Olga Lidia Perez Monreal

Expediente 838/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
838/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Olga Lidia Perez Monreal
  • Director del Centro Estatal de Reinsercion Social En la Ciudad de Leon, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    León, Guanajuato, diez de febrero de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria sentencia de once de enero del año en curso. En este caso, se sobreseyó el juicio, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: 1) Si bien es cierto, se sobreseyó el juicio de amparo, también lo es que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, deberá designar a un autorizado para que acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, indíquese a la parte quejosa que si la persona designada requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias, a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión y a su Defensora Pública. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA DE LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10 DE FEBRERO DE 2022, QUE REZA: I. Causa ejecutoria sentencia de once de enero del año en curso. En este caso, se sobreseyó el juicio, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: 1) Si bien es cierto, se sobreseyó el juicio de amparo, también lo es que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, deberá designar a un autorizado para que acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, indíquese a la parte quejosa que si la persona designada requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias, a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. León, Guanajuato, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del once de enero de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 838/2021-III, promovido por Fabián García Cortés, en favor de la directa quejosa Olga Lidia Pérez Monreal, se procede a celebrarla ante la presencia judicial de la licenciada Norma Rojas López, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/4362/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la secretaria técnica de dicha Comisión, quien actúa con el licenciado José Luis Sánchez García, secretario que autoriza y da fe. La secretaria encargada del despacho declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo sin comparecencia de las partes. A continuación, el secretario da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo, entre las que destacan por su importancia el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual obra agregado a fojas 31 y 32, de autos. A lo que la secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida la secretaria encargada del despacho declara abierto el periodo probatorio, en el que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que obra en autos a fojas 18 a 23 y 33 a 55, y al no existir más pruebas con que dar cuenta, se procede a cerrar dicha etapa y se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que las partes fueron omisas en formularlos y, que el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no exhibió pedimento, por lo que al no haber argumentos que tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 838/2021-III, promovido por Fabián García Cortés, en favor de la directa quejosa Olga Lidia Pérez Monreal, contra actos del director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 4, 14, 16, 20 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la secretaria de guardia, y de forma electrónica, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo promovida por Fabián García Cortés, en favor de la directa quejosa Olga Lidia Pérez Monreal, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal; así, en auto de esa misma fecha, se registró con el número de expediente 838/2021-III, se concedió la suspensión de plano en los términos ahí precisados, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, se requirió a la quejosa directa la designación de un abogado a fin de que la patrocinara en esta instancia constitucional y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Así, la audiencia constitucional se desarrolló en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 35, 37, tercer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado versa sobre la omisión de la autoridad señalada como responsable de proporcionar atención médica a la quejosa, misma que se encuentra interna en un centro de reinserción social localizado en esta ciudad, en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama del director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato: La omisión de proporcionarle atención médica a Olga Lidia Pérez Monreal, ante un posible contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en virtud de tener síntomas similares a dicha enfermedad, como lo es fiebre alta, diarrea, dolor de cuerpo y deshidratación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. A fin de abordar debidamente este punto considerativo, es menester precisar que la demanda de amparo se admitió a trámite, entre otras razones, tomando como punto de partida que en la actualidad el Estado Mexicano se encuentra sobrellevando la pandemia del virus denominado "COVID-19"; además, la directa quejosa se encuentra recluida en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad y que la persona que promovió el presente juicio en su nombre refirió, bajo protesta de decir verdad, que debido a la omisión que se reclama se pone en riesgo la salud y vida de la directa quejosa. De lo anterior, se consideró innecesario ordenar la ratificación de la demanda que nos ocupa, en pro del derecho a la salud de la directa