Olga Lidia González Chávez

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Olga Lidia González Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio SEADS/1941/2023, de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Sandra Guzmán Gutiérrez a este órgano constitucional, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés. hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Se recibe oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite el diverso firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que se encuentra dirigido a este órgano jurisdiccional. Acepta competencia. En ese sentido, téngase recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, acusa de recibo del similar por el que se le remitieron los autos originales del presente expediente; e informa que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 383/2023, del índice de este Juzgado, promovido por Olga Lidia González Chávez. Vinculación del expediente electrónico. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. Archivo. Ahora bien, toda vez que en el en el expediente en que se actúa no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, por no encontrarse dentro de los criterios de valoración que pueda ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de los expedientes principal condigno. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbanse tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En primer término, debe decirse que, el oficio de cuenta carece de la firma electrónica de quien lo suscribe, y si bien se advierte que dicho oficio fue firmado de forma autógrafa, lo cierto, es que los documentos oficiales remitidos vía interconexión, pueden prescindir de la firma autógrafa, pero no exime al funcionario correspondiente de remitir la evidencia criptográfica de su firma electrónica, según se advierte del artículo 72 Ter del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y artículo 5 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico. Por tanto, se agrega únicamente para que obre como constancia la referida misiva proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el cual pretende solicitar información del estado procesal del presente juicio de amparo. Hágase la anterior circunstancia de homólogo oficiante a efecto de que se encuentre en aptitud de subsanar dicha omisión.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 383/2023-II-F. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido del escrito de demanda, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]". Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. Para ello, es necesario examinar la naturaleza jurídica del acto reclamado, y al caso resulta orientador lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 343/2019. En dicha ejecutoria, la referida sala destacó que los actos se dividen en: Positivos Negativos Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos; Actos prohibitivos Omisivos o abstenciones. Destacó que los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Asimismo, indicó que los actos negativos son aquéllos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde; así como que dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Refirió que los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Adujo que los actos negativos simples, son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. En tanto que, puntualizó, los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, mencionó, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. De igual forma, sostuvo que los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, aseveró que los actos omisivos o abstenciones, son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. En tal virtud, si de lo reseñado se sigue que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquéllos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, corresponde verificar si la omisión de ordenar notificar a las partes, el laudo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen, por parte del tribunal aquí señalado como responsable, produce efectos y/o consecuencias para las partes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la tutela judicial efectiva que contiene principios como el de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, mismo que todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a observar. En ese orden de ideas se concluye que el acto reclamado consistente en la omisión de ordenar notificar a las partes, el laudo dictado el dos de mayo de dos mil veintitrés, trae consigo la paralización del procedimiento y además genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tiene una ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista se transgrede el derecho de impartición de justicia pronta; violación que evidentemente subsistirá hasta que el tribunal responsable pronuncie el acuerdo por el que ordene notificar el laudo condigno. Cabe mencionar que en el caso, la parte agraviada reclama la omisión de ordenar la notificación del laudo correspondiente, no así la omisión de notificar dicha determinación, las cuales son cuestiones totalmente diferentes, pues la primera de tales omisiones evidentemente conlleva una falta de dictar un acuerdo por parte del tribunal responsable, en tanto que la restante omisión, en su caso, sería atribuible al notificador o ejecutor respectivo. Por tanto, si la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, la omisión de ordenar notificar el laudo dictado en el expediente laboral 671/2010/M5, de su índice, en el cual la quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala es parte actora; entonces, el competente para conocer de esa demanda de amparo es el Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al ser quien ejerce jurisdicción en el domicilio de la autoridad que está obligada a dictar el proveído omitido por el que se ordene la notificación del laudo de que se trate. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma con sus copias, -vía Estafeta-, al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "Hectorm", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Pérez Vilet, Héctor Miguel Medina Ocejo y Daphne Alejandra Saraya Zavala, toda vez que se trata de la parte trabajadora. No ha lugar domicilio físico. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en relación a tenerla por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, dado que, el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado Federal y además, conforme con lo previsto en el artículo 55 del indicado Acuerdo General, en párrafos que anteceden se autorizó al usuario "Hectorm", para recibirlas de forma electrónica. Datos de contacto. Asimismo, se tiene a la quejoso proporcionando como datos de contacto la dirección electrónica y número de teléfono que refiere en su ocurso de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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