Olga Tinajero Bautista

Expediente 1933/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1933/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Olga Tinajero Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil dieciocho. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la promovente de amparo, ya que fue a esta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo remite, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el diecinueve anterior. Ahora bien, de las constancias que anexa la oficiante, se advierte que el cinco de enero de dos mil dieciocho, por orden de Misael Gómez Beltrán, Secretario del Juzgado Primero Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, se expidió boleta de egreso en favor de la quejosa; mismo que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En ese tenor, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ------------------------I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.---------------------------------------------(.) -----------------------------------------------------------------------------------Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ----------------------------------------------------------------------------------Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --------------------- (.) ----------------------------------------------------------------------------------- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ahora, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones y omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso; la capacidad de ser parte, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones u omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa se duele de una orden de traslado a diverso centro de reclusión del en que se encontraba recluida y, de conformidad con las constancias de cuenta, a la fecha se encuentra en libertad; por lo que, es inconcuso que el acto reclamado no viola en modo alguno los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese tenor, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1933/2017-VI-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, en virtud de estar plenamente justificada la libertad de la quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de dicha parte las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil dieciocho. INFORMES A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Intégrense únicamente para obren como correspondan los informes a la suspensión de plano que rendidos por la autoridad que los suscribe, en razón que mediante proveído de tres de enero del año en curso se tuvo por rendido, acordándose lo conducente. INFORME JUSTIFICADO Por lo que hace a los informes justificados suscritos por la autoridad responsable remitente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. VISTA INFORMES Ahora, toda vez que ya se cuenta con la totalidad de informes justificados, dese vista al quejoso con los mismos, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término plasmado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que la autoridad responsable Director de Seguridad y Operación dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, rinda su informe justificado. A fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, para su verificativo.

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