Olga García Hernández
Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Olga García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintitrés. Autoridad acusa recibo de constancias. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno, de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 16915/2022, por el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa gestiones. Téngase recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial número Uno, de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, por el cual remite copia autógrafa del auto de seis de enero de dos mil veintitrés, del que se advierte que se ordenó el archivo definitivo del expediente laboral de origen. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, toda vez que en auto dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************-III, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 86 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la citada ley de la materia, se declara que dicho proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que no son necesarias en el presente sumario constitucional, previo glose de la portada del anexo número uno, remítanse a la responsable las constancias que exhibió en vía de informe justificado; solicitándole se sirva acusar recibo a la brevedad. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. INFORME. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, ténganse recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual hace del conocimiento de este Juzgado que con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo relativo al convenio celebrado entre las partes dentro del juicio natural de donde deriva el acto aquí reclamado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del escrito inicial se advierte que el acto que por esta vía se combate, se hizo consistir en la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de sustitución patronal promovido en el juicio laboral 1239/2018/JE1-1 del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Ahora, de las copia certificadas que allegó el Presidente de la Junta responsable, mismas que por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, se advierte que en el citado expediente natural, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo relativo al convenio celebrado entre las partes aquí quejosa y tercero interesada, el cual, fue elevado a categoría de laudo consentido, dejando sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia bifásica. En tales condiciones, se estima que en el caso procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: .... Es así, toda vez que en dicho precepto legal invocado el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, 2. Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. ..... En consecuencia, es inconcuso que con la celebración del convenio realizado entre las partes aquí quejosa y tercero interesada dentro de los autos del juicio natural de donde emana el acto reclamado, actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce, como ya se adelantó a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Por tanto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ..... Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente.
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