OLGA VIRGINIA GALLARDO MEDRANO y Otros.
Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- OLGA VIRGINIA GALLARDO MEDRANO y Otros.
- Olga Virginia Gallardo Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se agrega sobre devuelto para efectos de control. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el sobre devuelto por Correos de México, mediante el cual se advierte que no fue posible notificar a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, el contenido del oficio 6581/2022 del índice de este juzgado; lo anterior, toda vez que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
León, Guanajuato; treinta de marzo de dos mil veintidós. I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se concedió la suspensión de plano. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Versión pública de la resolución. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. V. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
León, Guanajuato; veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, en específico de las constancias que remitió el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, visibles a fojas 96 y 115 del sumario constitucional, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece la menor de edad quejosa), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación; así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamada a efecto de ser vacunada contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, se advierte que, en cumplimiento a la suspensión de plano de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió dos comprobantes de vacunación, relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor de edad quejosa; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece la menor de edad quejosa), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación; así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamada a efecto de ser vacunada contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; pues, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, que en fechas veintinueve de noviembre (promoción 15647) y veintiuno de diciembre (promoción 16208) de dos mil veintiuno, a la menor quejosa se le aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requiere para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos, y por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, a las cuales ya les trascurrió el término concedido para ello; sin embargo y toda vez que las responsables residen en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima necesario diferir la celebración de la audiencia constitucional, para dar margen a que obren en autos los informes justificados, ya que es un hecho notorio para este tribunal que el tiempo que hasta hoy ha transcurrido es insuficiente para que llegue la correspondencia ordinaria, máxime el retardo que ha originado en la misma la contingencia derivada por el virus Covid-19; en tal virtud, a fin de que se encuentre debidamente integrado el juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
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