Ofelia Terán Sánchez
Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ofelia Terán Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL.444/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de junio del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Ofelia Terán Sánchez, sin que dicha parte hubiese interpuesto ese medio de impugnación dentro de ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario pronunciarse sobre el plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, pues al haberse sobreseído en el juicio y negado el amparo y protección de la Justicia Federal, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es DEPURABLE, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generaron en este expediente, revise se hayan integrado al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Devolución de documental. Por otra parte, la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como justificación a su informe remitió diversas constancias deducidas del expediente 854/18-15-01-4, de su índice, con las que se ordenó formar el tomo anexo relativo; por tanto, al declararse este asunto como concluido, se ordena devolver esa documental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.444/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 444/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Ofelia Terán Sánchez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Director Normativo de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, b) el que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. III. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno acatamiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se hizo constar que los días trece, catorce y quince de abril del año en curso habían sido inhábiles, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 444/2022 y se previno en los términos ahí indicados. Tercero. Cumplimiento de prevención y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se le atribuyen a las autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, b) el que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. III. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1) Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del encargado, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2) Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de México, por conducto de la subdirectora de Pensiones, titular del Área de Pensiones. 3) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su presidenta, residente en la ciudad de Oaxaca. Al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. La primera de las autoridades señaló que no tenía ninguna información del juicio de nulidad 854/18-15-01-4, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no era cierto el acto que se le atribuía. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa, porque de las constancias que remitió la Sala Regional responsable, en copia certificada, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia en dicho juicio ordinario tradicional, en la que se estableció que la demandada lo era la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que presentó la contestación a la demanda natural, a través del jefe de la Unidad Jurídica. De ahí que fue parte de la relación procesal en el referido juicio de nulidad, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. La segunda autoridad señaló que mediante oficio con terminación 37339/2021, de trece de octubre de dos mil veintiuno, cumplió con el requerimiento formulado por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, a su vez, requirió a la demandada para que realizara las gestiones necesarias y diera cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el referido juicio de nulidad. Ahora, se tiene por cierto el acto que se le atribuye, ya que únicamente quedó demostrado que remitió el oficio a la demandada, como se advierte de la constancia que envío en copia certificada, pero no que dicha autoridad hubiere quedado enterada de ese requerimiento. Y la tercera autoridad dijo que efectuó las gestiones tendentes a hacer cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve, y precisó cuáles fueron las actuaciones llevadas a cabo; por lo que, señaló, no eran ciertos los actos que se le atribuyeron. Sin embargo, analizar las actuaciones que llevó a cabo la responsable se relacionaría con el fondo del asunto, pero no con la inexistencia de la omisión que se le atribuye; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de las autoridades y actos siguientes: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca. a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado. b) El que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4, previo un nuevo estudio sobre el tema. Se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y preferente, en términos del numeral 62 de la ley invocada. Ese precepto contempla el principio de definitividad, que consiste en que el juicio es únicamente procedente contra actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; de no cumplirse, el juicio de amparo sería improcedente. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con las que se ordenó formar el tomo anexo a este juicio de amparo, se aprecia que: a) En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la revisión fiscal 899/2018, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio 854/18-15-01-4, por la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número SP/00142/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se informa a la actora que la cuota de su pensión ha sido incrementada correctamente conforme a las exigencias de la ley, así como de su concesión de pensión número 1105203, emitida por el subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la demandada para que en el plazo de diez días informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia; notificado a esa autoridad el dos de septiembre siguiente. c) Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil veinte y se le impuso multa a la persona con el cargo de encargado de la