Olivia Jalima Vega Corany
Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abogada General de la Universidad Veracruzana, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz
- Olivia Jalima Vega Corany
Actuaciones
- Principal
"... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Olivia Jalima Vega Corany, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Veracruzana, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 442/2022-II-A. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente, reclama lo siguiente: ". PRIMERO. Convocatoria para ocupar plaza de docente para la Experiencia Educativa "Teoría del Conocimiento" y "Formación Social Mexicana", identificada con el folio C202301-0001, emitida por La Secretaria Académica, la Secretaría de Administración y finanzas y la Dirección General del Área de ciencias de la Salud, todas estad de la Universidad Veracruz. SEGUNDO. Resultados publicados por el director general del Área Académica de ciencias de la Salud de la universidad Veracruzana, de fecha 29 de julio de 2022, identificados con el número de folio 2002. TERCERO. Resolución Recaída en los autos del expediente del Recurso de Inconformidad, identificado con la clave alfa-numérica AG/CHyJ/ACAD/011/2022, promovido por la suscrita quejosa, en contra de los resultados señalados como segundo acto reclamado, emitida por la comisión de honor y Justicia de la Universidad Veracruzana." Sentado lo anterior, este Juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.(.)" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Esto es, las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución: Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, Novena Época, con número de registro 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Aunado a lo anterior, resulta conveniente precisar que el máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, con número de registro 161133, de título y contenido siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Cabe señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 153/2008, estableció que la figura de la autonomía de la que están dotadas las universidades públicas tiene su origen, en el artículo 3o., fracción VII de la Constitución General, ya que señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales. Asimismo, que en la Carta Magna se precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas para: Determinar sus planes y programas; Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, Administrar su patrimonio. Por tanto, la autonomía universitaria, conlleva constitucionalmente a que las universidades públicas autónomas gocen de independencia para determinar por sí solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio: De esa forma, la autonomía de las universidades públicas deriva directamente de la Constitución Federal y de las leyes por virtud de las cuales son creadas. Esa autonomía les dota de capacidad, entre otras hipótesis, para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior. Así, la Primera Sala señaló que una de las competencias que comprenden al principio de autogobierno de las Universidades, consiste en la denominada competencia ejecutiva, conforme a la cual se establece que las universidades públicas son titulares de todas las competencias ejecutivas que correspondan al desarrollo y ejecución tanto de los principios constitucionales consagrados en el artículo 3o. de la Constitución Federal o en cualquier otro precepto iusfundamental; como de las leyes expedidas por los cuerpos legislativos y de las propias normas que aquéllas emiten. Dentro de las que se encuentran las de designación de los funcionarios de las universidades. De lo expuesto, el máximo tribunal concluyó, en lo que interesa que la garantía institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación. En ese orden, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y 2o de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana disponen: "Artículo 10. (.) Las instituciones de educación superior del Estado dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana, tendrán la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; contarán con autonomía presupuestaria y administrarán libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por lo servicios que preste, así como por los demás que señale su ley. En el caso de la Universidad Veracruzana, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Los bienes inmuebles de las instituciones de educación superior del Estado dotadas de autonomía, destinados a la prestación del servicio público educativo, estarán exentos del pago de contribuciones locales y municipales." "Artículo 1. La Universidad Veracruzana es una Institución pública de educación superior, autónoma, de interés social y con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de Veracruz-Llave y regida por las disposiciones de esta Ley, el Estatuto General y los Estatutos y Reglamentos especiales aprobados por el Consejo Universitario General." "Artículo 2°. La Universidad Veracruzana es una institución pública y autónoma de educación superior, que tiene la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, nombrar a sus autoridades, determinar sus planes y programas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, conforme a los principios dispuestos por la Constitución Política del estado y que regula la legislación ordinaria." Lo resaltado es propio. De los citados preceptos se obtiene que la Universidad Veracruzana es una institución pública, autónoma en su régimen interno para autogobernarse, administrar su patrimonio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y además que está dotada de plena capacidad para celebrar todo tipo de actos jurídicos. En ese contexto, la promovente del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad, que la Universidad Veracruzana emitió una convocatoria a plaza de docente para la Experiencia Educativa "Teoría del Conocimiento" y "Formación Social Mexicana", en la cual decidió participar, agotando el trámite de cada una de sus etapas; sin embargo, el veintinueve de junio de la presente anualidad le fue comunicado, que no obtuvo un resultado favorable, por lo que interpuso recurso de inconformidad, así el doce de agosto del año en curso, la quejosa tuvo conocimiento que dicho recurso fue declarado como improcedente. Expuesto lo precedente, permite establecer que, en el caso, los actos que reclama la parte quejosa relacionados con el concurso de oposición para ocupar plaza como docente, ofertado en la convocatoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, no son actos autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la emisión de los actos reclamados en estudio por parte de las autoridades responsables, tiene su origen dentro de un procedimiento interno que establece derivado de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la Universidad Veracruzana (competencia ejecutiva) según lo disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y 2o de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. De