amparista, porque de no actuar así, se estimó que se podría ocasionar a la impetrante un perjuicio de imposible reparación, al atentar de manera directa contra ese derecho. De igual manera, no se soslayó que si bien es cierto en la demanda de amparo se reclaman actos relacionados con cuestiones de internamiento de una persona privada de la libertad, por lo que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, por regla general se debe agotar el principio de definitividad, en términos de la jurisprudencia por contradicción 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo; verídico es que, como en el presente asunto, el acto reclamado se traduce, en esencia, en la omisión de brindar atención médica a la directa quejosa ante un posible contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), teniendo cuatro días continuos con fiebres muy altas, diarreas, dolor de cuerpo y una fuerte deshidratación, lo que a consideración de la suscrita pueden poner en riesgo no solamente su integridad física, sino su vida misma, de ahí que se admitiera la demanda de amparo sin necesidad de establecer que, previo a acudir al juicio constitucional, la quejosa debía agotar la petición administrativa correspondiente, de conformidad a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Establecida las condiciones del porqué se admitió la demanda de amparo en los términos fijados en el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; es dable precisar que el acto será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades que la autoridad esté obligada a realizar, de ahí que para precisar la certeza de un acto de estas características, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada jurídicamente a realizar esa conducta, porque de no ser así se llegaría a una conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, dejando de lado la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Lo resaltado es propio. En ese sentido, debe tenerse por cierto el acto que se le reclama al director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad, toda vez que, si bien, negó el acto reclamado; lo cierto es que de las manifestaciones vertidas en su informe con justificación se advierte que, posterior a la presentación de la demanda de amparo, en específico el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, tras una valoración médica y en atención a los síntomas que presentaba, a la quejosa le fue realizada una prueba rápida para verificar si ésta se encontraba contagiada del virus de COVID-19; de ahí que se advierta su existencia, con independencia de que (como lo manifiesta la responsable) se actualice o no la causal de improcedencia que aduce, señalando que es inexistente el acto que se le reclama. Sobre este último punto, la autoridad responsable aduce que la omisión reclamada por la quejosa es inexistente dado que antes de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el trece de octubre de dos mil veintiuno, a la quejosa se le ha proporcionado atención médica, al tenor de las siguientes manifestaciones: "[.] ha sido atendida en diferentes ocasiones según lo requiera, siendo su solicitud de atención desde el día 13 de octubre de 2021, donde se canalizo (sic) al área médica y se le dio la atención necesaria, diagnosticándose con faringitis bacteriana, con toma de temperatura y saturación de oxigeno (sic) dentro de parámetros normales [.] acudiendo al área médica para seguimiento y administración de medicamento los días 14, 15, 16 y 17 del presente mes y año, presentando mejoría inicial y posterior recaída; el día 18 de octubre se valoró nuevamente continuando con temperaturas y saturación de oxigeno (sic) dentro de parámetros normales [.]". Para corroborar su aseveración, la responsable remitió copia certificada de una receta médica de trece de octubre de dos mil veintiuno, firmada por la doctora Tita Stephany Sandoval Barron (sic), prescrita a Olga Lidia Pérez Monreal, la cual fue firmada por esta última (foja 33 de autos); así como copia certificada de la bitácora de consultas médicas de trece de octubre de dos mil veintiuno (foja 51), en la que aparece el nombre y firma, y la fecha y hora a la que acudió a consulta médica. Empero, la autoridad responsable fue omisa en exhibir constancia suficiente con la que acreditara la valoración médica que el trece de octubre pasado se le practicó a la quejosa supuestamente (nota médica) y el diagnóstico resultante, para así establecer plena identidad entre los síntomas que en aquél momento presentaba la quejosa, así como los diversos que tuvo al momento de la presentación de la demanda de amparo. Cuestión que es necesario que la autoridad responsable acredite sin lugar a dudas, sin que este Juzgado de Distrito sea perito en establecer la identidad de sintomatología y diagnóstico de la quejosa en fechas trece de octubre de dos mil veintiuno y subsecuentes. De ahí pues, que resulte infundada la causal de improcedencia hecha valer por el director del centro penitenciario de esta ciudad, dado que a él le correspondía acreditar, de forma manifiesta e indudable, la inexistencia del acto que se le reclama, sin que efectivamente lo haya hecho, mediante constancia suficiente. En consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues la manifestación de la responsable en el sentido a que se hizo referencia constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además de que la documental pública mencionada con anterioridad cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copias certificadas de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. En atención a los informes rendidos y a la plena eficacia de la documental