Olivia Teresa Cortés Ortiz y Otros.
Expediente 1114/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Olivia Teresa Cortés Ortiz y Otros.
- Olivia Teresa Cortés Ortiz
- Osvaldo Marban Gaytán
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de octubre del presente año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por **********, ********** y Carlos **********, promoviendo con las calidades de socia accionista, comisario y empleado de Comercializadora Centra de Materiales, Grupo Roca, Sociedad Anónima de Capital Variable, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la razón levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado de distrito, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a los quejosos ....el acuerdo de nueve de octubre del año en curso; dictado en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 27, fracción III, a), de la Ley de Amparo, la notificación de mérito, así como las subsecuentes hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de jurisdiccional para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Olivia Teresa Cortes Ortiz, Osvaldo Marban Gaytan y Carlos Alberto Arteaga Cortes, promoviendo con las calidades de socia accionista, comisario y empleado de Comercializadora Centra de Materiales Grupo Roca, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que tienen reconocida ante la autoridad responsable, la cual justifican con las copias certificadas que anexan a la demanda de cuenta, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Regístrese la demanda en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 1114/2018-IV, asimismo, fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 112 de la Ley de Amparo, obliga a los órganos jurisdiccionales en la materia a proveer dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de la presentación de la demanda a: admitirla, prevenirla o en su caso, desecharla. Por su parte, el diverso 113 de la ley de la materia faculta a los jueces de amparo, para analizar la demanda de amparo y de advertir una causa de improcedencia notoria y manifiesta a desecharla de plano. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo. Cabe destacar que el numeral 61 de la ley de la materia, contiene un catálogo con diversas hipótesis que actualizan la improcedencia del juicio de amparo, sin embargo, en la fracción XXIII, prevé la posibilidad de considerar alguna otra causa de improcedencia contenida en otras disposiciones de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra aquellos actos cuyos efectos sean de imposible reparación, en una interpretación en sentido contrario puede establecerse que el juicio constitucional resulta improcedente contra los actos que no afecten materialmente derechos sustantivos de las partes en juicio. En esa misma línea de ideas, resulta oportuno señalar que en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el juicio de amparo indirecto resulta procedente contras actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso, en ese sentido explicó que la expresión "que afecten materialmente derechos" hace alusión a aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; asimismo, refirió que por "derechos sustantivos", debía entenderse al antagónico de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, ya que respecto de los últimos no existía una afectación actual y que en todo caso, la afectación dependería de la trascendencia que pudiera tener en el desenlace del juicio, pues el momento en que se puede consumar de forma efectiva el acto. Por su aplicabilidad al caso, se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro 2006589 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Conforme al criterio anterior se puede advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció criterio sobre la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal, salvo aquéllos que vulneren materialmente derechos sustantivos de las partes, no reparables en sentencia definitiva. Una vez puntualizado el marco legal y jurisprudencial que sustenta la causa de improcedencia advertida, conviene señalar que la parte quejosa, reclama en el juicio de amparo, la interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario mercantil 12/2018, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, en virtud del cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de agosto del mismo año, emitido en el aludido juicio mercantil. En ese contexto, en criterio de quien juzga la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo, no constituye un acto de imposible reparación para la parte quejosa, pues no se advierte que se afecte materialmente derecho sustantivo alguno de ésta, sino más bien, la naturaleza jurídica de dicha interlocutoria es la de un acto procesal y respecto de éste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio constitucional se torna improcedente. Por otra parte, el hecho de que la autoridad responsable hubiera declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto por los justiciables, no implica que dicho acto no pueda combatirse a través del juicio de amparo directo que en su momento, pudiera promoverse contra la sentencia que dicte la autoridad responsable en el juicio ordinario mercantil, en el hipotético caso que fueran condenados. Además, las constancias de autos revelan que los promoventes de amparo interpusieron recurso de revocación contra un auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho por virtud del cual el Juez Décimo de Distrito en el Estado, subsanó la omisión de acordar una petición de la parte actora en el juicio natural, en el sentido de que ésta había solicitado que se agregara a los autos del juicio ordinario mercantil 12/2018, los medios preparatorios relativos al diverso juicio ordinario mercantil 4/2018; en relación con ello la responsable acordó que no había lugar a proveer en sus términos dicha solicitud ya que tales medios preparatorios se encuentran en trámite y por cuerda separada. De modo que únicamente, ordenó que se integraran a los autos del juicio ordinario mercantil 12/2018, copia certificada de los citados medios preparatorios a juicio y ordenó la apertura de un tomo de pruebas con motivo del mismo, para que éste quedara a disposición de las partes. Lo precedente, afianza el argumento de que la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo es un acto de naturaleza procesal o adjetiva, que podrá plantearse como concepto de violación en amparo directo, en el supuesto de que la sentencia que pudiera dictarse en el juicio ordinario mercantil 12/2018, fuera desfavorable a los peticionarios de amparo, en caso contrario, en nada habrá trascendido jurídicamente, dicho aspecto procesal. De ahí que, si el acto reclamado no vulnera materialmente derecho sustantivos tutelados por la constitución o los tratados internaciones, el juicio de amparo se torna improcedente. Además, al existir jurisprudencia temática en cuanto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo y que es obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en fracción V interpretada en sentido contrario del artículo 107 en relación con el diverso, 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Genaro García Carrasco, Violeta Flores Bello, Alejandro Chavelas González, Eduardo Tovar García, José Estrada Galindres, Narciso Fernando Torreblanca Martínez y Rosa Blanca Benítez Rayo, por no estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales y así solicitarlo expresamente.
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