Ofelia Juarez Martinez
Expediente 850/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ofelia Juarez Martinez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 850/2018-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: PRIMERO.- Si comparece ante esta instancia constitucional: 1. por su propio derecho, 2. en representación de su menor hijo, o 3. por su propio derecho y en representación de su menor hijo. Lo anterior es así, pues si bien en el proemio de la demanda de cuenta, la promovente manifiesta que acude a esta instancia por su propio derecho y en representación de su menor hijo, no menos verídico resulta que, de la lectura integral de la misma se advierte que en los capítulos denominados "IV.- ACTOS RECLAMADOS", "V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", "VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO" manifiesta que los actos reclamados únicamente se emiten en contra de su menor hijo y que es a éste a quien se le pretende privar de su libertad personal, además de que sólo señala que a él se le causa agravio; máxime que solicita la suspensión provisional del acto reclamado "a fin de que mi menor hijo siga gozando de su libertad". Por lo tanto, este órgano de amparo no tiene la certeza del carácter con el que la promovente comparece ante esta instancia constitucional; en consecuencia, se reitera, deberá precisar si comparece ante esta instancia constitucional: 1. por su propio derecho, 2. en representación de su menor hijo, o 3. por su propio derecho y en representación de su menor hijo. SEGUNDO.- En caso de que la demanda de amparo la promueva en representación de su menor hijo deberá acreditar, con documento fehaciente su personalidad. Ello toda vez que con su escrito de demanda no exhibió documento idóneo alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta; por tanto, al ser omisa la demanda en ese aspecto, procede realizar la presente prevención. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.124/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 36, Noviembre de 2016, tomo II, página 1449, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretendió autorizar a Zurisaday Vélez Rosas en términos amplios del citado numeral no proporcionó datos de su cédula profesional, a fin de corroborar que se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, respecto a las demás personas, así lo manifestó expresamente. Sin perjuicio de que una vez que acrediten dicha circunstancia, podrán ser autorizados en los términos planteados. USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto, en caso de admitir su demanda de amparo, se advierta la existencia del acto reclamado y si las constancias que remitan las autoridades responsables como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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