exhibida, se encuentra demostrada fehacientemente la existencia de los actos combatidos, según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." De oficio, este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De la documental remitida por el director responsable, como apoyo a su informe de ley, se obtiene que la impetrante, fehacientemente después de la presentación de la demanda de amparo, sí ha recibido la atención médica que necesita para los problemas que le aquejan y que se precisaron en su demanda de amparo, consistentes en síntomas similares al Covid-19, toda vez que, sin lugar a dudas, fue valorada médicamente por la doctora Tita Stephany Sandoval Barrón, según consta en el certificado médico de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, visible a fojas 20 y 35 de autos, del cual se desprende que a la quejosa se le diagnosticó una "FARINGITIS BACTERIANA" y se le prescribió el medicamento y cuidados ahí descritos. Fecha la cual, inclusive, la autoridad responsable adujo que a la quejosa se le realizó una prueba rápida de diagnóstico de COVID-19, arrojando un resultado negativo; sin que al efecto, haya remitido constancia que acredite tal aseveración; no obstante ello, al diagnóstico médico de diecinueve de octubre sí se le dio seguimiento, los días veintiuno, veinticinco, veintisiete de octubre, ocho y nueve de noviembre, todos del dos mil veintiuno. Así, del certificado médico de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se obtiene que derivado de la faringitis detectada, se estableció un plan de continuar las medidas de sana distancia, vigilar datos de alarma y se señaló una cita abierta a servicio médico, esto último en caso de que persistieran los malestares; asimismo, el doctor Moisés Adrián Romo Sánchez, expresó que su enfermedad se encontraba "en remisión", derivado de la siguiente valoración: "Se revisa con edad aparente a la cronológica, consiente, orientado, cooperador, integro en sus 3 esferas, neurológicas Glasgow 15 de 15, estado hídrico conservado, coloración aceptable, normocéfalo, cardiorespiratorio sin compromiso, abdomen no doloroso, extremidades inferiores sin compromiso y superiores con escoriaciones, genitourinario diferido." De lo anterior se infiere que la quejosa ha recibido la atención médica necesaria y suficiente (de acuerdo a lo estimado por los médicos tratantes), para contrarrestar el padecimiento que diera origen al presente juicio de amparo y que, a la última fecha de valoración, esto es, el nueve de noviembre pasado, la quejosa se encontraba saliente de su enfermedad, motivo por los cuales ya no se le suministró medicamentos, estableciendo un plan de cuidados y cita abierta en caso de así necesitarlo. Lo que evidenció una mejoría clínica. Documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Por tanto, en atención a que del libelo de amparo se aprecia que la quejosa directa se duele medularmente de la omisión de proporcionarle atención médica; es evidente que los efectos de dicho acto han cesado en razón a que la autoridad responsable demostró que ya se practicaron las valoraciones médicas y se suministró medicamentos para contrarrestar el padecimiento que tenía al momento de la presentación de su demanda de amparo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa. Sin que lo aquí determinado haga nugatorio su derecho a la salud, pues, en todo caso, si sus malestares llegaran surgir nuevamente, o bien, se presente una enfermedad diversa, quedarán a salvo sus prerrogativas de peticionar a la autoridad responsable, lo que estime conveniente en aras de salvaguardar aquél derecho. Así las cosas, es innegable que respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional por el aludido impetrante se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia en principio invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA PUBLICA DE LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE 18 Y 22 DE OCTUBRE, 16 DE NOVIEMBRE, 15 Y 20 DE DICIEMBRE, TODOS DE 2021. I. Defensora Pública acepta cargo. Téngase por recibido el escrito signado por la Defensora Pública para el Estado de Guanajuato Gracia Muñoz Vera, a través del cual acepta el cargo de representante de la quejosa Olga Lidia Pérez Monreal. En consecuencia, se le tiene aceptando y protestando el cargo mencionado; asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta y como autorizados para tales efectos a las personas que indica. Finalmente, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. II. Comunicación a la quejosa sobre designación de defensora pública. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignado como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo a la Defensora Pública Gracia Muñoz Vera, para los efectos legales a que haya lugar. III. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto a la directa quejosa privada de su libertad, como a la defensora y/o asesora antes citada, a fin de potencializar el acceso a la justicia de la aquí quejosa. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". IV. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Se ordena notificación. Finalmente, visto el estado de autos, se ordena al actuario de la adscripción para que, proceda a realizar las notificaciones de los proveídos de dieciocho de octubre, veintidós de octubre, dieciséis de noviembre y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como que se le corra traslado con los informes justificado y de plano, a la defensora de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido, y, en su caso, promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.

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