Olivia Calixto Perfecto

Expediente 1287/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1287/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Olivia Calixto Perfecto

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la segunda certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del cinco de octubre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas. En ese contexto, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser conservable conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1287/2023-II. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: a) El auto del once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************, mediante el cual el Segundo Tribunal Laboral de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, resolvió dejar sin efectos los emplazamientos a juicios realizados a los codemandados ******************** e ********************. b) El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual el Segundo Tribunal Laboral de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, previene a la aquí quejosa para que en un término de tres días aclare el domicilio de las demandadas en el juicio de origen, en virtud de las variaciones que existen entre el señalado en el escrito inicial y el indicado en las constancias de no conciliación. c) El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual el Segundo Tribunal Laboral de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, acuerda que deberá de estarse a lo acordado en auto del once de septiembre en relación a su petición por la que solicita se hagan efectivos a las demandadas los apercibimientos señalados en auto del tres de marzo del año en cita, al no haber contestado la demanda en los términos previstos en la ley. Ahora bien, a criterio de este juzgador en la especie, respecto del acto indicado en el inciso a) de esta determinación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Lo que acontece cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable, es decir, sin que quede duda de que se haya conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado. Lo anterior, es así dado que como lo manifiesta la propia quejosa bajo protesta de decir verdad, por conducto de su apoderado legal, desahogó la vista ordenada en auto del once de septiembre de dos mil veintitrés, manifestando que los domicilios de los codemandados eran correctos, por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. Por lo que hace a los actos precisados en los incisos b) y c), a criterio de este juzgador en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la legislación de la materia. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la legislación vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.2o.C. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, página 1539, de la Décima Época, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". En tales condiciones, los autos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictados en el expediente laboral ********************, del índice del Segundo Tribunal Laboral de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce afectaciones a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), página 11, de la octava época, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En ese sentido, los actos en estudio, no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los mismos, no inciden sobre derechos sustantivos de la quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tales decisiones y de ellos no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen; por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar los actos reclamados desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Inclusive, en caso de obtener un laudo desfavorable, podría hace valer dichas violaciones procesales en amparo directo, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, (mayo 2014), de la Décima Época, del rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, téngase por autorizado al usuario "********************", para las notificaciones electrónicas y consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente. Se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante. Téngase por autorizados a los profesionistas y personas que designa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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