Oliva Velásquez Rivera

Expediente 1751/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1751/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Oliva Velásquez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS En ese sentido, devuélvanse al Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, la copia certificada del expediente 321/2021, de su índice; sin que sea necesario el acuse por su recibo, en virtud de ser copias certificadas. BILLETE Por otro lado, del incidente formado con motivo del presente juicio, se advierte que se exhibió el billete de depósito N892576, expedido a favor del quejoso por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional Crediticia, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), registrado con el número de orden 38/2022. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, la quejosa cuenta con dos años para acudir a este juzgado a recibir el billete en mención, apercibido que de no hacerlo prescribirá a favor del erario Federal. VISTA DOCUMENTOS Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que adjuntó en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlas personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo será destruida. ESCRITO Por otro lado, agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita copia certificada de las constancias que adjuntó la responsable como complemento a su informe justificado. Atento a ello, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que en la fecha en que se actúa, se ordenó la devolución de las constancias que solicita, por lo que deberá elevar dicha petición ante la autoridad responsable.

  2. Principal

    S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 1751/2022-III-C; promovido por ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad y acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADADES RESPONSABLES: Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México. IV.- ACTO RECLAMADO Todo lo actuado en el expediente ********************, en el que se reclama la usucapión por prescripción positiva del inmueble ubicado en calle Guillermo Prieto, número 116 sur, Tenancingo, Estado de México, en virtud de que no fui emplazada a juicio en mi carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número ******************** y con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admitió a trámite, se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se requirió a la autoridad responsable su informe justificado. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con el cual remitió copia certificada del expediente ********************. En posterior auto de siete de diciembre de dos mil veintidós se advirtió la participación en el emplazamiento reclamado de la diversa autoridad Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por lo que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial y señalarlo con el carácter de autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite respectivo, teniendo únicamente como responsable a la precisada en la demanda de amparo. La parte quejosa fue omisa en desahogar dicha prevención por lo que, en auto de tres de enero de dos mil veintitrés se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se continuo con el trámite del juicio en los términos planteados, sin que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio constitucional planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto emitido por una autoridad en materia civil con residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Acorde a lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que la quejosa reclama de la Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México los siguientes actos: ( El ilegal emplazamiento derivado del juicio ordinario civil sobre usucapión ********************, promovido por ******************** -aquí tercera interesada-, contra el ahora quejoso, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; así como sus efectos y consecuencias, traducidos en la sentencia condenatoria dictada el uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró haber operado la usucapión a favor de la parte actora respecto del inmueble objeto de la controversia de origen. TERCERO. Certeza de los actos. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia de los actos reclamados, a fin de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Así, se tiene que -en el ámbito de sus atribuciones-, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe justificado, por lo que así se le tiene para todos los efectos legales conducentes. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la Jueza responsable, consistentes en copia certificada de los autos que integran el juicio ordinario civil sobre usucapión ********************, promovido por ******************** -aquí tercera interesada- contra la ahora quejosa, de su índice; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en el ámbito de su ejercicio. CUARTO. Análisis de la improcedencia del juicio. Examinada la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia II. 1º. J/5 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, registro 222780, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, se estima, de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil sobre usucapión ********************, promovido por ******************** -aquí tercera interesada-, contra la ahora quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Ahora bien, del primer precepto normativo se advierte que la improcedencia de la instancia constitucional puede actualizarse no sólo a partir de lo previsto expresamente en las concretas veintidós causas que se prevén en las respectivas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que dicha improcedencia puede devenir de cualquier otro precepto de la misma normatividad de la materia, o bien de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con ello, es dable poner de manifiesto que el artículo 1° de la ley de la materia prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros supuestos, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asimismo, el diverso 5°, fracción II, del aludido cuerpo normativo, define que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, finalmente, el diverso 108, fracción III, de la propia legislación, dispone que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en la que se expresará, entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables. Bajo esa óptica, de acuerdo con los citados numerales, se obtiene la regla general de que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo o en su ampliación, en su caso, la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que el órgano jurisdiccional competente esté en aptitud, en primer lugar, de llamar a juicio a tal autoridad; y en segundo, para que el propio órgano de control constitucional esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, con la audiencia de la autoridad responsable señalada. De esto se sigue, que en modo alguno es posible examinar la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio constitucional, pues tal actuar significaría la infracción al principio de audiencia previa que rige nuestro sistema jurídico. Expuesto lo anterior, es pertinente establecer que el hecho de que en un juicio de amparo la parte quejosa no señale como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado, trae como consecuencia que, jurídicamente, no sea posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo -previamente citados-. Sustenta tales consideraciones, la jurisprudencia 2a./J.30/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, página 250, registró digital: 200588, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Igualmente, sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración de tesis 108, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 69, tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, materia común, registro 394064 que establece lo siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, página 113, registro digital 