ahí que, no puedan considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo, porque los actos que se les atribuyen no emanan de órganos en ejercicio de un poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecten de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, ya que en todo caso éstos tienen consecuencias jurídicas al interior de la Universidad, en las que las responsables actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección, en ejercicio de su autonomía y autogobierno. En efecto, el nombramiento de ingreso del personal académico, como se vio, es una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la Universidad Veracruzana; de tal modo, que el promovente del amparo, en su caso, únicamente tiene la calidad de aspirante a la plaza de docente sujeta a concurso, pero no de gobernado en el que se viera afectado por no resultar favorecido con el nombramiento; máxime que con la designación en favor de diversa persona, no se advierte de qué forma se haya alterado su esfera jurídica, pues como participante solo tenía una expectativa a ser nombrado, pero no un derecho a ser elegido de entre todos los aspirantes. Por las razones que la sustentan, tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, Novena Época, con número de registro 164876, de epígrafe y pasaje siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." En ese sentido, se estima que por la naturaleza de los actos reclamados en el juicio de amparo al que este juicio se contrae, no pueden estimarse como de autoridades, impugnables vía juicio de amparo y, por tanto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la emisión del artículo 63 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana que tilda de inconstitucional, se estima que debe hacerse extensivo el desechamiento en mención, en virtud que, la impugnación de la inconstitucionalidad de leyes o disposiciones de observancia general, no puede desvincularse del estudio de los actos de aplicación, y si respecto de éste se actualizó una causa de improcedencia, como sucede en el caso concreto, debe también desecharse respecto de la ley o disposición de observancia general. Tal criterio encuentra sustento en la jurisprudencia 348, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4034, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, Materia Constitucional, Apéndice 1917-septiembre 2011, Novena Época, Registro 1005146, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, este órgano jurisdiccional encontró plenamente demostrado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que se advirtió en forma patente de la lectura de la demanda y sus documentos anexos, de manera que aun en el supuesto de admitirse y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; aunado a que la existencia de jurisprudencia aplicable al caso, la cual es obligatoria en términos de los artículos 217 de la Ley de Amparo, en la que se definen ciertos aspectos que directamente dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia y, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver; entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que da pie a que se advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a ésta potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle prolongación 8 Norte, edificio Juárez, sin número, segundo piso, despacho 6, colonia Obras Sociales, en esta ciudad. Asimismo, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Héctor Hugo Viveros G. Saldaña, en virtud que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. DATOS DE CONTACTO DE LA PARTE QUEJOSA De igual manera en términos de lo dispuesto por el conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico 7821669206, a fin de que se pueda entablar comunicación no procesal, sin que para tal efecto proceda a practicarle las notificaciones por este medio. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente incidente de suspensión deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se instruye al secretario encargado de la mesa que la Oficial Judicial "A", encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia, debido a que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se tiene centro de copiado de acceso al público. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente expediente resulten necesarios. En otro contexto, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, que conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Por último, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en términos del artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.
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LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por *-*-*-*-*-*-*, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Veracruzana, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 442/2022-II-A. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente, reclama lo siguiente: ". PRIMERO. Convocatoria para ocupar plaza de docente para la Experiencia Educativa "-*-*-*-*-*-*-*-*-", identificada con el folio-*-*-*-*-*-, emitida por La Secretaria Académica, la Secretaría de Administración y finanzas y la Dirección General del Área de ciencias de la Salud, todas estad de la Universidad Veracruz. SEGUNDO. Resultados publicados por el director general del Área Académica de ciencias de la Salud de la universidad Veracruzana, de fecha 29 de julio de 2022, identificados con el número de folio 2002. TERCERO. Resolución Recaída en los autos del expediente del Recurso de Inconformidad, identificado con la clave alfa-numérica *-*-*-*-*-*, promovido por la suscrita quejosa, en contra de los resultados señalados como segundo acto reclamado, emitida por la comisión de honor y Justicia de la *-*-*-*-*-*." Sentado lo anterior, este Juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.(.)" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Esto es, las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución: Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, Novena Época, con número de registro 199459, de rubro y texto siguientes: Aunado a lo anterior, resulta conveniente precisar que el máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Cabe señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 153/2008, estableció que la figura de la autonomía de la que están dotadas las universidades públicas tiene su origen, en el artículo 3o., fracción VII de la Constitución General, ya que señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales. Asimismo, que en la Carta Magna se precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas para: Determinar sus planes y programas; Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, Administrar su patrimonio. Por tanto, la autonomía universitaria, conlleva constitucionalmente a que las universidades públicas autónomas gocen de independencia para determinar por sí solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio: De esa forma, la autonomía de las universidades públicas deriva directamente de la Constitución Federal