Olga Zavala Olvera

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Olga Zavala Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de seis de agosto de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda signada por ******; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por ************, en contra de los actos del agente del Ministerio Público de Tramitación Común en Moroleón, Guanajuato; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 553/2021-III. Análisis de una causa de improcedencia. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente se duele de la resolución de archivo definitivo parcial de la carpeta de investigación *********, tramitada ante la agencia del Ministerio Público de Tramitación Común, con sede en Moroleón, Guanajuato, en la que funge como imputada. Además, destaca otros actos, pero únicamente a manera de violaciones procesales (no vicios propios de las conductas) diversas actuaciones y desahogo de diversos datos de prueba. Es importante destacar que la quejosa se duele de la conducta de autoridad, concretamente, el archivo parcial (en oposición a total), lo que permite deducir que la indagatoria continúa y esta circunstancia es la que pretende impugnar la aquí quejosa. Al efecto, para mayor claridad, se enuncia la parte conducente de la demanda y de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad: El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el ofendido, *********, formuló querella en contra de la quejosa, por el delito de amenazas. El veintitrés siguiente se verificó entre ambas partes, un acuerdo restaurativo ante la autoridad conciliadora. En razón de lo anterior "la ahora quejosa dio por terminado ese asunto". El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno obtuvo copia de la carpeta de investigación y observó que no estaban agregados los registros del acuerdo reparatorio y su aprobación, por lo que el veintiséis siguiente presentó un escrito al fiscal, solicitando "se decrete la extinción de la acción penal". El quince de junio de dos mil veintiuno, la responsable emitió el archivo aquí controvertido, en el que decretó el archivo definitivo parcial de la carpeta de investigación. Ahora bien, la quejosa se duele, en esencia, de que se reconoció indebidamente la calidad de víctima a una tercera persona de nombre **********, pues "la única persona que tiene personalidad en carácter de ofendido y por ende legitimidad en la causa lo es el C. ************, y no como la autoridad responsable pretende hacerlo ver al dar intervención a una persona tercera ajena que no tiene en lo absoluto personalidad y por ende interés legítimo ni jurídico dentro de la misma (.) pues la misma en fecha 3 de junio se le tuvo compareciendo en calidad de víctima querellándose y ratificando la querella de su hermano (.) y la propia presentada por escrito (...) lo cual es totalmente violatorio de los derechos fundamentales a la adecuada defensa (.) además de que es ilógico y absurdo ratificar una querella de un tercero (.) y como se puede apreciar no existe documento que le dé personalidad con la que se pretende ostentar." Al respecto, este juzgado estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Federal, en razón de que dicho acto no irroga perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica. Los preceptos legales antes citados, son tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los imputados el derecho de oponerse a la integración de una carpeta de investigación, aun cuando ellos sean considerados como responsables de ciertos ilícitos. Resulta justificable la inexistencia de ese derecho, pues considerar su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De esa guisa, cuando se llevan a cabo actos tendentes a la investigación de los delitos, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al gobernado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. En efecto, tales actos no son de aquéllos que causen un daño o perjuicio a la parte quejosa en este momento, en virtud de que no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en el caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Tiene aplicación, por las razones que expone, la tesis número 1ª. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 180028, del rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la jurisprudencia I.2º.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, Tomo V, Segunda Parte, Enero- Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 226462 del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como, la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2987, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017560, del rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por **********. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en ***************. Así también, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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