Olivia Elizabeth López Flores
Expediente 1178/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2023
Partes del expediente
- Olivia Elizabeth López Flores
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Olivia Elizabeth López Flores. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado por la quejosa *********, mediante el cual ocurre a desahogar la prevención efectuada en auto de veintisiete de julio de esta anualidad. Al efecto, se acuerda I. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el ocurso de cuenta; y en atención a su contenido se tiene por desahogada la prevención formulada en la actuación de referencia. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de tomar medidas necesarias para que la ejecución del laudo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, sea pronta y expedita dentro del expediente 480/2011. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, respecto del acto sintetizado en el inciso A, reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del juicio laboral 480/2011, de su índice, se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, y V; y 63, fracción IV, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Se asevera lo anterior porque en principio, los actos inminentes son aquellos respecto de los cuales prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de la tesis de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4 de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia de la literalidad siguiente: AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo. Así, el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. Ahora bien, la aseveración de que en el caso en concreto no se actualiza la hipótesis señalada con antelación, obedece a que la parte quejosa reclama de modo genérico la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas para la ejecución del laudo en el juicio de origen; es decir, señala como acto reclamado de manera genérica la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo en el juicio laboral 480 2011, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el cual se torna jurídicamente inexistente al momento de presentar la demanda de amparo, por ser de realización futura e incierta, máxime que no puede constreñirse a la responsable ordene proveer lo conducente de manera oficiosa, pues ese impulso corresponde a la ejecutante. Sirve como ilustración a la anterior consideración lo establecido en la jurisprudencia que se transcribe: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Máxime que en ese sentido, el acto que en esta instancia se reclama, no tiene efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; pues es obligación de la parte quejosa que al efecto impulse el procedimiento de ejecución de laudo, solicitando a la responsable aperciba a la parte demandada con la medida de apremio que considere pertinente, sin que ello obligue a la responsable a proceder del modo en que éste solicite, pero sí a que ésta valore si resulta o no procedente. Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV 96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA, sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia PJ 4 2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO., en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2 J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Por ende, no puede acudirse al juicio de amparo, a reclamar omisiones genéricas, menos aun atendiendo que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución, en el que es necesario que la parte vencedora requiera el impulso e intervención del ejecutante, las cuales pudieran no llegar a materializarse. Esto es así ya que la quejosa debe de esgrimir una afectación en concreto, esto es, que previa solicitud a la autoridad ésta haya incurrido en una violación a sus derechos sustantivos, como podría ser la omisión de acordar lo relativo, o bien incurriendo en alguna deficiencia en el auto condigno que recaiga a su petición en torno a las medidas que le faculta la ley de la materia para llevar a cabo la ejecución del laudo o sus determinaciones, esto en concordancia con la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Lo cual no acontece en la especie, pues si bien es cierto en el capítulo de hechos de la demanda se desprende que la parte quejosa esgrimió que solicitó mediante escrito de quince de diciembre de dos mil veintidós, la ejecución, requerimiento y cumplimiento del laudo, no menos lo es que, en auto de veintisiete de julio del año en curso, este juzgado le previno para que manifestara si era su deseo, señalar como acto reclamado dicha actuación, siendo que la impetrante al desahogar la misma aludió que el acto reclamado era ".La omisión de tomar medidas necesarias para que la ejecución del laudo de fecha 16 de enero del año 2019, sea pronta y expedita dentro del expediente número 480/2011.. De ahí que como se dijo, la peticionaria, establece como acto reclamado una omisión genérica de aplicar las medidas necesarias para la ejecución del laudo en el juicio de origen, siendo su obligación conforme al arábigo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, señalar de manera puntual el acto concreto y real que le causa afectación (previa petición a la responsable, en la etapa de ejecución), ello a fin de que pueda fijarse al momento de emitir la resolución el acto de molestia conforme a lo establecido en el artículo 74, de la ley de la materia, y así en su caso, la sentencia de amparo pueda concederse para los efectos de restaurar a los quejosos en el pleno goce de sus derechos. Máxime que la suplencia de la queja deficiente en el juicio constitucional se limita a mejorar, subsanar e invocar los conceptos de violación o agravios, entendidos como las lesiones que irroguen los actos reclamados, sin embargo esa institución no tiene el alcance de que el juzgador considere como actos reclamados, aquellos que el quejoso