Olga Angélica Lozano Herrera
Expediente 1416/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1416/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Olga Angélica Lozano Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual comunica que el veinte de enero de dos mil veintitrés, dictó la sentencia en el recurso de revisión 928/2022 interpuesto por...y al efecto anexa la respectiva constancia de notificación practicada vía correo electrónico. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta. Ahora bien, se destaca que la responsable ya emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; al resolver el recurso de revisión 928/2022 interpuesto por...la que se notificó vía correo electrónico; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de resolver el recurso de revisión 928/2022, del índice de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Ahora bien de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir, al pronunciarse respecto de ello en la determinación de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revisión 928/2022 interpuesto por... Lo anterior, pues resulta relevante precisar que respecto a la omisión que le fue atribuida, el veinte de enero del año en curso, la responsable resolvió lo conducente, misma que fue notificada a las partes vía correo electrónico; por tanto, con el dictado de dicha determinación, cesó la omisión que reclama la parte quejosa y, que en su momento, originó el presente juicio de amparo. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente, se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reprochada; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que formule ampliación de demanda contra la resolución que emitió la Sala responsable, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que amplíe la demanda respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable en un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de veinte de diciembre del año inmediato anterior, la autoridad responsable 1. Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; al rendir su informe justificado, informó que el recurso de revisión 928/2022, interpuesto por la aquí quejosa, se encuentra previsto para ser resuelto en la sesión de veinte de enero de dos mil veintitrés, sin que al efecto adjuntara documental que acredite dicha circunstancia. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que, dentro el término de tres días contados a partir de la data indicada (veinte de enero del año en curso), informe lo resuelto respecto al recurso de revisión citado y remita copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; lo anterior, con la finalidad de que este juzgado cuente con las constancias necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar la imposibilidad legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, como lo disponen los preceptos 260, fracción II y 238 de la ley citada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por la 1. Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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