Ofelia Equihua Ramírez

Expediente 479/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
479/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Ofelia Equihua Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por Ofelia Equihua Ramírez, parte quejosa, en atención a su solicitud, se autoriza la devolución de los documentos que solicita, autorizando para recogerlos a la persona que menciona. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de dicho promovente que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de hacer entrega de las citadas replicas, debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que él, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. En el entendido, que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis acuerdo o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 479/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, habida cuenta que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 11 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Asimismo, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la misma ley. Por su parte, en el diverso dispositivo 18 de la Ley de Amparo, el legislador estableció expresamente tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de garantías, que son: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4. Salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días). Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Apoya lo expuesto, la tesis P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado el siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDA SE RECLAME. De las citadas autoridades responsables reclamo SE ANEXE AL LIBRO DE ARCHIVO LOS DATOS DE LA FOJA 00241 TOMO: 01 OFICIALIA: 01 DE PARACHO, MICHOACÁN DEL REGISTRO DE FECHA: 06/04/1960 DEL MISMO AÑO EN MENCIÓN, O DE LO CONTRARIO SE LE ASIGNE UN NÚMERO DE FOJA EN AMBOS LIBROS DEL AÑO 1960 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SE EXPIDA LA CERTIFICACIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE NACIMIENTO DE MI PERSONA; así como la contestación realizada por el oficial del registro Civil de Paracho, Michoacán, de fecha 08 ocho de noviembre del año 2021 donde se pronunció argumentando lo siguiente: por medio del presente y con el fin de dar cumplimiento a su petición emitida y recibida en fecha viernes 5 cinco de noviembre de fecha 2021, en el que solicita a mi persona como oficial del registro civil de este Municipio de Paracho, expida certificación a nombre de la C. OFELIA EQUIHUA RAMÍREZ asentada en el juzgado 01 tomo 01 acta 00241 de la localidad de Paracho de verduzco del municipio de Paracho de fecha 6 de abril de 1960. Por lo que doy contestación a la presente, señalando que no es posible expedir tal certificación ya que no se encuentran en el sistema por motivo que una persona de nombre AURELIO PASCUAL ROQUE ocupa dicho espacio y al momento en el libro de oficialía me percato que el registro señalado cuenta con una tachadura en sus anotaciones, misma que se considera como una alteración a dicho documento. Por tal motivo no puedo expedir ninguna certificación a nombre de de la C. Ofelia Equihua Ramírez. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, según lo establecido en la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones. Por tanto, resulta claro que no basta con afirmar que se tuvo conocimiento del acto reclamado, hasta la fecha de la notificación que del mismo practicó la autoridad responsable o de la que el propio peticionario del amparo indirecto manifiesta, para considerar aquélla como punto de partida para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, sino que es necesario que el referido conocimiento se encuentre debidamente acreditado. En el caso, la quejosa bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó que el acto reclamado en su demanda de amparo que le provoca una afectación en su esfera jurídica, fue de su conocimiento el ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, porque de de la narrativa de su escrito de demanda se advierte: el día 05 de noviembre de 2021 ante el Oficial del Registro Civil de Paracho hice la petición fundada y motivada del acto con acuerdo y apegándome a los lineamientos del artículo 8° de nuestra carta magna en la cual anexe copia simple de mi certificación para mejor localización danto como resultado la negatividad de la oficialía para expedirme la certificación mencionándome por escrito de fecha 08 ocho de noviembre de del año 2021 dos mil veintiuno, mencionándome que solo podía expedirme una copia fiel certificada del libro donde menciona mi nombre, además de una constancia de existencia de registro de nacimiento de fecha 08 de noviembre de 2021 en las que se acredita que mi registro se encuentra, aunque con alteraciones en la foja: 00241, tomo :01 del libro 01 de fecha: 12/04/1960 sin que exista registro alguno anterior o posterior a nombre de Ofelia Equihua Ramírez. De dicha transcripción se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de que en respuesta a su petición formulada el cinco del citado mes y año (noviembre de dos mil veintiuno), la autoridad responsable le contestó por escrito el ocho siguiente (noviembre de dos mil veintiuno), mencionándole que sólo podía expedirle una copia fiel certificada del libro donde menciona su nombre, además de una constancia de existencia de registro de nacimiento de fecha ocho de noviembre del año próximo pasado, en la que se acredita que su registro se encuentra, aunque con alteraciones, en la foja: 00241, tomo :01 del libro 01 de fecha: 12/04/1960 sin que exista registro alguno anterior o posterior a nombre de Ofelia Equihua Ramírez. Entonces, a partir del día siguiente a esa data (ocho de noviembre de dos mil veintiuno), computaron los quince días hábiles para presentar su demanda de amparo; es decir, el día siguiente hábil al en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En mérito de lo anterior, cabe destacar que del contenido vertido en los antecedentes en la demanda de amparo, se traduce en una confesión expresa por parte de la quejosa, respecto del acto jurídico vinculado con el acto a combatir, conforme a los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición establecida en su artículo 2°; habida cuenta que, de sus propias manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que, no queda lugar a dudas que desde aquél momento conoció plenamente del acto que hasta hoy reclama. Respalda lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 27/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200094 14 de 83 Pleno Tomo III, Junio de 1996 Pág. 57 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así como la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte. En ese sentido, se puntualiza que la quejosa Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, al haber tenido conocimiento pleno del acto reclamado, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, siendo así, que a partir del día siguiente estuvo en condiciones de hacer valer el derecho que estimara pertinente para combatir tal molestia; de lo que se concluye de manera manifiesta, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -once de agosto de dos mil veintidós-, ya habían transcurrido en exceso los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar. Máxime que a su escrito de demanda allegó diversas documentales (copia certificadas), entre las que destacan por su importancia, el escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el Registro Civil de Paracho de Verduzco, Michoacán de Ocampo, del que se advierte la petición que realiza en el sentido de que se le expida una certificación a su nombre (Ofelia Equihua Ramírez); así como el oficio sin número signado por dicho oficial, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el que le da contestación a su petición planteada, contestación de la cual refiere la quejosa tuvo conocimiento pleno. Se ilustra: Documentales que al haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones y certificadas ante el Notario Público, número 159, con residencia y ejercicio en Jacona, Michoacán, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Entonces, se insiste, al haber tenido la parte quejosa pleno conocimiento de la determinación que se tilda de inconstitucional, desde el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, resulta patente que estuvo en aptitud de promover en su contra el juicio de garantías, dentro de los siguientes quince días hábiles, en términos del invocado numeral 17 de la ley de la materia; plazo que ha de computarse, como se indicó, a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, como se especifica en el siguiente recuadro ilustrativo: NOVIEMBRE 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 8 Conocimiento del acto reclamado 9 (1) 10 (2) 11 (3) 12 (4) 13 Inhábil 14 Inhábil 15 Inhábil 16 (5) 17 (6) 18 (7) 19 (8) 20 Inhábil 21 Inhábil 22 (9) 23 (10) 24 (11) 25 (12) 26 (12) 27 Inhábil 28 Inhábil 29 (14) 30 (15) Por tanto, al haber sido presentada la demanda de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el once de agosto del año en curso, como se desprende de la papeleta de turno correspondiente, es inconcuso que ya había transcurrido en exeso el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en que la parte promovente pudo hacer valer el derecho que aquí enarbola. Sirve de apoyo, por los motivos que la informan a lo anterior, la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos noventa y nueve, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 1, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo que, la parte quejosa estaba en condiciones de presentar su escrito de demanda dentro del plazo señalado en el recuadro que precede; de ahí que se insista que la perentoria para presentar su libelo de garantías, feneció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se estima que deviene extemporánea la presentación de la demanda. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Ofelia Equihua Reynoso, por su propio derecho, haberse presentado de forma extemporánea; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 17, todos de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en calle Galena número 24-B, colonia Morelos, de esta ciudad. Asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge René Reynoso, toda vez que como se desprende del inciso d) de la certificación de cuenta, sí cuenta con cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho. Lo que no acontece con Jesús Vicente Martínez Morales y Rafael Chávez Pedro, a quienes se les autoriza únicamente de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento, toda vez que no cumplen con dicho requisito. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICA. Por otra parte, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "Jorge Rene Reynoso Garcia", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la parte quejosa por vía electrónica mediante el referido usuario; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Finalmente, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. PRECISIÓN: Ahora, dadas las peticiones de la parte quejosa respecto de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio procesal o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de la parte quejosa, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en omentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.14o.T.J/3 (10) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Registro digital 2019394 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II, Febrero de 2019 Pág. 2478 Jurisprudencia, Constitucional (Materia común) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico rene_jrg@hotmail.com, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho correo electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DOCE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 479/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, habida cuenta que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 11 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Asimismo, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la misma ley. Por su parte, en el diverso dispositivo 18 de la Ley de Amparo, el legislador estableció expresamente tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de garantías, que son: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4. Salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días). Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Apoya lo expuesto, la tesis P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado el siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDA SE RECLAME. De las citadas autoridades responsables reclamo SE ANEXE AL LIBRO DE ARCHIVO LOS DATOS DE LA FOJA 00241 TOMO: 01 OFICIALIA: 01 DE PARACHO, MICHOACÁN DEL REGISTRO DE FECHA: 06/04/1960 DEL MISMO AÑO EN MENCIÓN, O DE LO CONTRARIO SE LE ASIGNE UN NÚMERO DE FOJA EN AMBOS LIBROS DEL AÑO 1960 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SE EXPIDA LA CERTIFICACIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE NACIMIENTO DE MI PERSONA; así como la contestación realizada por el oficial del registro Civil de Paracho, Michoacán, de fecha 08 ocho de noviembre del año 2021 donde se pronunció argumentando lo siguiente: por medio del presente y con el fin de dar cumplimiento a su petición emitida y recibida en fecha viernes 5 cinco de noviembre de fecha 2021, en el que solicita a mi persona como oficial del registro civil de este Municipio de Paracho, expida certificación a nombre de la C. OFELIA EQUIHUA RAMÍREZ asentada en el juzgado 01 tomo 01 acta 00241 de la localidad de Paracho de verduzco del municipio de Paracho de fecha 6 de abril de 1960. Por lo que doy contestación a la presente, señalando que no es posible expedir tal certificación ya que no se encuentran en el sistema por motivo que una persona de nombre AURELIO PASCUAL ROQUE ocupa dicho espacio y al momento en el libro de oficialía me percato que el registro señalado cuenta con una tachadura en sus anotaciones, misma que se considera como una alteración a dicho documento. Por tal motivo no puedo expedir ninguna certificación a nombre de de la C. Ofelia Equihua Ramírez. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, según lo establecido en la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones. Por tanto, resulta claro que no basta con afirmar que se tuvo conocimiento del acto reclamado, hasta la fecha de la notificación que del mismo practicó la autoridad responsable o de la que el propio peticionario del amparo indirecto manifiesta, para considerar aquélla como punto de partida para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, sino que es necesario que el referido conocimiento se encuentre debidamente acreditado. En el caso, la quejosa bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó que el acto reclamado en su demanda de amparo que le provoca una afectación en su esfera jurídica, fue de su conocimiento el ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, porque de de la narrativa de su escrito de demanda se advierte: el día 05 de noviembre de 2021 ante el Oficial del Registro Civil de Paracho hice la petición fundada y motivada del acto con acuerdo y apegándome a los lineamientos del artículo 8° de nuestra carta magna en la cual anexe copia simple de mi certificación para mejor localización danto como resultado la negatividad de la oficialía para expedirme la certificación mencionándome por escrito de fecha 08 ocho de noviembre de del año 2021 dos mil veintiuno, mencionándome que solo podía expedirme una copia fiel certificada del libro donde menciona mi nombre, además de una constancia de existencia de registro de nacimiento de fecha 08 de noviembre de 2021 en las que se acredita que mi registro se encuentra, aunque con alteraciones en la foja: 00241, tomo :01 del libro 01 de fecha: 12/04/1960 sin que exista registro alguno anterior o posterior a nombre de Ofelia Equihua Ramírez. De dicha transcripción se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de que en respuesta a su petición formulada el cinco del citado mes y año (noviembre de dos mil veintiuno), la autoridad responsable le contestó por escrito el ocho siguiente (noviembre de dos mil veintiuno), mencionándole que sólo podía expedirle una copia fiel certificada del libro donde menciona su nombre, además de una constancia de existencia de registro de nacimiento de fecha ocho de noviembre del año próximo pasado, en la que se acredita que su registro se encuentra, aunque con alteraciones, en la foja: 00241, tomo :01 del libro 01 de fecha: 12/04/1960 sin que exista registro alguno anterior o posterior a nombre de Ofelia Equihua Ramírez. Entonces, a partir del día siguiente a esa data (ocho de noviembre de dos mil veintiuno), computaron los quince días hábiles para presentar su demanda de amparo; es decir, el día siguiente hábil al en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En mérito de lo anterior, cabe destacar que del contenido vertido en los antecedentes en la demanda de amparo, se traduce en una confesión expresa por parte de la quejosa, respecto del acto jurídico vinculado con el acto a combatir, conforme a los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición establecida en su artículo 2°; habida cuenta que, de sus propias manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que, no queda lugar a dudas que desde aquél momento conoció plenamente del acto que hasta hoy reclama. Respalda lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 27/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200094 14 de 83 Pleno Tomo III, Junio de 1996 Pág. 57 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así como la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte. En ese sentido, se puntualiza que la quejosa Ofelia Equihua Ramírez, por su propio derecho, al haber tenido conocimiento pleno del acto reclamado, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, siendo así, que a partir del día siguiente estuvo en condiciones de hacer valer el derecho que estimara pertinente para combatir tal molestia; de lo que se concluye de manera manifiesta, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -once de agosto de dos mil veintidós-, ya habían transcurrido en exceso los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar. Máxime que a su escrito de demanda allegó diversas documentales (copia certificadas), entre las que destacan por su importancia, el escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el Registro Civil de Paracho de Verduzco, Michoacán de Ocampo, del que se advierte la petición que realiza en el sentido de que se le expida una certificación a su nombre (Ofelia Equihua Ramírez); así como el oficio sin número signado por dicho oficial, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el que le da contestación a su petición planteada, contestación de la cual refiere la quejosa tuvo conocimiento pleno. Se ilustra: Documentales que al haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones y certificadas ante el Notario Público, número 159, con residencia y ejercicio en Jacona, Michoacán, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Entonces, se insiste, al haber tenido la parte quejosa pleno conocimiento de la determinación que se tilda de inconstitucional, desde el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, resulta patente que estuvo en aptitud de promover en su contra el juicio de garantías, dentro de los siguientes quince días hábiles, en términos del invocado numeral 17 de la ley de la materia; plazo que ha de computarse, como se indicó, a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, como se especifica en el siguiente recuadro ilustrativo: NOVIEMBRE 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 8 Conocimiento del acto reclamado 9 (1) 10 (2) 11 (3) 12 (4) 13 Inhábil 14 Inhábil 15 Inhábil 16 (5) 17 (6) 18 (7) 19 (8) 20 Inhábil 21 Inhábil 22 (9) 23 (10) 24 (11) 25 (12) 26 (12) 27 Inhábil 28 Inhábil 29 (14) 30 (15) Por tanto, al haber sido presentada la demanda de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el once de agosto del año en curso, como se desprende de la papeleta de turno correspondiente, es inconcuso que ya había transcurrido en exeso el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en que la parte promovente pudo hacer valer el derecho que aquí enarbola. Sirve de apoyo, por los motivos que la informan a lo anterior, la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos noventa y nueve, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 1, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo que, la parte quejosa estaba en condiciones de presentar su escrito de demanda dentro del plazo señalado en el recuadro que precede; de ahí que se insista que la perentoria para presentar su libelo de garantías, feneció el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se estima que deviene extemporánea la presentación de la demanda. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Ofelia Equihua Reynoso, por su propio derecho, haberse presentado de forma extemporánea; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 17, todos de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en calle Galena número 24-B, colonia Morelos, de esta ciudad. Asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge René Reynoso, toda vez que como se desprende del inciso d) de la certificación de cuenta, sí cuenta con cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho. Lo que no acontece con Jesús Vicente Martínez Morales y Rafael Chávez Pedro, a quienes se les autoriza únicamente de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento, toda vez que no cumplen con dicho requisito. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICA. Por otra parte, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "Jorge Rene Reynoso Garcia", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la parte quejosa por vía electrónica mediante el referido usuario; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Finalmente, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. PRECISIÓN: Ahora, dadas las peticiones de la parte quejosa respecto de la forma en que desea le sean notificados los acuerdos que le resulten de manera personal (en su domicilio procesal o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de la parte quejosa, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones, respecto de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en omentos distintos), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.14o.T.J/3 (10) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Registro digital 2019394 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II, Febrero de 2019 Pág. 2478 Jurisprudencia, Constitucional (Materia común) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico rene_jrg@hotmail.com, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho correo electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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