Offir Alejandro Ramos Hernández

Expediente 2247/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2247/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Offir Alejandro Ramos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría del Transporte Público del Estado de Jalisco, mediante el cual, nombra como delegados a ******************** y ********************; en esas condiciones, se tiene como delegado de su parte a la profesionista que cita, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, sin revocar anteriores nombramientos.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este juzgado considera que a efecto de resolver el presente sumario, es necesario conocer diversa información de la ya existente; ante tal situación, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, remita a esta juzgado copia certificada, completa y legible, de todo lo actuado en el juicio de origen. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, en el lapso antes indicado, se le impondrá una multa por la cantidad de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), de conformidad, con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J17/97, del tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 108, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Finalmente, toda vez que no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y en su lugar, se fijan las once horas con veinte minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por Gabriela Monserrat Corona Chávez, tercera interesada en el presente juicio de amparo, por medio del cual presenta justificante médico con la intención de manifestar la imposibilidad del testigo Eduardo Contreras Cruz, de comparecer a la audiencia constitucional, por los motivos que ahí expone, lo cual tan solo se ordena agregar a los autos, en virtud de que en auto de treinta de octubre pasado se difirió la celebración de la audiencia constitucional.

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