Olivia Ramírez Castañeda

Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
459/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Olivia Ramírez Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el auto que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente en el domicilio señalado en la demanda de amparo.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe Karlos González Bautista, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida presuntamente por *** por derecho propio, contra actos de ? Junta Federal número 40 de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 459/2022-III-B. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del Juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Al respecto, este Juzgado Federal considera que en cuanto a la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Ello es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio el juicio de amparo, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Entonces, del escrito inicial de demanda, presuntamente promovida por *** se advierte que el mismo no contiene firma autógrafa; siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes, dentro de un juicio, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe. Ahora, al atender a que el juicio de amparo debe seguirse a instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito es la manifestación de voluntad para hacerlo, esto es, la firma que calce su solicitud, ya que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia*** Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Situación que además se corrobora al examinar la primera página del escrito de demanda que dio origen al presente juicio, recibido el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, así como la boleta de turno, de las que se advierte que en esa data se presentó el escrito de demanda, tres copias del mismo, el cual carece de firma original. Sin que pase inadvertido, que la promovente anexa carta poder presuntamente otorgada a Carlos Alberto Alba Gutiérrez, Miguel Alan Rodríguez Barrientos, Kathia Aguiñaga Villegas, Elsa Yajahira Carmona Melgoza, la cual también carece de firma original. Lo anterior, se precisa en virtud de que las promociones (entiéndase cualquier escrito) que carecen de firma, no pueden de ninguna manera expresar la voluntad del quejoso, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor; pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre, pero sobre todo firma de la persona que lo suscribe, y en esta forma responsabilizarse de su contenido y exteriorizar su voluntad, para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, al no existir la manifestación expresa de la voluntad de la promovente para iniciar esta instancia constitucional, debe concluirse que la demanda de amparo a estudio resulta notoriamente improcedente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 6, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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