Olimpo Vázquez Juárez

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Olimpo Vázquez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    "... En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se DESECHÓ la demanda de amparo. Por otro lado, el presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Y como lo dispone el artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada, en la caratula del expediente. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)...."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...SINTESIS DEL AUTO DICTADO EN TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS...Acuerdo: En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obra notificación personal a la parte quejosa del proveído de tres de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento 17 constitucional, se comisiona al actuario a fin de que practique la notificación correspondiente del proveído de tres de mayo pasado, de conformidad con el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. Notifíquese personalmente....SISTENSIS DEL AUTO DICTADO EN TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS...Número de expediente: 253/2023 Acuerdo: En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Olivia Rocha Valdés, endosataria en procuración de Olimpo Vázquez Juárez, contra actos del Juez Cuarto Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 253/2023-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página 1631, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] la resolución pronunciada el 10 de abril del año en curso mediante el cual se declara judicialmente que ha sido procedente la cancelación solicitada; del C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptima demarcación registrar, como ejecutora, la cancelación del embargo dispuesto bajo la nota marginal número 1, relativa al juicio ejecutivo mercantil número 1928/2012 del índice del Juzgado 4° de 1° Instancia Especializado en Materia Familiar de este distrito judicial [.]" Sin embargo, se estima que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En atención a la causa de improcedencia invocada, es pertinente dejar asentado que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, existe el denominado "principio de definitividad", consagrado en el artículo 107, fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Este principio, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa, que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; por lo que, existiendo éstos sin que en su oportunidad sean interpuestos por la parte quejosa, el juicio de garantías es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza misma del amparo, ya que éste es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos o medios de defensa legales que procedan. Por tanto, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso, que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la quejosa deba agotar los recursos y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo expuesto, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante del amparo. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 2ª./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Común, Administrativa, Novena Época, que establece lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así, los elementos con los que se integra la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa; Por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas; Y, únicamente se contemplan como casos de excepción los señalados en las fracciones a), b) y c) de la mencionada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sin que en el caso de estudio se trata de alguno de dichos supuestos de excepción. Bajo esa consideración, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es pertinente verificar el contenido de los artículos 1339 y 1356 del Código de Comercio, que refiere lo siguiente: "Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253." ".Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo." De lo anterior, se colige que la interpretación sistemática y funcional de los citados preceptos conduce a estimar, que en contra de la resolución interlocutoria reclamada la legislación en comento prevé el recurso ordinario de revocación. En relación a ello, es de atenderse a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 401, materia civil, que establece: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Del criterio jurisprudencial invocado, se obtiene que cuando el monto de la suerte principal en el juicio de origen no es de cuantía mayor como refiere el artículo 1339 del código en cita, que se exigía para la procedencia del aludido medio legal de defensa, apelación; los autos recaídos en esos juicios pueden ser revocados por el juez que los dictó. Ahora, en el caso se tiene que la suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil 1928/2023 del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, es de $100,000.00 (cien mil pesos 100/00 moneda nacional), como se advierte de la copia del escrito inicial de demanda del juicio de origen y su respectivo documento base de la acción; por tanto, atendiendo a las disposiciones transcritas, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debía agotarse el recurso de revocación contra la resolución dictada el diez de abril del año en curso, aquí reclamada. Para ello, es aplicable la jurisprudencial 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA EN ESTUDIO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso a, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en avenida Veracruz, número 2, colonia Anahuac, en esta ciudad. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elizabeth Del Ángel Rivera, por no contar con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y únicamente para imponerse de autos a Josefa Betancourt Pérez, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. Sin que haya lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico que señala, toda vez que no se trata de un usuario propiamente para tener acceso al expediente electrónico; máxime que señaló domicilio procesal en la ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en días y horas hábiles, en el entendido que las mismas serán de manera electrónica. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente en caso de que el mismo sea formado de manera física, y así de una manera más ágil haga uso de estás. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. Notifíquese...."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano