Olegario Arturo Martin Tellez
Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olegario Arturo Martin Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue concedida la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. En mérito de lo anterior, al ser innecesaria la retención de un DVD, que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, así como dos tomos de copias certificadas, por tanto, remítase dicha constancia a su lugar de origen.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por interlocutoria de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, notificada por medio de lista al quejoso ***, se otorgó a dicho promovente de amparo la suspensión definitiva de los actos reclamados y se le fijó garantía para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar decretada, sin embargo, se desprende que ha trascurrido con exceso el término de cinco días hábiles otorgado, sin que hasta esta fecha haya exhibido dicha garantía que le fue fijada, no obstante su oportuna y legal notificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso ***, en interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales procedentes.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso y tercero interesado, por este conducto se le notifica: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio 3162/2019, signado por la Licenciada ***, Juez Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar con sede en Celaya, al que transcribe el acuerdo emitido el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual deja sin efecto todas las determinaciones asumidas con motivo de la ejecución de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; al haber emitido dicha autoridad el veinticinco de marzo actual, nueva resolución en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Pues bien, del estado de autos se advierte que el quejoso ***, promovió juicio de amparo en contra del auto dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve, por la Juez Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar con sede en Celaya, en los autos del Juicio Oral Ordinario 424/2018; a través del cual se requiere a ***, madre de su menor hijo, para que informe la cantidad a que hacienden los honorarios del psicólogo tratante de dicho menor, para el efecto de que *** cubra la mitad de los mismos. Tratamiento psicológico del referido menor de edad que fue ordenado en resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En este orden, derivado de una ejecutoria de amparo directo, la citada Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en los autos del Toca 799/2018, dejó insubsistente la referida resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictando una nueva el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ordenando la emisión de nuevas medidas con relación al hijo menor de edad del quejoso, dejándose insubsistentes las que se habían dictado derivadas de la resolución que fue dejada sin efectos de ahí que entre otras, dejó insubsistente el auto de quince de marzo actual que constituye el acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto. Precisado lo anterior, a consideración de este Tribunal Federal respecto del acto reclamado en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con seis minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto que reclama el quejoso ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así toda vez que la autoridad señalada como responsable como se precisó con anterioridad, indica y acredita que el acto reclamado ante este órgano de Control Constitucional, dictado en los autos del Juicio Oral Ordinario 424/2018; quedó insubsistente en su proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, transcrito en el oficio con que se da cuenta; emitido a su vez derivado del dictado de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en los autos del Toca 799/2018 en acatamiento a una ejecutoria de amparo Directo; de ahí que dictó nuevas medidas con relación a su menor hijo dejando sin efectos las anteriormente emitidas. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, CESÓ EN SUS EFECTOS el acto reclamado, que ante esta autoridad de Amparo reclamó ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con seis minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve. Finalmente, atento al sentido en que se dicta la resolución que nos ocupa, agréguese a los autos del juicio de amparo únicamente para que obre como corresponda el alegato ministerial 363/2019, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través del cual formula alegatos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra el acto que reclama del Juzgado Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar con sede en Celaya; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el informe justificado de la autoridad responsable, no fue rendido con una anticipación de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, a efecto de que las partes se impongan de su contenido según lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo.
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