se tiene designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************.****************************************En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionado el correo electrónico ni el número de teléfono que señala en el escrito que se provee, a efecto para oír y recibir notificaciones, toda vez que párrafos precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el ubicado en ********************.****************************************Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente tener por señalados dichos medios digitales para que las partes fueron notificados de los acuerdos y resolución que llegaran a emitirse, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.****************************************AUTORIZACIÓN DE COPIAS.********************Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. ****************************************NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO********************PÚBLICO ADSCRITO.********************De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete.****************************************AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS.********************Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.********************Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.********************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.********************De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. ****************************************Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.********************TRANSPARENCIA.********************De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.****************************************

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