Oliverio Merlin Gomez
Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oliverio Merlin Gomez
- Daniel Merlin Gomez
Actuaciones
- Principal
MESA AMP. III...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, del que se advierte que acepta la competencia declinada por parte de este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por OLIVERIO, DANIEL Y DAVID de apellidos MERLIN GÓMEZ, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, y de otra autoridad y por tanto, se avoca al conocimiento del asunto. En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio éste órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por OLIVERIO, DANIEL Y DAVID de apellidos MERLIN GÓMEZ, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, y de otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 817/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables lo son: el Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, y la Delegada Regional de la Unidad de Medidas Cautelares de la Región Costa, con sede en dicho puerto, a quienes los quejosos les reclaman: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el trece de julio del año en curso, en la causa penal 303/2021; 2. El derecho humano a contar con una defensa material en su vertiente de defensa técnica y adecuada dentro de la causa penal 303/2021; 3. La imposición de la medida cautelar como resultado de la emisión el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 303/2021. Ahora, por principio, en análisis de la competencia, resulta menester señalar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Los artículos transcritos, con claridad, disponen que el Juez competente para conocer de un amparo será, entre otros supuestos, el del lugar en que se esté ejecutando el acto reclamado. Ahora, como se dijo, los actos reclamados derivan de la causa penal 303/2021 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, que incide en la libertad de los quejosos, al estar sujetos a un procedimiento que se instruye ante dicho órgano, por lo que no debe perderse de vista que en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 118/2011 (9a.) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juez de distrito competente para conocer de la demanda, en casos como el que se trata, es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el de residencia del quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material se precisa en el lugar de reclusión, no menos cierto es que con motivo del auto de formal prisión, o como en el caso, auto de vinculación a proceso, dictado por el juez de primera instancia, este se concretaría simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado estuviera recluido, lo que en este último caso no acontece), por lo que es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, por lo que es indudable que, en la estimación de quien resuelve, resulta competente para conocer de este asunto, el juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, por ser quien ejerce competencia en la jurisdicción del Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, que conoce del proceso de primera instancia, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Sin que obste que la jurisprudencia invocada interprete el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues contiene el mismo supuesto que el numeral 37 de la ley vigente. En consecuencia, es incuestionable que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, este juzgado declara carecer de competencia legal y con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y, en atención a la certificación realizada por el secretario de este juzgado, autorizando con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la ley de Amparo, únicamente al licenciado Rigoberto Hernández Sandoval, no así a las restantes personas que indican, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; por lo que únicamente se les tiene por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 5/2021 se tiene a los quejosos señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que refieren, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, como se solicita, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los promoventes para utilizar cámara fotográfica, teléfono celular o scanner, que les permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido que deberá dejarse constancia en el expediente de los documentos reproducidos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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