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluído su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Ahora bien, en el caso, que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la Jueza Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el que remitió como la copia certificada del expediente ********************, por lo cual mediante diverso proveído de siete de diciembre de esa anualidad se advirtió la participación en el emplazamiento reclamado de la diversa autoridad Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por lo que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial y señalarlo con el carácter de autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite respectivo, teniendo únicamente como responsable a la precisada en la demanda de amparo. No obstante a estar debidamente notificada, la solicitante del amparo fue omisa en desahogar dicha prevención -a pesar de haber sido debidamente notificado para tal efecto-, por lo que, en auto de tres de enero de dos mil veintitrés se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se continuo con el trámite del juicio en los términos planteados, sin que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional hubiera hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró precluido su derecho de ampliar su demanda respecto del Notificador adscrito al juzgado de origen -al no haberlo señalado como responsable-; de ahí que se tuvo a la jueza del conocimiento como única autoridad responsable. En efecto, si la quejosa promovió esta instancia ostentándose como persona extraña a juicio por equiparación, pues precisamente reclama que no fue emplazada legalmente al juicio ordinario civil de origen -motivo por el cual desconocía la existencia de dicho procedimiento-; entonces, debió señalar como responsables tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, pues la ordenadora de un emplazamiento es el Juez (a) que admite la demanda y ordena el llamamiento del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden, siendo en este caso el actuario o notificador que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama, pues es de su exclusiva facultad y responsabilidad observar los lineamientos legales que regulan el emplazamiento a juicio. Ante tal circunstancia, si la peticionaria no señaló a la autoridad responsable Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México -al ser quien ejecutó el emplazamiento reclamado y cuya ilegalidad refiere la quejoso-, es incuestionable que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, debido a que deviene de una autoridad inaudita, es decir, a la que no se le llamó a juicio y por ende, no fue oída en defensa de sus actuaciones; por ende, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la propia legislación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 88/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 198, Décima Época, Materias(s): Común, registro digital 2021189, del rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." Igualmente, respalda lo considerado, la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 22, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, materia común, registro 207115 que refiere: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto, en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Asimismo, por su idea jurídica, la diversa jurisprudencia III.2o.T. J/1 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4259, Undécima Época, Materias(s): Común, Laboral, registro digital: 2024902, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE PRACTICAR EL EMPLAZAMIENTO U OTRAS NOTIFICACIONES EN UN JUICIO LABORAL. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se desechó de plano la demanda, al considerar que el actuario notificador adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje no tiene la calidad de autoridad responsable cuando se le reclama la omisión de llevar a cabo las notificaciones que le son ordenadas en un juicio laboral, pues la obligación que tiene tal funcionario público de realizar esas notificaciones presupone la existencia de una orden previa girada por el presidente o el auxiliar de la Junta, por lo cual, no se trata de un acto de autoridad, sino que proviene de la desatención de un ente público de acatar lo ordenado por otro. Contra esa determinación se promovió recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el actuario notificador adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene el carácter de autoridad responsable cuando en el amparo indirecto se le reclama la omisión de llevar a cabo el emplazamiento u otras notificaciones en un juicio laboral. Justificación: De los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en él se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por ésta, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o bien, omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, podrá ser considerada como "autoridad para los efectos del amparo", la que actúe con imperio y unilateralmente, partiendo de la base de que un acto es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual ejercita y es imperativo, entendido no como el uso de la fuerza pública, sino cuando la voluntad del particular se encuentra supeditada a la del Estado, externada a través del propio acto, de tal suerte que el particular frente a quien se desempeña éste, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que en contra de él entable los recursos legales procedentes. En ese sentido, el actuario notificador adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama la omisión de realizar o practicar el emplazamiento u otras notificaciones, dado que es su función ejecutar la orden de notificación decretada por la Junta; más aún, si se tiene en cuenta que es de su exclusiva responsabilidad observar los lineamientos legales que regulan ese acto, por lo que es factible que con su actuar u omisión pueda llegar a contravenir derechos fundamentales de manera unilateral e imperativa; sin ser óbice para así considerarlo, que la eventual inexistencia de la orden de llevar a cabo la práctica de la notificación de que se trata, podría generar un motivo de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ello deberá ser examinado al dictarse la sentencia correspondiente, conforme a las constancias que remita la autoridad responsable al rendir su informe justificado y las pruebas que ofrezcan las partes." En ese orden, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que ello constituye el problema de fondo. Al caso, es aplicable por su contenido y alcance jurídico, el criterio VI. 3o. J/44, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero de 1994, Octava Época, página 67, con número de registro digital 213345, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a fojas 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, registro 394465, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia; para lo cual, sirve de apoyo la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 90, Tercera Parte, página 41 del registro digital 238280 de contenido: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1º, 61, 62, 63, 73, 74, 107 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Alfonso Alexander López Moreno Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe. El Juez La Secretaria

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; sin que lo haya hecho pese a estar debidamente notificada para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se continúa con el trámite del juicio en que se actúa, en los términos planteados.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la quejosa, a través del cual solicita copia certificada de la audiencia de veintidós de noviembre del año en curso, así como del proveído ocho de diciembre siguiente. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídanse las impresiones con evidencia criptográfica electrónica que solicita, las cuales se entregaran previa razón de recibo obre en autos por persona autorizada para tal efecto.

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