Subdelegación demandada; luego, procedió a requerir nuevamente a la autoridad demandada, para que en un plazo de tres días informara el cumplimiento de la sentencia referida; la apercibió que en caso de renuencia le haría de su conocimiento al director Normativo de Supervisión de Calidad del referido Instituto, en su calidad de superior jerárquico; notificado a la primera el ocho de junio siguiente. d) El trece de septiembre de dos mil veintiuno la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento y le impuso nuevamente multa a la persona que tiene el carácter de encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto, en la Delegación Estatal Oaxaca; la requirió para que cumpliera con la sentencia, así como al director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de Instituto de que se trata, en su calidad de superior jerárquico, y las apercibió con multa para el caso de no cumplir; notificado el siete y once de octubre de ese mismo año, respectivamente. e) El tres de noviembre de dos mil veintiuno impuso multa a las personas que tienen el carácter de encargado y director Normativo, y mediante oficio enviado el seis de diciembre siguiente, requirió al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que conminara a la demandada cumpliera con la sentencia, de no hacerlo, le impondrá multa. d) Mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso se tuvo por recibido el oficio del director General del Instituto por el que informaba sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no obstante, dijo la Sala responsable, que desvinculaba del procedimiento de cumplimiento a esa autoridad; y al no haberse cumplido con la sentencia, impuso otra multa a la demandada y superior jerárquico e hizo del conocimiento al titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico habían sido renuentes en dar cumplimiento a la sentencia; asimismo, determinó que había sido agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento con el fallo definitivo dictado en dicho juicio; y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía conducente. Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio de que se trata, como así aparece de las actuaciones remitidas en copia certificada por la Sala Regional responsable. Como se dijo, la quejosa reclama la omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve, y el que el superior jerárquico no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cumplir la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4; omisión contra la cual, previo nuevo estudio sobre el tema, se estima debe promoverse el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se explica: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto al tema de referencia, en los siguientes términos: ".20. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. "I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte "II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y, "III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." 21. Precepto constitucional que se encuentra reiterado -casi en idénticos términos- en el artículo 1o. de la Ley de Amparo,(7) en cuanto indica que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando violen esos derechos humanos. 22. Así, se aprecia que el juicio de amparo es el procedimiento jurisdiccional en virtud del cual los gobernados están en aptitud de exigir la restitución de sus derechos humanos cuando sean transgredidos por actos de las autoridades o de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad a partir de funciones que estén determinadas por una norma general; lo que revela que, por virtud de ese juicio, el particular puede exponer las violaciones que considere fueron cometidas contra sus derechos fundamentales -ya sea de manera directa o a través de la restricción de la soberanía de las entidades federativas, o de la invasión de la esfera de competencia de la autoridad federal-. 23. Cabe destacar que el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna(8) establece una de las bases de procedencia del juicio de amparo indirecto, en la medida que consagra lo que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario. 24. Mientras que la Ley de Amparo en concordancia con el Texto Constitucional, refleja este carácter extraordinario del juicio en diversos preceptos, entre los que adquiere relevancia su artículo 61, fracción XX, que establece que es improcedente "... contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 25. Como se ve, la Carta Magna y la Ley de Amparo establecen que el gobernado estará exento de observar el mencionado principio de definitividad cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 26. Y, en ese tenor, estos parámetros propios del principio de definitividad no pueden alterarse ni aplicarse de manera diversa a lo establecido por el legislador o de manera inconsistente con la naturaleza del juicio de amparo, desde luego, a partir de su carácter extraordinario. 27. Ahora, sobre estos medios de defensa ordinarios, no debe soslayarse que deben ser apreciados al tenor del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental que dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; de lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Siendo que ese derecho fundamental, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de esta Segunda Sala, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.(9) 28. Principios que operan y, por ende, son exigibles durante todas las etapas que integran el juicio, esto es, tanto en la contenciosa (que abarca la instrucción y el dictado de la resolución o sentencia respectiva), como en la posterior identificada con la materialización de la indicada resolución o sentencia (que abarca el procedimiento para cumplirla). 29. Y, en ese tenor, es evidente que el derecho de acceso a la justicia se integra también con la concreción del derecho decidido en el fallo respectivo, pues de nada sirve una sentencia incluso favorable a las pretensiones de un gobernado si no logra integrarse a su situación, lo que evidencia la relevancia del antepenúltimo párrafo del propio artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que "... las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". 30. En esa virtud, un juicio ordinario debe ser apreciado en su conjunto abarcando no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federales y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones. 31. Ahora, dada la litis a resolver, debe destacarse que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna(10) contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: "I. La Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. "Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: "a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. "b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. "De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). "c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. "Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. "d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. "II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. ..." 32. Como se observa, el legislador en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. 33. Por otro lado, el precepto en estudio contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. 34. Adquiere relevancia el supuesto previsto en el inciso c) que antecede, es decir, la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, dentro de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. 35. En efecto, a través del informe sobre el incumplimiento denunciado, la autoridad demandada podrá comunicar si efectivamente existe o no ese incumplimiento, las medidas que esté preparando o que haya adoptado para acatar la sentencia de nulidad, las razones que justifiquen el retraso o, más aún, la imposibilidad que tenga para materializar la indicada sentencia. Y, una vez valorados los elementos que la autoridad aporte -desde luego, en conjunto con los que haga llegar la parte actora-, la Sala, la sección o el Pleno que corresponda podrán determinar: Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento. Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo. Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto. Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico. 36. Así, se aprecia que el medio de defensa en análisis forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; sobre lo cual es aplicable, en su contenido sustancial, la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de esta Segunda Sala, de título y subtítulo: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.(11) 37. Ciertamente, el hecho de que, a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplique las medidas propias de este recurso de queja, se configuren casos en los que la autoridad demandada incurra en incumplimiento, esto es, adopte una actitud que implique desacato, no revela de suyo que el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias, o que se trate de un medio de defensa ineficaz por sólo prever la posibilidad de imponer multas, dar vista a los superiores jerárquicos y a la contraloría interna de la dependencia correspondiente. 38. Al contrario, estos mecanismos están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. 39. Incluso, resulta lógico que, para el juicio de amparo, como medio de impugnación extraordinario, el legislador haya establecido sanciones más severas; las cuales, aplicadas cuando el acto reclamado se constituya por el incumplimiento de una sentencia de nulidad, resultan hasta adecuadas en virtud de un criterio ascendente, pues en la medida en que la autoridad continúe con su contumacia, deberá enfrentar consecuencias rigurosas. 40. Además, sostener que para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. 41. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. 42. Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.(12) 43. Sobre todo porque, en el caso en análisis, no se actualiza alguna excepción al referido principio de definitividad, puesto que el acto reclamado no es de aquéllos que carezcan de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Carta Magna, el recurso de trato no se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, y éste forma parte de un juicio dentro del cual está prevista la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. 44. En efecto, como se ha visto, el recurso de queja en comento está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente en su artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, lo que basta para que exista certeza de que fue directamente el legislador -y no la autoridad administrativa en alguna norma reglamentaria- quien lo estableció como medio de defensa en contra del incumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por ende, no se actualiza la respectiva hipótesis de excepción al principio de definitividad. 45. Asimismo, no debe soslayarse que, como se explicó en párrafos precedentes, la instancia seguida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye un juicio que, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, abarca desde la etapa de instrucción, pasando por el dictado de la sentencia y hasta el procedimiento de cumplimiento; por lo que una vez que el particular decide someter su controversia al indicado medio de defensa ordinario, queda obligado a agotarlo en su integridad. Máxime que en el indicado proceso legal se encuentra contemplada la figura de la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para ello ni plazo incrementado para el otorgamiento de la suspensión provisional, según lo ha resuelto esta Segunda Sala en las tesis jurisprudenciales 2a./J. 27/2016 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.",(13) "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(14) y "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.