Olga Yadira Butanda Rodriguez
Expediente 25/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olga Yadira Butanda Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de catorce de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia ha causado estado; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido, con sede en Cortázar, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 25/2019-IV.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, la suscrita encargada del despacho estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora bien, debe agregarse que debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado, los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos, testamentarios e intestados-. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589 , establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, a saber: a) La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; b) La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; c) La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y d) La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué la suscrita estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que la aquí quejosa acude a la presente instancia reclamando: La resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el juicio especial sobres sucesión intestamentaria *** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, confirmando la negativa de girar oficios a las dependencias solicitadas por la aquí impetrante con el objeto de notificar a la probable coheredera María Teresa Gómez Ramírez. Como puede verse, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue dictado dentro de la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario de referencia , no tiene por objeto dar por concluida dicha fase ni afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En esa tesitura, dicho acto reclamado no constituye un acto en la primera fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a dicha etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. Cobra aplicación a lo dicho la jurisprudencia VI.3o. J/20, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, materia (s) común, de epígrafe y texto: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la inteligencia de que la Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Ahora, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados y las listas de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César San Vicente Contreras, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del precepto legal en cita a *** por no encontrarse registrados en el referido sistema. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por último, se considera pertinente mencionar que en el juicio de amparo 558/2017-V-2, de la estadística de este Juzgado de la Federación, se desechó la demanda que se instó, en la que también se reclamaba la negativa en enviar oficios a efecto de localizar a la parte demandada, la cual quedó firme al resolverse el trece de julio de dos mil diecisiete, el recurso de queja 26/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato.
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