Olga Lidia Torres Silverio

Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
529/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Olga Lidia Torres Silverio

Actuaciones

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintidós, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Olga Lidia Torres Silverio, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 529/2022-III, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito. ACTO RECLAMADO La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto dictado en la audiencia inicial celebrada el dieciocho de abril del presente año, dentro del expediente 1113/2021, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por el cual inadmitió el recurso de revocación interpuesto de manera verbal, en contra de la negativa a ordenar la comparecencia de la codemandada Joselyn Joana Dolores Torres, para el efecto de que ratificara su allanamiento a la demanda. DESECHAMIENTO El Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos de autoridad tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto porque las consecuencias de la violación cometida quedarían consumadas de manera irreparable. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no tienen como consecuencia una afectación inmediata a derechos de naturaleza sustantiva. Así, en el caso, el acto reclamado no quebranta en perjuicio de la peticionara de amparo, de manera cierta, sus derechos fundamentales, ya que el acto reclamado consistente en el auto dictado en la audiencia inicial celebrada el dieciocho de abril del presente año, dentro del expediente 1113/2021, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por el cual inadmitió el recurso de revocación interpuesto de manera verbal, en contra de la negativa a ordenar la comparecencia de la codemandada Joselyn Joana Dolores Torres, para el efecto de que ratificara su allanamiento a la demanda, no implica una vulneración a los derechos sustantivos de la parte quejosa, esto es, no es un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, al no producir de manera directa e inmediata la afectación a algún derecho fundamental. Expuesto lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que conforme a la procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que dicha resolución sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable; por lo que es probable que tal afectación procesal, sea susceptible de extinguirse a través de la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. Esto es, la anterior determinación reclamada no genera afectación a derechos sustantivos de la quejosa, pues no le restringe algún derecho sustantivo, por el contrario, únicamente tiene por objeto la continuación del proceso natural, sin que ello implique una afectación actual, real y directa en la esfera jurídica de la promovente de la demanda de amparo. Se invoca en cuanto a los razonamientos que contiene, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, décima época, registro digital 2006338, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 7/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 13:45 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.

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