Ofelio Sanchez Leal
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ofelio Sanchez Leal
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. De acuerdo a la certificación secretarial de cuenta y del estado de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, al haberse otorgado en su momento la suspensión de plano de los actos reclamados, este expediente es susceptible de ser conservable con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Además, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo ya que ordena el archivo de este asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente al quejoso ********************, el auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, pues refiere que al constituirse en el área de los separos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue atendida por el agente de guardia, quien le informó que dicho amparista ya no se encuentra en dicha área, pues obtuvo su libertad el catorce de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto de catorce de agosto del dos mil veintitrés, el presente acuerdo, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución sí se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO ********************, EL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, EL PRESENTE ACUERDO, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES DETERMINACIONES. AUTO DE CATORDE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. DILIGENCIA. A sus autos, la comparecencia realizada ante el directo quejoso ********************, en la cual, dicha parte procesal refirió lo siguiente: a) Que no tiene algo que reportar al actuario; b) Que sí se encuentra bien de salud; c) Que sí ha tenido comunicación con su abogado, por lo que no se encuentra incomunicado; d) Que no ha sido torturado ni maltratado; e) Que sí sabe el motivo de su detención; Ahora, el actuario da fe, que las instalaciones en las que se encuentra referido quejoso, es una celda amplia, con ventilación, en buen estado de limpieza y lo comparte con otro detenido. Por otro lado, de la diligencia de mérito, puede observarse que ********************, sí ratifica la demanda de "garantías" promovida a su favor. COMUNICACIÓN. En diverso aspecto, glósese el diverso ******************** signado por la autoridad responsable 1. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado, a través del cual, referida autoridad, hace del conocimiento el acatamiento a la suspensión de plano concedida al quejoso en doce de los actuales; y, para justificar su dicho, anexa diversas constancias. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que la demanda de amparo promovida por ******************** en representación de ********************, en la que reclama de la 1. Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla la incomunicación y privación ilegal de la libertad, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la diligencia practicada por el fedatario judicial adscrito el doce de agosto pasado en las instalaciones que ocupan la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, no se advierte que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo, pues si bien la parte promovente pretende acudir a esta instancia constitucional en nombre de ********************, manifestando que éste se encontraba incomunicado y privado de la libertad fuera del procedimiento, lo cierto es que de la diligencia practicada, el directo quejoso, en lo que interesa, manifestó: "[.] el día de ayer habló con su abogado por lo que no está incomunicado, su familia ya sabe que se encuentra en este lugar [.]". Además, de las constancias anexadas al informe de suspensión de plano de la autoridad responsable, se observa que a las tres horas con cuarenta minutos del doce de agosto de dos mil veintitrés, dicho quejoso tuvo una llamada telefónica; máxime que el actuario adscrito tuvo intervención con el quejoso a las veintitrés horas con treinta minutos del mismo día. De lo que se puede advertir que el referido demandante constitucional no tenía impedimento material o legal alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza, aunado a que únicamente señaló que se encontraba privado de su libertad en las instalaciones de dicha Delegación de la Representación Social Federal, sin que ello implique algún acto de incomunicación. En ese sentido, no se aprecia impedimento alguno para que el directo agraviado firmara la demanda de amparo que se promueve en su nombre, caso contrario sería si aquél se encontrara incomunicado. Lo anterior, evidencia que no se acredita el requisito previsto en el artículo 15, párrafo primero parte final, de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se desprende alguna imposibilidad para que el agraviado directo pueda promover el amparo. Atento a anterior, no existe razón que le impida promover personalmente o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo." SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA EN EL PRESENTE ASUNTO. Ahora bien, vista la diligencia que antecede, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto a la suspensión de plano concedida respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación sufrida por el quejoso directo, pues como ha quedado precisado con antelación, él mismo refirió, en lo que interesa, que: "[.] el día de ayer habló con su abogado por lo que no está incomunicado, su familia ya sabe que se encuentra en este lugar [.]". Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar en que se encuentra privado de su libertad; por lista a su autorizado en términos amplios por así haberlo solicitado; y, por oficio a las autoridades responsables, así como a la representación social de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. COMUNICACIÓN. A sus autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio FGE/AIC/PFM/DGMMJ/UAIORPUE/PUR/EJ/497/2023 signado por el 2. Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Puebla, a través del cual manifiesta el acatamiento a la suspensión de plano concedida al quejoso mediante determinación de doce de agosto pasado. Ahora, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, en razón a que en auto de catorce de agosto actual, se comunicó a dicha autoridad que la demanda de amparo intentada por ***, fue desechada. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación no se integrará al expediente físico, pues no es indispensable para el impulso procesal de este juicio de amparo. Cúmplase.
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