Olivia Muñoz Flores

Expediente 991/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
991/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Olivia Muñoz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual devuelve el original del expediente en que se actúa y remite testimonio de la resolución dictada el veinticuatro de febrero del año en curso, dentro de los autos del recurso de queja civil *** del registro de su adscripción; cuyos puntos resolutivos establecen: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo ***. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y destrúyase el cuaderno de antecedentes respectivo. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual, acusa recibo del juicio de amparo *** y del escrito de expresión de agravios con copias del recurso de queja interpuesto por la quejosa ***, en contra del proveído de doce de noviembre del presente año, que desechó la demanda de amparo intentada; además, informa que se admitió el referido medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número *** de su índice; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, dictado dentro del presente juicio de amparo. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Presidencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso que se tramita. Ríndase al tribunal colegiado el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de ***, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien del numeral 113 de la Ley de Amparo se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que en lo particular la promovente reclama de las autoridades responsables, el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del juzgado señalado como autoridad responsable, en el cual, se ordena girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que orden el descuento de pensión de la quejosa y ponerlo a disposición de ***, en cumplimiento a la interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el referido juicio, en la que se aprobó la planilla de liquidación. Sin embargo, se considera que en lo particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo: dado que, se ejerció el medio de control constitucional sin colmar de forma previa contra el acto reclamado, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Previo al análisis de la causa de improcedencia en comento, para mejor comprensión, resulta pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado manifestados por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", consistentes en los siguientes: El cuatro de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del juzgado señalado como responsable, en la que se condenó a la demandada, aquí quejosa, al pago de la suerte principal, el pago de intereses moratorios causados desde el momento de la constitución en mora del documento, hasta su total liquidación. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación formulada por la parte actora en el juicio de origen, en cantidad de ***, por concepto de la suma de la suerte principal de *** más los intereses moratorios de cuatro pagarés base de la acción en cantidad de ***. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de realizar la retención a la pensión de la quejosa en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Oficio que constituye el acto reclamado en este juicio. El juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." (.) Por su parte el artículo 61, fracción XVIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 1334, 1335 y 1340 del Código de Comercio reformado, disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." En lo particular, ***, reclama del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, en el cual, se ordena girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que ordene el descuento a la pensión de la quejosa y ponerlo a disposición de ***; ello en ejecución de la sentencia condenatoria en dicho juicio. Sin embargo, se estima que antes de instar la vía constitucional, la quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo; dado que, en el auto que ordenó el embargo sobre su pensión por su jubilación, es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión de la Juez responsable, que en el caso lo es el recurso de revocación previsto por los artículos 1334 y 1335, del Código de Comercio, que resulta ser el idóneo, por ser la normatividad que rige al acto reclamado. Como se ve, de la interpretación literal de dichos dispositivos legales se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de primera instancia en los procedimientos civiles y mercantiles y procede contra decretos y autos dictados en esa instancia que no sean apelables. Así, el recurso de revocación es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso, y se clasifica también como recurso ordinario, en cuanto que procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no sólo contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. De esta forma, tenemos que los decretos o autos que no fueren apelables, pueden ser impugnados a través del recurso de revocación y, el propio órgano jurisdiccional de primera instancia puede tomar alguna de las siguientes decisiones: (i) confirmar su propia resolución, en el caso de que la encuentre ajustada a derecho, o bien, (ii) modificar parcialmente o (iii) revocar totalmente su propia resolución, en el caso de que la considere no apegada a derecho. Ello es así, toda vez que conforme al párrafo primero del artículo 1340, del invocado ordenamiento legal (de acuerdo a la fecha en la que debió instarse el medio de impugnación), si la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a *** por concepto de suerte principal, entonces, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, lo que se robustece con el contenido del artículo 1339 del citado Código, al referir que solo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de *** por concepto de suerte principal, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables; entonces, los autos dictados en los juicios mercantiles de cuantía menor, son impugnables mediante el recurso de revocación. En tales circunstancias, se dice que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud de que lo antes expuesto, pone de manifiesto que el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ***, en el que se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, a efecto de que ordene el descuento a la pensión de la quejosa y ponerlo a disposición de María Cristina Reyes Roldán, al no tener la parte quejosa el carácter de tercero extraña en el juicio de donde emana el acto reclamado, dado que es parte demandada en el sumario de origen y fue emplazada al mismo, era jurídicamente posible que previamente al ejercicio de la acción constitucional, interpusiera el recurso de revocación ante la juez responsable, dentro del término legal establecido, para que dicha determinación pudiera ser confirmada, modificada o revocada. Máxime, que en este juicio constitucional no reclama el emplazamiento al juicio natural. Por tanto, la parte quejosa al promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso procedente, para que la citada autoridad estuviera en aptitud de oír las razones y resolver lo que en derecho proceda, en consecuencia, pasó por alto el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional (parte demandada), adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al tanto de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitirá, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar; de manera que, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada. En esas condiciones, contra el auto catorce de octubre de dos mil veintiuno, aquí reclamado, procedía el recurso de revocación, el cual no fue accionado previamente conforme a las normas que rigen el juicio de origen, y no obstante que podría considerarse como un acto de imposible reparación, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, incluso tratándose de estos actos, deben agotarse previamente los recursos ordinarios contra ellos. En ese tenor, al no haber agotado el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, y al no ubicarse la quejosa en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime, que el acto reclamado, en el caso la orden de embargo sobre una parte de la jubilación de la quejosa, se ubica en la etapa de ejecución de la sentencia, por lo que en estas condiciones por encontrarse íntimamente vinculado con ésta, y no ser la última resolución dictada en dicho periodo, ni aun considerando que con dicho acto se violen derechos fundamentales de aquella procedería el juicio de amparo, por la básica consideración de que, por no ser ajenos, sino relacionados con la cosa juzgada, debe agotar los medios de defensa ordinarios correspondientes y, una vez que se dicte la resolución que declare cumplida la ejecutoria o la imposibilidad material o jurídica para ello, será cuando pueda hacer valer en amparo indirecto la violación ahora señalada o cualquier otra que surja con posterioridad, pero, en principio debe interponer los medios de defensa correspondientes y solo después, sino encuentra remedio en la vía ordinaria, cuando se den los supuestos antes mencionados, hacerlo valer en la vía extraordinaria de amparo, mas no en este momento procesal porque, se reitera, en esta etapa aún se está ejecutando una sentencia firme que es de orden público y justamente por ello no puede detenerse, sino hasta la emisión de la última resolución. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; dado que, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario en contra del acto que reclama, mismo que es susceptible de ser reclamado ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. En tales consideraciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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