Olivia Meza Díaz
Expediente 531/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/08/2017
Partes del expediente
- Olivia Meza Díaz
- Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de Amparo 531/2016-III-B, a la quejosa Olivia Meza Díaz; en cumplimiento al diverso proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro del presente Juicio de Amparo, y con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de la materia, que dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de tres de mayo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Olivia Meza Díaz, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y resolviera de nueva cuenta, con plenitud de jurisdicción, ciñéndose a los lineamientos establecidos en las tesis que fueron transcritas en la misma sentencia. El fallo mencionado, en la parte conducente a sus efectos, señala: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California: a) Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, pronunciada en el incidente de liquidación derivado del expediente laboral 454/2010, instaurado por Olivia Meza Díaz, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dicte otra en la cual se pronuncie sobre el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales destacados en el presente fallo, o en sentido diverso." En fecha diez de julio del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente en Funciones de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual anexó la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En dicha sentencia interlocutoria se deja sin efectos la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, materia de controversia en este juicio de amparo, estableciendo en ella la junta responsable con respecto a su vinculación con la ejecutoria de amparo lo siguiente: para determinar la cantidad correspondiente a la cuantía básica de la pensión o jubilación, es necesario deducir del salario base los conceptos que se especifican en los incisos a), b) y c) del mismo artículo; a su vez, de autos se desprende como instrumental pública de actuaciones, la prueba documental exhibida por ambas partes consistente en Cédula de Datos para efectos de jubilación o pensión (f.88 y 125), así como el último talón de pago como activo (f.89), de igual forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato colectivo de Trabajo bienio 2007-2009, (f. 114-115) por los conceptos 107, 151 y 152, correspondientes al impuesto sobre producto de trabajo, fondo de jubilación y pensión y cuota sindical lo cual quedó acreditado mediante la Cedula de datos y el ultimo talón de pago de la actora como activo: (107) Provisión Fondo de Jubilaciones---$406.06 pesos. (151) ISR---------------------------------$360.16 pesos. (152) Fondo de Jubilaciones------$406.66 pesos. (180) Cuota Sindical------------------$105.35 pesos Por lo que después de realizar las operaciones aritméticas correspondiente nos da como resultado la cantidad por concepto de deducciones la cantidad de $1,277.63. Por lo que tenemos que en el laudo, se condenó a un salario diario de 4417.12, que corresponde al mensual de $12,513.60 pesos.- Si a dicha cantidad se le deduce los conceptos previstos en el artículo 5º del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (que han sido descritos líneas arriba) por la cantidad de $1,277.63 pesos mensuales, arroja una cuantía básica de $11,235.97pesos [..]. y el 25% de aguinaldo que se genera por $2,808.97 previstos en el artículo 6º del régimen multireferido generando como monto total de jubilación una cantidad mensual de tan solo $14,044.96. Cantidad que resulta inferior a la que la demandada ha venido cubriendo a la parte actora desde la fecha de su jubilación, del 16 de junio del 2009, por lo que se considera que no se genera cantidad alguna por diferencia en jubilación; es por lo anterior que se ABSUELVE al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a pagar a la parte ACTORA INCIDENTISTA diferencias en la pensión que reclama dentro de su incidente planteado." Estableciendo más adelante con respecto a la 'Fijación de la pensión mensual" fundamentalmente lo siguiente: dentro del mismo laudo ya citado, dentro de su CONSIDERANDO II.- En cumplimiento a la ejecutoria, visible en su página 4, se observa lo siguiente: ".tenemos que los conceptos que deben de tomarse en consideración para el cómputo y pago de la Pensión Jubilatoria por años de servicios prestados lo son los siguientes: SUELDO TABULAR $127.28 (01).- ALTO COSTO DE VIDA $87.78 (15/16).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $15.00 (20).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $48.34 (011).- AGUINALDO $31.80.- DESPENSA $13.33 (50).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $93.64 (22).