Olimpia Martínez Guzmán y Otros.
Expediente 1254/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Olimpia Martínez Guzmán y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************* y otros; por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1254/2023-IV. Ahora, los quejosos señalan como actos reclamados; los oficios con número DDU/SAVU/DPU/YPT/1241/2023 y DDU/SAVU/DPUYPT/1366/2023 emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, donde se autoriza el enmallado de la zona identificada como calle Golondrina número 2, 4 y 8, colonia Lomas Valle Dorado, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En ese tenor, el suscrito advierte que en el caso, respecto de dicho acto reclamado, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estipula: El juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción citados, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia que lleva por título: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento deban estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí, que si en el caso los quejosos reclaman los oficios con número DDU/SAVU/DPU/YPT/1241/2023 y DDU/SAVU/DPUYPT/1366/2023 emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, donde se autoriza el enmallado de la zona identificada como calle Golondrina número 2,4 y 8, colonia Lomas Valle Dorado, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Al respecto, es pertinente transcribir el artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente: "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." De la citada transcripción, se advierte que los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En este contexto resulta evidente que en la especie los peticionarios de amparo no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues respecto del acto que reclaman consistente en los oficios con números DDU/SAVU/DPU/YPT/1241/2023 y DDU/SAVU/DPUYPT/1366/2023 emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, donde se autoriza el enmallado de la zona identificada como calle Golondrina número 2,4 y 8, colonia Lomas Valle Dorado, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como lo establecen los numerales ya transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese contexto, el juicio contencioso previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en el artículo 229, debe agotarse antes de la promoción del juicio de amparo, al no establecer dichos ordenamientos mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, lo que en el caso no acontece como ya se precisó en párrafos precedentes. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense ésta y las subsecuentes notificaciones vía electrónica, con la precisión que enseguida se hará, al titular del nombre del usuario proporcionado por el ocursante, en virtud que cuenta con registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. En el entendido que, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la persona titular de la cuenta autorizada está obligada a ingresar al referido portal electrónico (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx) todos los días, para obtener la constancia de notificación relativa, en un plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional la hubiere enviado. No obstante lo anterior, se precisa que este órgano jurisdiccional realizará las notificaciones electrónicas únicamente de aquellas determinaciones judiciales que por disposición expresa del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, deban ser de carácter personal, por lo que las restantes notificaciones serán practicadas mediante lista, publicada en los estrados de este juzgado de Distrito y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), titulada: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante, por tanto, este juzgador considera tener esa vía para llevar acabo las notificaciones de las determinaciones dictadas en este asunto. Se toma conocimiento de los correos electrónicos proporcionados, toda vez que la ley de la materia no contempla dicha figura para oír y recibir notificaciones, sin embargo se toma conocimiento del mismo en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberá contar con el registro correspondiente. En ese contexto, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a ******************** Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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