Olivia Elizabeth López Flores
Expediente 1277/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Olivia Elizabeth López Flores
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia de veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés, que sobreseyó en este sumario. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las demás partes, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado el sentido de sobreseimiento de la sentencia, se estima no les causa ningún perjuicio. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los párrafos penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, resulta competente para conocer de este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción Vll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado y su ejecución, se le atribuye a una autoridad circunscrita, en razón de territorio, al lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de las autoridades responsables. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a la tesis jurisprudencial P/J40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se precisan las autoridades responsables y los actos reclamados, advertidos de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables; Autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de acordar los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. TERCERO: CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, no obstante haberlo negado al rendir su informe respectivo. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que además se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ********************, que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, por tratarse de documentales públicas emitidas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO", con registro 394182. De las que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable no se había pronunciado respecto de los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, presentados por la hoy quejosa en el juicio laboral ********************. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen oficioso, de orden público y estudio preferente. En este sentido, cobra aplicación la jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En efecto, de las pruebas documentales que obran en el sumario, se advierte que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el presidente de la junta responsable, dictó un auto en el que acordó los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, presentados por la hoy quejosa en el juicio laboral ********************, mismo que fue notificado a la parte quejosa el cinco de septiembre de la presente anualidad; por ende, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de agosto de dos mil veintitrés), aún existía dicho acto que reclamaba la promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado descrito ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido en su totalidad la vista otorgada a las partes en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, ya que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser pronta, completa e imparcial, y a ningún fin práctico conduciría esperar que dicha vista transcurra, dado que la causal de improcedencia invocada no podría desvirtuarse. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó el juicio, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por********************, contra el acto y autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos: I. La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por ********************. II. El oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y nueve dela Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y remite constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Tocante al apartado II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos la comunicación con anexo de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; y con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales anexas al oficio que se provee, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente; sin embargo, obran digitalizadas en el expediente electrónico y serán valoradas en el momento oportuno, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta suscrito por la quejosa *****, por medio del cual desahoga la prevención hecha en auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta y se tiene por desahogada la prevención realizada en el proveído de referencia. DESECHAMIENTO PARCIAL Antes de proveer sobre la admisión de demanda debe tomarse en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable... En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del 1) Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y 2) Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: A) La omisión y dilación de tomar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve sea cumplido, dentro de los términos y plazos que fija la Ley Federal del Trabajo. Mientras que respecto de la autoridad precisada en con el número 1), reclama: B) La omisión de acordar los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 480/2011 Ahora bien, respecto del acto sintetizado en el inciso A), reclamado al Presidente de la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del juicio laboral 480/2011, de su índice, se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, y V; y 63, fracción IV, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por Olivia Elizabeth López Flores, contra el acto precisado en el inciso A), consistente en la omisión y dilación de tomar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve sea cumplido, dentro de los términos y plazos que fija la Ley Federal del Trabajo, que reclama del 1) Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y 2) Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad y acto precisados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: ? Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ? La omisión de acordar los escritos de nueve de octubre de dos mil veinte y quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 480/2011. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. AUDIENCIA. Conforme con lo dispuesto en al artículo 115 de la Ley de Amparo, se procede a señalar las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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