- lo que sumados da un total de $417.12 lo cual multiplicado por 30 días nos da la suma de $12,513.60 pesos, de la cual y con fundamento en el artículo 459 del régimen de jubilaciones y pensiones y la cláusula 110 del contrato colectivo de trabajo, se le cubre el 100% de la misma, al contar la trabajadora con la antigüedad de 27 años, 20 quincenas, misma que según la tabla "A" que le corresponde por años de servicios, debiendo de cubrirse la pensión a la hoy actora por la suma mensual antes citada, a los cuales se le deberá de agregar el 25% que le corresponde por concepto de aguinaldo mensual que se le otorga al jubilado bajo las circunstancias de la actora en comento, tenemos que le corresponde la cantidad de $3,128.40 pesos y sumadas ambas, nos da la cantidad de $15,642.00 pesos, por concepto del importe de la jubilación mensual."; de lo anterior se desprende que fue fijada la cantidad de $15,642.00 pesos, por concepto de la pensión mensual; sin embargo, se podría decir que, ya que no se mencionó al respecto lo anterior, dentro de los resolutivos del citado laudo, es que se generó confusión de que no fue fijada la misma cantidad, empero, como si se efectuó, resulta innecesario el fijar de nueva cuenta el concepto citado, ya que como se observa, el mismo quedo especificado desde la emisión de ese laudo.- Y por lo que hace al cómputo de la diferencia después de fijar la correcta cantidad de pensión mensual y tomando en consideración que la demandada incidentista a la parte actora incidentista a partir del 16 de junio de 2009, le cubrió la cantidad de $14,090.14 pesos mensuales, por lo que después de efectuar la resta correspondiente a la pensión mensual, se tiene como resultado una diferencia a favor del actor de $1,551.86 pesos, los cuales al ser multiplicados por los 62 meses que han transcurrido hasta el mes de agosto del 2014, teniéndose a favor de la actora la cantidad de $96,215.32 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 327100 M.N.) por concepto de diferencia en el pago de la pensión mensual, razón por la cual se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL para que cubra la citada cantidad a la parte actora incidentista OLIVIA MEZA DÍAZ." Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara sin efectos la sentencia interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dictara otra en la cual se pronunciara sobre el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora, y como antes se vió, en la nueva resolución interlocutoria procedió a realizar los cálculos relativos sobre los conceptos o prestaciones que se le compelió en el laudo a tomar en cuenta, aplicando al mismo tiempo las deducciones de legalmente previstas, dictaminando de ahí la procedencia de una pensión mensual por la cantidad de $15,642.00 pesos (quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.) y el pago de diferencias resultantes por el lapso de tiempo que señala (sesenta y dos meses); tenemos entonces que el fallo firme de amparo se debe tener por cumplido. Lo anterior porque con ello la autoridad responsable fundó y motivó cómo es que arribó a tales determinaciones, estableciendo el procedimiento y los fundamentos para calcular ese monto y las diferencias resultantes a pagar por concepto de dicha pensión. Por lo tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la tercera interesada en el sentido de que la resolución interlocutoria aquí analizada resulta incongruente ya que se le absuelve del pago de la pensión y por otro lado, sin fundamento alguno, según indica, la condena a la misma prestación, aunado a que refiere que no se aplicaron las deducciones procedentes para establecer correctamente la cuantía de esa pensión; lo que se considera incorrecto, ya que la autoridad responsable sí estableció la mecánica para revelar de manera fundada y motivada como arribó a determinar la diferencia generada a favor de la actora en el juicio laboral (tercero interesada), sin que exista la incongruencia que delata, ya que al determinar la absolución en el pago por 'diferencias de pensión', lo hace en referencia a lo que concernía a alguna diferencia en la base de la pensión por jubilación, estableciendo en su parte considerativa que efectuados tales cálculos se generaba por dicho concepto a favor de la pensionada una cantidad mensual de $14,044.96 (catorce mil cuarenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) y que esta cantidad era inferior a la que se le había venido cubriendo, que lo era por $14,090.14 (catorce mil noventa pesos 14/100 M.N.), y que por tanto, en cuanto a dicho tópico concreto no había diferencias que cubrir; lo que es diverso de la condena que se establece en el resolutivo quinto de la interlocutoria analizada, en la que se refiere al pago por diferencias resultantes de la asignación mensual de la pensión que se fija una vez integrados todos los conceptos legales que debía considerar y deducciones por aplicar para su integración, de ahí que no exista la incongruencia delatada. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
