Olga Romero Meza

Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
747/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Olga Romero Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ***************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda; en tal virtud, dígase al promovente que se esté a lo acordado en auto de dos de agosto del año en curso, en el que los documentos que refiere fueron puestos a su disposición. En el entendido de que las personas que autoriza para la recepción de tales documentos, ya cuentan con el carácter de autorizados para tal efecto..

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que en original exhibió como anexos a su demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser destruidos junto con el expediente en su momento. En el entendido de que, para la recepción de dichos documentos, la parte quejosa deberá gestionar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, en contra de actos de la Subdelegación de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el estado de Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital con el número 747/2022-4. Desechamiento de la demanda. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, este Juzgador procede a determinar: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. El precepto aludido es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de forma destacada la omisión de dar contestación al escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós ante el Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación estatal Guanajuato, y en vía de consecuencia la omisión del pago de la pensión respectiva. Así, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Ello es así, pues, como se precisó, la parte quejosa manifiesta que por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, ante el Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación estatal Guanajuato, solicitó que dicho instituto le pague la pensión que le corresponde por el fallecimiento de su concubino, como se advierte del propio escrito de petición que anexó a su demanda de amparo; sin que a la fecha exista respuesta dada al ocurso en cuestión, por parte de la autoridad citada. Además, en vía de consecuencia reclamó que no le pagan dicha pensión. De lo anterior se advierte que la promovente del amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. De ahí que sea necesario precisar el contenido del artículo 8º constitucional, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo transcrito se colige que el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia, como se dijo, que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a. Dictar el acuerdo correspondiente. b. Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia P./J. 42/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189914, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 126, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo tercera parte, volumen CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." En tal virtud, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 15, 17, 17-A y 17-B de la Ley de Federal de Procedimiento Administrativo, establecen lo siguiente: "Artículo 15. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos." "Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." "Artículo 17-A. Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste." "Artículo 17 B. Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente." De los preceptos transcritos se desprende que la Ley de Federal de Procedimiento Administrativo consagra a favor de los gobernados el derecho de petición e impone el deber a las autoridades federales de respetar el ejercicio de esa prerrogativa; también se advierte que el citado ordenamiento prevé que la dependencia u organismo descentralizado deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a tres meses, el cual empezará a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente. Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la omisión por parte del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación estatal Guanajuato, de dar contestación a su escrito recibido por la responsable el treinta de junio del año en curso, la acción de amparo deviene improcedente. Se estima así, dado que la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado, tomando en consideración el momento en el que presentó el referido escrito. En consecuencia, a la fecha de la presentación de la demanda (diecinueve de julio del año en curso), solo han pasado diecinueve días naturales a partir de la presentación de su ocurso. Por lo que, es inconcuso que se encuentra transcurriendo el término de tres meses con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición formulada. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta a la ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, contra la infracción que se demanda al numeral 8 de la ley fundamental, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia referidos y autoridades citadas. Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la Décima Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), Registro: 2000772, que indica: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Es importante destacar que, si bien, la anterior determinación, bajo una diversa interpretación podría incorporar cuestiones de fondo; sin embargo, se invoca la causal relacionada con la falta de afectación, en concordancia con los principios que rigen el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de evitar trámites y retrasos innecesarios para el promovente, en tanto que a nada práctico conduciría verificar un juicio que concluiría con la misma determinación aquí asumida. Así, se acude a la interpretación que privilegia la posibilidad de que la peticionaria inste de nuevo la protección federal una vez transcurrido el plazo que, como se vio, se encuentra a pocos días de hacerse vencedero. En mérito de lo expuesto, si no ha transcurrido el breve término con que la autoridad cuenta para dar respuesta a la solicitud presentada por la aquí parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que pase inadvertido que la promovente del amparo reclama en vía de consecuencia la omisión por parte de la autoridad de pagarle la pensión que aduce en derecho le corresponde; sin embargo, la presente determinación no deja en estado de indefensión a la quejosa, puesto puede acudir directamente a la instancia ordinaria y reclamar lo que en derecho corresponda. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia con número de registro 2011948, décima época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 31, junio de 2016, tomo II; visible en la página 898, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 84/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014699, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 138, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES U OTORGAMIENTO DE PENSIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES EN ESPECIE Y EN DINERO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL O ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES), CUANDO EL LAUDO CONTENGA CONDENA EN SU CONTRA. Procede el juicio de amparo directo promovido por las citadas instituciones contra el laudo que las condene, ya sea a devolver aportaciones a cuentas del fondo de ahorro para el retiro o a otorgar alguna pensión y demás prestaciones en especie y en dinero a los beneficiarios designados en el juicio por el fallecimiento del trabajador, con independencia de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, en la medida en que en el acto que impugnan subsiste una condena que afecta su esfera jurídica; de ahí que tengan interés jurídico para impugnar el laudo, el cual puede ser modificado en caso de resultar fundados los conceptos de violación enfocados a impugnar la condena patrimonial decretada; de lo contrario, ante la falta de concepto de violación quedará incólume, hipótesis en la cual tendrán la ineludible obligación de cumplir la condena decretada a favor de quien o quienes la autoridad laboral haya designado como beneficiarios del extinto trabajador. Sitio para recibir notificaciones. Por otra parte, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "*************" el cual, desde ahora se tienen como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el promovente. Consecuentemente, la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Finalmente, se le tiene señalando el correo electrónico saranda@arandacuellar.com.mx, de lo que se toma nota, para los efectos legales y administrativos correspondientes Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************* (cédula profesional ***********) y ***************** (cédula profesional ***************) dado que de la certificación de cuenta se desprende que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se advierte que ************** no tiene inscrita su cedula profesional en el referido registro como se advierte de la certificación; por tanto, se autoriza en términos restringidos del aludido. De igual forma, se autoriza en términos restringidos del invocado numeral a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita

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