Olivia Muñoz Flores

Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
534/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Olivia Muñoz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de trece de julio de la presente anualidad; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en autos en los términos efectuados en su ocurso de referencia y diverso registrado con el folio ***. Procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente. Autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Ahora bien, para esclarecer lo que debe entenderse por "última resolución". Pr última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el cual se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que le informe la cantidad exacta de la pensión que recibe. Asimismo, de sus antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó en su demanda de amparo y escritos aclaratorios, así como del documento que anexó al ocurso de cuenta, se advierte que el citado controvertido se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que el acto reclamado se originó con motivo de la petición de la parte actora para materializar el embargo trabado en autos. De ahí que, si se trata de un acto de ejecución de sentencia, la demanda de amparo solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el juicio de origen, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte promovente; sin que ello ocurra en el presente asunto, pues el auto reclamado no se trata de aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento; por tanto, es evidente que en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, también estableció que tal interpretación por analogía no se extiende al grado tal que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, las partes tienen la posibilidad de impugnar actos en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución del laudo condenatorio, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del procedimiento de ejecución. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que la interpretación por analogía -que fue la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arribar a la conclusión que contiene el criterio jurisprudencial transcrito- procede únicamente cuando no existe precepto expreso en la norma y cuando los hechos en esencia sean iguales; siendo que, en el supuesto que nos encontramos, el legislador contempló de manera categórica la regla de procedencia tratándose de actos en ejecución de sentencia o en remate. En efecto, se obtiene la regla relativa a que el amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia únicamente procede en contra de la última resolución; sin embargo, tratándose de los restantes actos verificados en ejecución de sentencia, que no tengan relación directa con la ejecución, es decir, aquéllos actos que no tengan la intención o pretendan ejecutar la sentencia, debe de atenderse de manera genérica a la regla planteada por el legislador para los actos dentro de juicio. De lo contrario, se estaría aplicando como regla general la prevista ***, y no al revés, lo que trastocaría la intención del legislador al establecer reglas específicas para la procedencia del acto reclamado en este tipo de actos. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En este contexto, de la lectura integra de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y anexos respectivos, se advierte que, en el particular, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el cual se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que le informe la cantidad exacta de la pensión que recibe; en tanto, que aún no se materializa descuento sobre su pensión ni se tiene certeza del porcentaje correspondiente, lo que incluso puede no llegar acontecer si da cumplimiento a la ejecutoria de origen. Lo anterior, a petición de la parte actora con la finalidad de materializar el embargo trabado en autos de dicho sumario; de ahí que en el presente caso no se atienda a la regla de excepción que estipuló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ***; ya que, se itera, el acto tiene relación directa con el procedimiento de ejecución de la sentencia condenatoria, por lo que no se puede analizar su naturaleza de imposible reparación, ya que tal regla es para aquellos actos autónomos e independientes al procedimiento de ejecución. En consecuencia, al ser el acto reclamado parte del procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo que intenta la aquí quejosa resulta improcedente. En tales condiciones, resulta evidente que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista, lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, lo anterior, en virtud de que no existe duda en el suscrito juzgador para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional, en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. No obstante, no ha lugar a tenerla por cumplida, dado que la parte quejosa fue omisa en atender de manera completa el requerimiento efectuado en el arábigo 2, dado que no manifestó bajo protesta de decir verdad, el motivo por el cual el juez de origen ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que le informe la cantidad exacta de la pensión que recibe y si se debió a una petición de la parte actora; de ahí que se le prevenga nuevamente a efecto de que aclare esa circunstancia. En ese sentido, se reitera a la parte quejosa que, la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa. Se hace saber a la quejosa que se encuentra en aptitud de dar cumplimiento a la prevención realizada en el aludido proveído, en virtud de que a la fecha de presentación del escrito de cuenta, aún no comenzaba a transcurrir el plazo de dos días que se le otorgaron en el diverso acuerdo de cinco de julio de la presente anualidad, por el que se interrumpió el término de referencia a efecto de que de cabal cumplimiento a dicho requerimiento; por tanto, el plazo de dos días se computará una vez que se notifique el presente proveído. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para el caso de incumplimiento. En el entendido de que, al desahogar la prevención, la quejosa deberá exhibir las copias suficientes de sus escritos aclaratorios para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por ***, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional. Al respecto, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención en comento, dado que, la parte quejosa puede autorizar a un abogado o licenciado en derecho para realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante; sin embargo, la autorizada de referencia no está facultada para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa. En consecuencia, se ordena la interrupción del plazo concedido a la parte quejosa a efecto de que dé cabal cumplimiento, hasta en tanto sea notificada del presente proveído, con la finalidad de evitar violaciones procesales y que se encuentre en posibilidad de desahogar en sus términos la prevención ordenada. Por tanto, tomando en consideración que el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, fue notificado electrónicamente el veintinueve siguiente, resulta inconcuso que a la fecha de presentación del escrito aclaratorio (cinco del mes en curso), transcurrieron tres días del plazo de cinco que se le concedieron para desahogar el requerimiento efectuado en autos. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con dos días del referido plazo, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé cabal cumplimiento a la prevención formulada.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano