Oliverio Angeles Luis
Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oliverio Angeles Luis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oliverio Ángeles Luis, para que el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, Terna Dos, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de debate. b) Emitiera uno nuevo, en el que fijara una data para que tenga verificativo la audiencia de mérito, la cual debería ajustarse a los plazos establecidos en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) Notificara dicha determinación a la parte peticionaria del amparo; y, d) Remitiera las constancias que así lo acreditaran. En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE ADVIERTE EL ACATAMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. Lo anterior, pues mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 681/2020, cuaderno de antecedentes 19/2021, folio 0072/2022, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dejo insubsistente el auto de cuatro septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de debate (nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintidós), y señaló las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de debate en los términos ordenados por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno; además de que la citada diligencia la señalo dentro del plazo que establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la fecha para la celebración por la audiencia de debate, debe tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura del juicio. Pues de la fecha en que se emitió el auto a la fecha señalada para la audiencia de debate, transcurrirán sesenta días naturales como lo establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además dicho acuerdo fue notificado al quejoso Oliverio Ángeles Luis, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, es decir, dicha diligencia se llevó a cabo con la debida anticipación que el propio artículo señala, que dice que será por lo menos de siete días de anticipación. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente de cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Oliverio Ángeles Luis, para que el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales Oaxaca, Terna Dos, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de debate. b) Emitiera uno nuevo, en el que fijara una data para que tenga verificativo la audiencia de mérito, la cual debería ajustarse a los plazos establecidos en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) Notificara dicha determinación a la parte peticionaria del amparo; y, d) Remitiera las constancias que así lo acreditaran. En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE ADVIERTE EL ACATAMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. Lo anterior, pues mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 681/2020, cuaderno de antecedentes 19/2021, folio 0072/2022, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dejo insubsistente el auto de cuatro septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de debate (nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintidós), y señaló las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de debate en los términos ordenados por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno; además de que la citada diligencia la señalo dentro del plazo que establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la fecha para la celebración por la audiencia de debate, debe tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura del juicio. Pues de la fecha en que se emitió el auto a la fecha señalada para la audiencia de debate, transcurrirán sesenta días naturales como lo establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además dicho acuerdo fue notificado al quejoso Oliverio Ángeles Luis, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, es decir, dicha diligencia se llevó a cabo con la debida anticipación que el propio artículo señala, que dice que será por lo menos de siete días de anticipación. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente de cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. El presente acuerdo se notifica a la parte quejosa previo aviso en términos de la Ley de Amparo
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Se agrega oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, remite copia certificada de las constancias con las que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector. Se da vista con cumplimiento En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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MESA V...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1165/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiocho siguiente, OLIVERIO ÁNGELES LUIS, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, terna dos, que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo que se registró con el número 1165/2021, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Género de la Vicefiscalía General Zona Centro; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido el juicio, se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, como consta en los términos que anteceden; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: -El auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, donde se señalaron las nueve horas del cinco de octubre del dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de debate en la causa penal 681/2020. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, terna dos, aceptó el acto reclamado. Cuarto. Estudio del acto reclamado. La parte quejosa esencialmente alega que existe una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia, que establece el artículo 17 Constitucional. Es fundado tal motivo de disenso. En principio, resulta pertinente transcribir el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho precepto tutela el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, es decir, que no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Por su parte, el numeral 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones. El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia". De lo anterior se advierte que toda persona tiene derecho a que las autoridades impartan la administración de justicia en los plazos y términos que para tal efecto fijan las leyes; asimismo, que las autoridades del conocimiento están constreñidas a señalar la audiencia de debate no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio, lo que en la especie no se acató. Es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el dos de agosto de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, dictó el auto de apertura a juicio en la causa 681/2020, que se instruye contra el quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de la menor N.M.D.P. Determinación que se ordenó remitir al Juez integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales. Así, el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el referido Tribunal, tuvo por recibido el auto de referencia y, entre otros aspectos, señaló las nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de enjuiciamiento. Por lo que, del dos de agosto de dos mil veintiuno, en que se dictó el auto de apertura a juicio al cinco de octubre de dos mil veintidós, data señalada para la celebración de la audiencia de debate, evidentemente excede el límite máximo señalado por el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos, que es de sesenta días naturales, ya que existe una diferencia de más de trece meses. En consecuencia, con dicha actuación, la autoridad responsable vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que las autoridades impartan la administración de justicia en los plazos y términos que para tal efecto fijan las leyes. Sin que sea justificación para concluir en distinto sentido los factores que aduce la autoridad responsable para agendar la audiencia de debate, como lo indicó al rendir su informe justificado, pues no son determinantes para fijar una fecha excesivamente fuera del límite superior establecido en la ley que rige el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, Materias(s): Constitucional, con registro digital 171257, de título y contenido siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En tales condiciones, procede conceder a Oliverio Ángeles Luis, la protección constitucional solicitada, para el efecto que el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, terna 2 (por conducto del juez Presidente), dentro del término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta sentencia: a) Deje insubsistente el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de debate. b) Emita uno nuevo, en el que fije una data para que tenga verificativo la audiencia de mérito, la cual deberá ajustarse a los plazos establecidos en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) Notifique dicha determinación a la parte peticionaria del amparo; y, d) Remita las constancias que así lo acrediten. Por último, no es obstáculo a lo anteriormente determinado, el hecho de que no se haya verificado el emplazamiento de la víctima directa, en virtud de que el sentido del fallo no cambiaría, pues toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Quinto. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oliverio Ángeles Luis, contra el acto reclamado al Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, terna dos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
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