Offir Alejandro Ramos Hernández

Expediente 1740/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1740/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Offir Alejandro Ramos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL SE RESUELVE.... ÚNICO. SE CONCEDE AL QUEJOSO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se provee: téngase por recibido el oficio signado la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en virtud del cual, comunica que fue girado oficio al Director de Gastos de Operación y de Obra de dicha Secretaria, a fin de que lleve a cabo los trámites pertinentes relativos a devolver la cantidad materia del presente reclamo, por lo que, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto, realice lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 38972196 emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora de Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). Reintegre a éste el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto; y En lugar de dicho recibo, emita otro por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada). En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que se tuvo al autorizado de la parte quejosa señalando como nuevo domicilio para recibir notificaciones el siguiente: Calle xxxxxx.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger los documentos fundatorios que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  4. Principal

    Se agrega ocurso. Téngase por recibido el escrito signado por XXXXX, quien se ostenta como tercero interesado en el presente juicio de amparo y pretende señalar como autorizado a XXXXX a lo que se provee: no obstante a que el escrito de cuenta se encuentra dirigido al presente asunto, no ha lugar a proveer de conformidad a lo aquí solicitado en virtud de que no se advierte que sea parte en el sumario o tenga algún carácter reconocido. Se ordena el archivo. Ahora bien, en términos del primer párrafo, y la fracción III, del artículo Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, el duplicado del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses contados a partir de la presente resolución, ello en virtud a que existe el original del incidente y en el duplicado no obran documentos originales. Y, conforme la fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto señalado con antelación, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado el archivo del juicio de donde deriva este incidente, dado que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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