OLIVER POMAR DE LA CRUZ y Otros.

Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
518/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • OLIVER POMAR DE LA CRUZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Oliver Pomar de la Cruz y José Alberto Díaz López, contra actos del Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán y otras autoridades. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 518/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. 1 Artículo 92. No formaran parte del expediente electrónico y , por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponde a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de un análisis integral del contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? "Omisión de aplicar el plan de actividades por tres meses. ? Omisión de la actividad de deportes, por dos horas al día, tomando en consideración que las actividades contraen consecuencias médicas de salud, por ser un hecho notorio mi padecimiento de presión arterial alta, por lo que el deporte es de vital importancia para el quejoso". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que se debe desechar una demanda constitucional cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Establecido lo anterior, se estima de conformidad en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior..." De acuerdo con lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa previstos en la ley; lo que en la especie no acontece, en virtud de lo siguiente: La fracción II, del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de los quejosos, al acto reclamado le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Entonces, el dispositivo legal aludido menciona a diversas autoridades penitenciarias que son de naturaleza administrativa, además se refiere al Juez de Ejecución, y establece las facultades de cada una de ellas, así como los derechos y obligaciones de los reclusos. En efecto, del análisis de los artículos 107 al 115 y 130 a 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que ésta legislación prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de las personas privadas de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente, dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA necesarias para resolver la petición. Igualmente, la aludida legislación establece la forma en que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición, hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, en caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo acabado de relatar claramente revela la existencia de un 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA procedimiento administrativo, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es el acto reclamado del que la parte quejosa se duele. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a. Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Es importante destacar que, la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas, en caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En los casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, en el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al Centro de Justicia para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, los quejosos reclaman la omisión por parte de las autoridades responsables para brindarles un plan de actividades por tres meses, así como actividades deportivas, es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previo, previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse antes de la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa; en el entendido que no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo de su suspensión (atendiendo a los actos reclamados), pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA En efecto, el procedimiento administrativo previo de referencia, está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento, esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". Analizado lo anterior, se estima que, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad tienen a su alcance un procedimiento administrativo en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, ya sea cuestiones no urgentes como urgentes; de igual manera, con motivo de la reforma Constitucional de dos mil ocho, se indica que será para todas las personas privadas de su libertad que se encuentren sujetas a un proceso penal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, pues referente a esto último antes era competencia del Poder Ejecutivo, lo que se traduce en que todos los actos relativos a la reclusión son dentro de un procedimiento y se insiste, al existir un mecanismo -procedimiento administrativo- para reclamar aquellos actos u omisiones que atenten contra derechos relativos a las condiciones de internamiento, es inconcuso que dichos procedimientos deben ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo. No se desconoce que en situaciones donde el quejoso reclama actos que implican poner en riesgo su salud corporal, y que con motivo de ellos se comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equiparse a un tormento, lo que equivaldría a sufrir actos de los que establece el artículo 22 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, entonces, en esos supuestos si es procedente el juicio de amparo, lo que no acontece en el caso dadas las manifestaciones de los quejosos bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que requieren de un plan de actividades por tres meses, así como de actividades deportivas, lo que evidentemente no se equipara a un tormento. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Agosto de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2020430, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Asimismo, es aplicable en el caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, del libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2018548, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, cobra aplicación al caso en concreto la tesis de jurisprudencia PC.III.P.J/18P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1701, del libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época, del Semanario 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2017822, del rubro siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". No pasan por inadvertidas las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que requiere de actividades deportivas, atendiendo a que desde el dieciocho de julio del presente año, padece de alteración en su presión arterial; sin embargo, dicha manifestación debe exponerse conforme al procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien ajustarse a los medios de impugnación previstos en la misma, en los términos establecidos en párrafos precedentes. En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente incidente de suspensión, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte solicitante el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas les han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA SEÑALAN CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a tener a los promoventes señalando el correo electrónico que indican licgonzaloortiz@hotmail.com, para recibir todo tipo de notificaciones. En mérito de lo anterior; con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se tiene a los peticionarios del amparo, solamente proporcionando la dirección de correo electrónico, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por dicho medio, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. AUTORIZADO. Por otra parte, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gonzalo Ortiz González, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Ahora, tomando en consideración que los quejosos Oliver Pomar de la Cruz y José Alberto Díaz López, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en dicho Centro de Readaptación Social y les notifique el contenido de la presente determinación. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en lo establecido por el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este incidente de suspensión en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a los quejosos en el lugar donde guardan reclusión.

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