A las nueve horas del uno de agosto de dos mil diecisiete, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de Amparo 531/2016-III-B, a la quejosa Olivia Meza Díaz; en cumplimiento al diverso proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete, emitido dentro del presente Juicio de Amparo, y con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de la materia, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de tres de mayo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Olivia Meza Díaz, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y resolviera de nueva cuenta, con plenitud de jurisdicción, ciñéndose a los lineamientos establecidos en las tesis que fueron transcritas en la misma sentencia. El fallo mencionado, en la parte conducente a sus efectos, señala: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California: a) Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, pronunciada en el incidente de liquidación derivado del expediente laboral 454/2010, instaurado por Olivia Meza Díaz, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dicte otra en la cual se pronuncie sobre el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales destacados en el presente fallo, o en sentido diverso." En fecha diez de julio del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente en Funciones de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual anexó la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En dicha sentencia interlocutoria se deja sin efectos la diversa resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, materia de controversia en este juicio de amparo, estableciendo en ella la junta responsable con respecto a su vinculación con la ejecutoria de amparo lo siguiente: para determinar la cantidad correspondiente a la cuantía básica de la pensión o jubilación, es necesario deducir del salario base los conceptos que se especifican en los incisos a), b) y c) del mismo artículo; a su vez, de autos se desprende como instrumental pública de actuaciones, la prueba documental exhibida por ambas partes consistente en Cédula de Datos para efectos de jubilación o pensión (f.88 y 125), así como el último talón de pago como activo (f.89), de igual forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato colectivo de Trabajo bienio 2007-2009, (f. 114-115) por los conceptos 107, 151 y 152, correspondientes al impuesto sobre producto de trabajo, fondo de jubilación y pensión y cuota sindical lo cual quedó acreditado mediante la Cedula de datos y el ultimo talón de pago de la actora como activo: (107) Provisión Fondo de Jubilaciones---$406.06 pesos. (151) ISR---------------------------------$360.16 pesos. (152) Fondo de Jubilaciones------$406.66 pesos. (180) Cuota Sindical------------------$105.35 pesos Por lo que después de realizar las operaciones aritméticas correspondiente nos da como resultado la cantidad por concepto de deducciones la cantidad de $1,277.63. Por lo que tenemos que en el laudo, se condenó a un salario diario de 4417.12, que corresponde al mensual de $12,513.60 pesos.- Si a dicha cantidad se le deduce los conceptos previstos en el artículo 5º del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (que han sido descritos líneas arriba) por la cantidad de $1,277.63 pesos mensuales, arroja una cuantía básica de $11,235.97pesos [..]. y el 25% de aguinaldo que se genera por $2,808.97 previstos en el artículo 6º del régimen multireferido generando como monto total de jubilación una cantidad mensual de tan solo $14,044.96. Cantidad que resulta inferior a la que la demandada ha venido cubriendo a la parte actora desde la fecha de su jubilación, del 16 de junio del 2009, por lo que se considera que no se genera cantidad alguna por diferencia en jubilación; es por lo anterior que se ABSUELVE al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a pagar a la parte ACTORA INCIDENTISTA diferencias en la pensión que reclama dentro de su incidente planteado." Estableciendo más adelante con respecto a la 'Fijación de la pensión mensual" fundamentalmente lo siguiente: dentro del mismo laudo ya citado, dentro de su CONSIDERANDO II.- En cumplimiento a la ejecutoria, visible en su página 4, se observa lo siguiente: ".tenemos que los conceptos que deben de tomarse en consideración para el cómputo y pago de la Pensión Jubilatoria por años de servicios prestados lo son los siguientes: SUELDO TABULAR $127.28 (01).- ALTO COSTO DE VIDA $87.78 (15/16).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $15.00 (20).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $48.34 (011).- AGUINALDO $31.80.- DESPENSA $13.33 (50).- AYUDA PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN $93.64 (22).