y de las leyes por virtud de las cuales son creadas. Esa autonomía les dota de capacidad, entre otras hipótesis, para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior. Así, la Primera Sala señaló que una de las competencias que comprenden al principio de autogobierno de las Universidades, consiste en la denominada competencia ejecutiva, conforme a la cual se establece que las universidades públicas son titulares de todas las competencias ejecutivas que correspondan al desarrollo y ejecución tanto de los principios constitucionales consagrados en el artículo 3o. de la Constitución Federal o en cualquier otro precepto iusfundamental; como de las leyes expedidas por los cuerpos legislativos y de las propias normas que aquéllas emiten. Dentro de las que se encuentran las de designación de los funcionarios de las universidades. De lo expuesto, el máximo tribunal concluyó, en lo que interesa que la garantía institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación. En ese orden, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y 2o de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana disponen: "Artículo 10. (.) Las instituciones de educación superior del Estado dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana, tendrán la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; contarán con autonomía presupuestaria y administrarán libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por lo servicios que preste, así como por los demás que señale su ley. En el caso de la *-*-*-*-, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Los bienes inmuebles de las instituciones de educación superior del Estado dotadas de autonomía, destinados a la prestación del servicio público educativo, estarán exentos del pago de contribuciones locales y municipales." "Artículo 1. La Universidad Veracruzana es una Institución pública de educación superior, autónoma, de interés social y con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de Veracruz-Llave y regida por las disposiciones de esta Ley, el Estatuto General y los Estatutos y Reglamentos especiales aprobados por el Consejo Universitario General." "Artículo 2°. La Universidad Veracruzana es una institución pública y autónoma de educación superior, que tiene la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, nombrar a sus autoridades, determinar sus planes y programas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, conforme a los principios dispuestos por la Constitución Política del estado y que regula la legislación ordinaria." Lo resaltado es propio. De los citados preceptos se obtiene que la -*-*-*-*-es una institución pública, autónoma en su régimen interno para autogobernarse, administrar su patrimonio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y además que está dotada de plena capacidad para celebrar todo tipo de actos jurídicos. En ese contexto, la promovente del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad, que la -*-*-*-*-*-emitió una convocatoria a plaza de docente para la Experiencia Educativa "*-*-*-*-*-*-*-*-*-*", en la cual decidió participar, agotando el trámite de cada una de sus etapas; sin embargo, el veintinueve de junio de la presente anualidad le fue comunicado, que no obtuvo un resultado favorable, por lo que interpuso recurso de inconformidad, así el doce de agosto del año en curso, la quejosa tuvo conocimiento que dicho recurso fue declarado como improcedente. Expuesto lo precedente, permite establecer que, en el caso, los actos que reclama la parte quejosa relacionados con el concurso de oposición para ocupar plaza como docente, ofertado en la convocatoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós por la Facultad de Derecho de la *-*-*-*-*-*-*-, no son actos autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la emisión de los actos reclamados en estudio por parte de las autoridades responsables, tiene su origen dentro de un procedimiento interno que establece derivado de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la Universidad Veracruzana (competencia ejecutiva) según lo disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y 2o de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. De ahí que, no puedan considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo, porque los actos que se les atribuyen no emanan de órganos en ejercicio de un poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecten de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, ya que en todo caso éstos tienen consecuencias jurídicas al interior de la Universidad, en las que las responsables actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección, en ejercicio de su autonomía y autogobierno. En efecto, el nombramiento de ingreso del personal académico, como se vio, es una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la Universidad Veracruzana; de tal modo, que el promovente del amparo, en su caso, únicamente tiene la calidad de aspirante a la plaza de docente sujeta a concurso, pero no de gobernado en el que se viera afectado por no resultar favorecido con el nombramiento; máxime que con la designación en favor de diversa persona, no se advierte de qué forma se haya alterado su esfera jurídica, pues como participante solo tenía una expectativa a ser nombrado, pero no un derecho a ser elegido de entre todos los aspirantes. En ese sentido, se estima que por la naturaleza de los actos reclamados en el juicio de amparo al que este juicio se contrae, no pueden estimarse como de autoridades, impugnables vía juicio de amparo y, por tanto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la emisión del artículo 63 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana que tilda de inconstitucional, se estima que debe hacerse extensivo el desechamiento en mención, en virtud que, la impugnación de la inconstitucionalidad de leyes o disposiciones de observancia general, no puede desvincularse del estudio de los actos de aplicación, y si respecto de éste se actualizó una causa de improcedencia, como sucede en el caso concreto, debe también desecharse respecto de la ley o disposición de observancia general. Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, este órgano jurisdiccional encontró plenamente demostrado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que se advirtió en forma patente de la lectura de la demanda y sus documentos anexos, de manera que aun en el supuesto de admitirse y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; aunado a que la existencia de jurisprudencia aplicable al caso, la cual es obligatoria en términos de los artículos 217 de la Ley de Amparo, en la que se definen ciertos aspectos que directamente dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia y, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver; entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que da pie a que se advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a ésta potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. ...
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