no señaló, pues incluso el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la propia ley, dispone que el órgano jurisdiccional debe requerir al promovente para que aclare su demanda cuando omita expresar los actos que de cada autoridad reclame y, si no cumple la prevención, no puede subsanarse esa deficiencia. Corrobora la anterior determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2 J 45/2007 Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el promovente es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, y 107, fracción IV, y 63 fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto; el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa ********************, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, en la que se le requirió lo siguiente: "PRIMERO: Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que de forma real, actual e inminente le causa perjuicio, esto es, deberá precisar si se duele de la omisión de acordar el escrito de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral respectivo o bien señale cual es el acto reclamado que es atribuible a la autoridad responsable, además, debe fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, debiendo ser claro y preciso respecto del actuar de ésta, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo." [.] SEGUNDO: Conforme a lo anterior, señale a que autoridad le atribuye el acto reclamado, esto es al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, o bien a dicha Junta." Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención en cuanto al punto segundo. Por otro lado, no se tiene por desahogada la prevención decretada respecto del punto uno, toda vez que de sus manifestaciones se advierte que reitera lo descrito en su demanda de amparo, en el sentido de que el acto reclamado consiste en "La omisión y dilación de dar cumplimiento al laudo de fecha 16 de enero de 2019 en los términos y plazos que fija el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo", siendo que los actos omisivos de dar cumplimiento del laudo no son actos atribuibles a las autoridades responsables. Máxime que el acto reclamado debe fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, debiendo ser claro y preciso respecto del actuar de ésta, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. Por tanto, hágase saber a la parte promovente que continúa transcurriendo el plazo contenido en el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, pues este corría del uno al siete de agosto del dos mil veintitrés, ello en la inteligencia de que dicho termino se interrumpió con la presentación del presente escrito y aún le quedan cinco días para su desahogo, el cual comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en el entendido que persiste el apercibimiento consistente en que, de no desahogar el requerimiento en los términos apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Olivia Elizabeth López Flores, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1178/2023-V. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. PREVENCIÓN. A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO: Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que de forma real, actual e inminente le causa perjuicio, esto es, deberá precisar si se duele de la omisión de acordar el escrito de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral respectivo o bien señale cual es el acto reclamado que es atribuible a la autoridad responsable, además, debe fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, debiendo ser claro y preciso respecto del actuar de ésta, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. Tiene exacta aplicación al caso concreto la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2013, Décima época, Común, con registro 2005150, que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Es así, toda vez que del contenido de su demanda en el capítulo relativo al acto reclamado se aprecia que se duele de: "La omisión y dilación de dar cumplimiento al laudo de fecha 16 de enero de 2019, en los términos y plazos que fija el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo." (Sic). Asimismo, refiere en los hechos de su demanda de amparo, "III. En cumplimiento a las formalidades del procedimiento, la suscrita solicitó mediante escritos de fechas 09 de octubre de 2020 y 15 de diciembre de 2022, la ejecución, requerimiento y cumplimiento del laudo. Sin embargo, no existe pronunciamiento al respecto por parte de las autoridades señaladas como responsables." (Sic). Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. SEGUNDO: Conforme a lo anterior, señale a que autoridad le atribuye el acto reclamado, esto es al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, o bien a dicha Junta. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO, AUTORIZADOS, EXPEDIENTE Y CONSULTA ELECTRÓNICA. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Quinta Poniente Sur número 127, segundo piso, Colonia Centro de esta ciudad. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Elías Cabrera Ruiz y/o Federico Yanpool Gómez Aguilar y/o Susana Martínez Cueto, y/o Griselda Jiménez Barrios y/o Alejandro Miceli Estrada y/o Jhonatan Francisco García Vázquez y/o Elisa Sánchez Martínez y/o Adilene Candelaria de la Cruz Gutiérrez, en virtud que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, mismas que los acreditan como licenciados en derecho. Asimismo, téngase como autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones a Eric Alejandro Herrera Maldonado, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. Por otro lado, atento a lo peticionado por dicha parte procesal, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrado con el nombre de usuario "CABRERATUXTLA", para consultar de manera electrónica el presente juicio. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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