- lo que sumados da un total de $417.12 lo cual multiplicado por 30 días nos da la suma de $12,513.60 pesos, de la cual y con fundamento en el artículo 459 del régimen de jubilaciones y pensiones y la cláusula 110 del contrato colectivo de trabajo, se le cubre el 100% de la misma, al contar la trabajadora con la antigüedad de 27 años, 20 quincenas, misma que según la tabla "A" que le corresponde por años de servicios, debiendo de cubrirse la pensión a la hoy actora por la suma mensual antes citada, a los cuales se le deberá de agregar el 25% que le corresponde por concepto de aguinaldo mensual que se le otorga al jubilado bajo las circunstancias de la actora en comento, tenemos que le corresponde la cantidad de $3,128.40 pesos y sumadas ambas, nos da la cantidad de $15,642.00 pesos, por concepto del importe de la jubilación mensual."; de lo anterior se desprende que fue fijada la cantidad de $15,642.00 pesos, por concepto de la pensión mensual; sin embargo, se podría decir que, ya que no se mencionó al respecto lo anterior, dentro de los resolutivos del citado laudo, es que se generó confusión de que no fue fijada la misma cantidad, empero, como si se efectuó, resulta innecesario el fijar de nueva cuenta el concepto citado, ya que como se observa, el mismo quedo especificado desde la emisión de ese laudo.- Y por lo que hace al cómputo de la diferencia después de fijar la correcta cantidad de pensión mensual y tomando en consideración que la demandada incidentista a la parte actora incidentista a partir del 16 de junio de 2009, le cubrió la cantidad de $14,090.14 pesos mensuales, por lo que después de efectuar la resta correspondiente a la pensión mensual, se tiene como resultado una diferencia a favor del actor de $1,551.86 pesos, los cuales al ser multiplicados por los 62 meses que han transcurrido hasta el mes de agosto del 2014, teniéndose a favor de la actora la cantidad de $96,215.32 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 327100 M.N.) por concepto de diferencia en el pago de la pensión mensual, razón por la cual se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL para que cubra la citada cantidad a la parte actora incidentista OLIVIA MEZA DÍAZ." Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara sin efectos la sentencia interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dictara otra en la cual se pronunciara sobre el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora, y como antes se vió, en la nueva resolución interlocutoria procedió a realizar los cálculos relativos sobre los conceptos o prestaciones que se le compelió en el laudo a tomar en cuenta, aplicando al mismo tiempo las deducciones de legalmente previstas, dictaminando de ahí la procedencia de una pensión mensual por la cantidad de $15,642.00 pesos (quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.) y el pago de diferencias resultantes por el lapso de tiempo que señala (sesenta y dos meses); tenemos entonces que el fallo firme de amparo se debe tener por cumplido. Lo anterior porque con ello la autoridad responsable fundó y motivó cómo es que arribó a tales determinaciones, estableciendo el procedimiento y los fundamentos para calcular ese monto y las diferencias resultantes a pagar por concepto de dicha pensión. Por lo tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la tercera interesada en el sentido de que la resolución interlocutoria aquí analizada resulta incongruente ya que se le absuelve del pago de la pensión y por otro lado, sin fundamento alguno, según indica, la condena a la misma prestación, aunado a que refiere que no se aplicaron las deducciones procedentes para establecer correctamente la cuantía de esa pensión; lo que se considera incorrecto, ya que la autoridad responsable sí estableció la mecánica para revelar de manera fundada y motivada como arribó a determinar la diferencia generada a favor de la actora en el juicio laboral (tercero interesada), sin que exista la incongruencia que delata, ya que al determinar la absolución en el pago por 'diferencias de pensión', lo hace en referencia a lo que concernía a alguna diferencia en la base de la pensión por jubilación, estableciendo en su parte considerativa que efectuados tales cálculos se generaba por dicho concepto a favor de la pensionada una cantidad mensual de $14,044.96 (catorce mil cuarenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) y que esta cantidad era inferior a la que se le había venido cubriendo, que lo era por $14,090.14 (catorce mil noventa pesos 14/100 M.N.), y que por tanto, en cuanto a dicho tópico concreto no había diferencias que cubrir; lo que es diverso de la condena que se establece en el resolutivo quinto de la interlocutoria analizada, en la que se refiere al pago por diferencias resultantes de la asignación mensual de la pensión que se fija una vez integrados todos los conceptos legales que debía considerar y deducciones por aplicar para su integración, de ahí que no exista la incongruencia delatada. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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