(15) 46. Y, en esos términos, es que debe estimarse colmado el requisito de trato, porque en el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí está prevista en términos generales esa medida cautelar, aun cuando ésta proceda contra el acto impugnado y no propiamente contra la omisión de cumplir la sentencia de nulidad, pues los actos relativos a la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, no pueden concebirse de manera autónoma, independiente o aislada del procedimiento jurisdiccional de origen del que deriva, es decir, que no se puede soslayar el hecho de que la omisión reclamada es secundaria o accesoria al acto impugnado en el juicio y respecto del cual se declaró la nulidad en la sentencia cuyo incumplimiento constituye la materia de la litis. 47. Máxime que la figura de la suspensión, aun cuando opera sobre la problemática de origen que lleva al particular a promover el juicio administrativo, genera que los perjuicios ocasionados por el acto impugnado sean paralizados hasta que se resuelve en definitiva el asunto, siendo que, en ese tenor, esos efectos paralizadores abarcan, incluso, hasta la etapa de cumplimiento en dicho juicio, pues ese alcance protector no desaparece, sino que se prolonga hasta la reparación definitiva que ocurre, precisamente, cuando se ejecuta plenamente la sentencia de nulidad. 48. Así, no se puede llegar al extremo de exigir que, además de la suspensión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deba existir también una medida cautelar específica e independiente contra el incumplimiento de la sentencia que declaró su nulidad, pues ello no es lógico en el contexto integral del juicio contencioso, debiendo insistirse en que lo jurídicamente relevante es que el agravio que en contra de la actora generó el acto impugnado, sí es susceptible de ser paralizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que, desde luego, en el caso de obtener una sentencia estimatoria, se prolongará hasta que ésta se ejecute, es decir, se materialice en la situación del particular. 49. A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. 50. Luego, debe concluirse que tampoco se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad vinculado con la ausencia de una medida suspensional con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. 51. Por otra parte, el incumplimiento de una sentencia de nulidad tiene la naturaleza de una abstención y, en consecuencia, no puede considerarse como un acto carente de fundamentación, ya que la exigencia de fundamentar, que está prevista desde el texto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere, evidentemente, a actuaciones, es decir, a actos realizados formal y materialmente por la autoridad. Así, el principio de definitividad cuando se reclame ese incumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, se insiste, constituye una actitud de omisión, no puede ser apreciado como un acto respecto del cual pueda exigirse fundamentación y, en ese tenor, no se actualiza la hipótesis de excepción respectiva. 52. Finalmente, es de destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. 53. Así, aun cuando el quejoso alegue violaciones a preceptos constitucionales, lo cierto es que sus planteamientos no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. 54. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. - -- . Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa. (Lo subrayado es propio de este Juzgado). Lo que dio origen a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024468 Instancia: Segunda Sala. Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". Entonces, al observar de forma obligatoria lo resuelto en esa ejecutoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se establece que contra la omisión a) de la responsable en cumplir con la sentencia que se emitió en el juicio de nulidad, y b) el del que el superior jerárquico conminara a la demandada a cumplir esa sentencia, la quejosa debió agotar el principio de definitividad y promover el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ".constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo, pues aunque el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento; por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria". En esa ejecutoria también se determinó que un acto de esa naturaleza, como el reclamado, no podía considerarse como un acto carente de fundamentación, ya que la exigencia de fundamentar, que está prevista desde el texto del artículo 16 constitucional, se refiere a actos realizados formal y materialmente por la autoridad, pero cuando se trata del incumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no puede ser apreciado como un acto respecto del cual pueda exigirse fundamentación, por tratarse de una omisión, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción que se exige en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; ni podía ser considerada como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trataba de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Y aunque se alegaran violaciones a preceptos constitucionales, no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Constitución Federal, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Carta Magna. De ahí que no es aplicable la jurisprudencia que invocó la quejosa, para que sea procedente el juicio de amparo contra la omisión reclamada, de rubro: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO(Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Contradicción de tesis 17/2019, entre las sustentadas por el Primer y el Vigésimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2020); toda vez que ese criterio contendió en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en esta sentencia de amparo, en cuya parte final dice: "Tesis y criterio contendientes: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2019, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/168 A (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de junio de 2021 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Tomo V, junio de 2021, página 4520, con número de registro digital: 2023272; y, El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 403/2019. Por lo anterior, con fundamento, además, en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades y acto a que se contrae este apartado. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Quinto. Análisis de fondo del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Al respecto, señaló, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 constitucional, porque desde la fecha en que se emitió la sentencia no ha sido cumplida, sin que la Sala Regional responsable hubiere agotado todos los medios para hacer cumplir la sentencia que emitió, pese haber concluido el procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 58 de la ley relativa. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así, ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES., la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018637 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284 Tipo: Aislada DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: a) En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la revisión fiscal 899/2018, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio 854/18-15-01-4, por la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número SP/00142/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se informa a la actora que la cuota de su pensión ha sido incrementada correctamente conforme a las exigencias de la ley, así como de su concesión de pensión número 1105203, emitida por el subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la demandada para que en el plazo de diez días informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia; notificado a esa autoridad el dos de septiembre siguiente. c) Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil veinte y se le impuso multa a la persona con el cargo de encargado de la Subdelegación demandada; luego, procedió a requerir nuevamente a la autoridad demandada, para que en un plazo de tres días informara el cumplimiento de la sentencia referida; la apercibió que en caso de renuencia le haría de su conocimiento al director Normativo de Supervisión de Calidad del referido Instituto, en su calidad de superior jerárquico; notificado a la primera el ocho de junio siguiente. d) El trece de septiembre de dos mil veintiuno la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento y le impuso nuevamente multa a la persona que tiene el carácter de encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto, en la Delegación Estatal Oaxaca; la requirió para que cumpliera con la sentencia, así como al director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de Instituto de que se trata, en su calidad de superior jerárquico, y las apercibió con multa para el caso de no cumplir; notificado el siete y once de octubre de ese mismo año, respectivamente. e) El tres de noviembre de dos mil veintiuno impuso multa a las personas que tienen el carácter de encargado y director Normativo, y mediante oficio enviado el seis de diciembre siguiente, requirió al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que conminara a la demandada cumpliera con la sentencia, de no hacerlo, le impondrá multa. d) Mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso se tuvo por recibido el oficio del director General del Instituto por el que informaba sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no obstante, dijo la Sala responsable, que desvinculaba del procedimiento de cumplimiento a esa autoridad; y al no haberse cumplido con la sentencia, impuso otra multa a la demandada y superior jerárquico e hizo del conocimiento al titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico habían sido renuentes en dar cumplimiento a la sentencia; asimismo, determinó que había sido agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento con el fallo definitivo dictado en dicho juicio; y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía conducente. Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio de que se trata. Ese actuar no vulneró el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 17 constitucional, como lo sostiene la quejosa, porque la Sala responsable actuó de oficio y de forma inmediata, para asegurar su cumplimiento, e inició y concluyó el procedimiento previsto en artículo 58, primer párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ello es así, porque la Sala Regional responsable, a través de ese procedimiento de ejecución, requirió a la autoridad demandada cumpliera con la sentencia que emitió, la apercibió con imposición de multa, la cual le hizo efectiva; luego, requirió nuevamente a la demandada y a su superior jerárquico cumplieran con la sentencia definitiva, como no lo hicieron les impuso multa, enviando los oficios a la autoridad hacendaria para su efectividad; y, finalmente, dio vista a la Contraloría interna con los hechos, a fin de que determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento, ello, para hacer cumplir sus determinaciones. Diversos conceptos de violación. 1º La parte quejosa refiere que las autoridades demandada y superior jerárquico no han cumplido con la sentencia de nulidad emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los plazos que la ley concede e invoca la tesis de rubro: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". Es inoperante ese concepto de violación en la medida que, como se estableció en el considerando anterior, la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de queja contra el incumplimiento de las autoridades a observar la sentencia definitiva. 2º. Alega la quejosa que la Sala responsable, además de agotar el procedimiento previsto en la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no le impedía en seguir responsabilizándose del debido cumplimiento a su fallo, hasta su total observancia, e invoca la tesis que dice: "EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO, DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUISA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Es infundado ese motivo de disenso, porque la autoridad responsable cumplió con la obligación de velar por el cumplimiento de la sentencia que pronunció, agotando el procedimiento de ejecución a que se refiere el artículo 58, fracción I, de la ley de referencia; como incluso se sostiene en la tesis que invoca la parte quejosa. Por tanto, la responsable no incurrió en la omisión que se le atribuye, hasta en la última actuación que emitió en el procedimiento de ejecución, como lo reclamó la parte quejosa. En otro aspecto, es de señalarse que con base en el análisis que llevó a cabo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria y jurisprudencia invocadas en el considerando que antecede, a petición de la parte actora, puede tramitarse el recurso de queja contra la omisión de las autoridades en el juicio de nulidad en cumplir con esa sentencia, con lo que nuevamente se acciona el actuar de la Sala Regional responsable para que vigile que se cumpla con su sentencia de nulidad; lo que no es obstáculo para que, de no acatarse por parte de las autoridades demandadas, superior jerárquico, y Sala Regional, en su momento, pueda promoverse el juicio de amparo respectivo. Entonces, como no existe vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 17 constitucional, respecto de la Sala Regional responsable, ni existe queja que suplir, se niega a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ofelia Terán Sánchez, contra: I. El encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, respecto de: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. La directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, por el acto consistente en: b) El que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ofelia Terán Sánchez, contra: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 854/18-15-01-4. Atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron. Doy fe. BBMM
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.444/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 444/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Director Normativo de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, b) el que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. III. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno acatamiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se hizo constar que los días trece, catorce y quince de abril del año en curso habían sido inhábiles, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 444/2022 y se previno en los términos ahí indicados. Tercero. Cumplimiento de prevención y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se le atribuyen a las autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, b) el que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. III. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1) Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del encargado, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2) Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de México, por conducto de la subdirectora de Pensiones, titular del Área de Pensiones. 3) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su presidenta, residente en la ciudad de Oaxaca. Al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. La primera de las autoridades señaló que no tenía ninguna información del juicio de nulidad 854/18-15-01-4, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no era cierto el acto que se le atribuía. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa, porque de las constancias que remitió la Sala Regional responsable, en copia certificada, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia en dicho juicio ordinario tradicional, en la que se estableció que la demandada lo era la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que presentó la contestación a la demanda natural, a través del jefe de la Unidad Jurídica. De ahí que fue parte de la relación procesal en el referido juicio de nulidad, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. La segunda autoridad señaló que mediante oficio con terminación 37339/2021, de trece de octubre de dos mil veintiuno, cumplió con el requerimiento formulado por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, a su vez, requirió a la demandada para que realizara las gestiones necesarias y diera cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el referido juicio de nulidad. Ahora, se tiene por cierto el acto que se le atribuye, ya que únicamente quedó demostrado que remitió el oficio a la demandada, como se advierte de la constancia que envío en copia certificada, pero no que dicha autoridad hubiere quedado enterada de ese requerimiento. Y la tercera autoridad dijo que efectuó las gestiones tendentes a hacer cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve, y precisó cuáles fueron las actuaciones llevadas a cabo; por lo que, señaló, no eran ciertos los actos que se le atribuyeron. Sin embargo, analizar las actuaciones que llevó a cabo la responsable se relacionaría con el fondo del asunto, pero no con la inexistencia de la omisión que se le atribuye; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de las autoridades y actos siguientes: I. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca. a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. Directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado. b) El que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4, previo un nuevo estudio sobre el tema. Se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y preferente, en términos del numeral 62 de la ley invocada. Ese precepto contempla el principio de definitividad, que consiste en que el juicio es únicamente procedente contra actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; de no cumplirse, el juicio de amparo sería improcedente. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con las que se ordenó formar el tomo anexo a este juicio de amparo, se aprecia que: a) En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la revisión fiscal 899/2018, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio 854/18-15-01-4, por la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número SP/00142/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se informa a la actora que la cuota de su pensión ha sido incrementada correctamente conforme a las exigencias de la ley, así como de su concesión de pensión número 1105203, emitida por el subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la demandada para que en el plazo de diez días informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia; notificado a esa autoridad el dos de septiembre siguiente. c) Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil veinte y se le impuso multa a la persona con el cargo de encargado de la Subdelegación demandada; luego, procedió a requerir nuevamente a la autoridad demandada, para que en un plazo de tres días informara el cumplimiento de la sentencia referida; la apercibió que en caso de renuencia le haría de su conocimiento al director Normativo de Supervisión de Calidad del referido Instituto, en su calidad de superior jerárquico; notificado a la primera el ocho de junio siguiente. d) El trece de septiembre de dos mil veintiuno la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento y le impuso nuevamente multa a la persona que tiene el carácter de encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto, en la Delegación Estatal Oaxaca; la requirió para que cumpliera con la sentencia, así como al director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de Instituto de que se trata, en su calidad de superior jerárquico, y las apercibió con multa para el caso de no cumplir; notificado el siete y once de octubre de ese mismo año, respectivamente. e) El tres de noviembre de dos mil veintiuno impuso multa a las personas que tienen el carácter de encargado y director Normativo, y mediante oficio enviado el seis de diciembre siguiente, requirió al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que conminara a la demandada cumpliera con la sentencia, de no hacerlo, le impondrá multa. d) Mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso se tuvo por recibido el oficio del director General del Instituto por el que informaba sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no obstante, dijo la Sala responsable, que desvinculaba del procedimiento de cumplimiento a esa autoridad; y al no haberse cumplido con la sentencia, impuso otra multa a la demandada y superior jerárquico e hizo del conocimiento al titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico habían sido renuentes en dar cumplimiento a la sentencia; asimismo, determinó que había sido agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento con el fallo definitivo dictado en dicho juicio; y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía conducente. Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio de que se trata, como así aparece de las actuaciones remitidas en copia certificada por la Sala Regional responsable. Como se dijo, la quejosa reclama la omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve, y el que el superior jerárquico no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cumplir la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4; omisión contra la cual, previo nuevo estudio sobre el tema, se estima debe promoverse el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se explica: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto al tema de referencia, en los siguientes términos: ".20. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. "I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte "II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y, "III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." 21. Precepto constitucional que se encuentra reiterado -casi en idénticos términos- en el artículo 1o. de la Ley de Amparo,(7) en cuanto indica que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando violen esos derechos humanos. 22. Así, se aprecia que el juicio de amparo es el procedimiento jurisdiccional en virtud del cual los gobernados están en aptitud de exigir la restitución de sus derechos humanos cuando sean transgredidos por actos de las autoridades o de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad a partir de funciones que estén determinadas por una norma general; lo que revela que, por virtud de ese juicio, el particular puede exponer las violaciones que considere fueron cometidas contra sus derechos fundamentales -ya sea de manera directa o a través de la restricción de la soberanía de las entidades federativas, o de la invasión de la esfera de competencia de la autoridad federal-. 23. Cabe destacar que el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna(8) establece una de las bases de procedencia del juicio de amparo indirecto, en la medida que consagra lo que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario. 24. Mientras que la Ley de Amparo en concordancia con el Texto Constitucional, refleja este carácter extraordinario del juicio en diversos preceptos, entre los que adquiere relevancia su artículo 61, fracción XX, que establece que es improcedente "... contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 25. Como se ve, la Carta Magna y la Ley de Amparo establecen que el gobernado estará exento de observar el mencionado principio de definitividad cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 26. Y, en ese tenor, estos parámetros propios del principio de definitividad no pueden alterarse ni aplicarse de manera diversa a lo establecido por el legislador o de manera inconsistente con la naturaleza del juicio de amparo, desde luego, a partir de su carácter extraordinario. 27. Ahora, sobre estos medios de defensa ordinarios, no debe soslayarse que deben ser apreciados al tenor del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental que dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; de lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Siendo que ese derecho fundamental, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de esta Segunda Sala, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.(9) 28. Principios que operan y, por ende, son exigibles durante todas las etapas que integran el juicio, esto es, tanto en la contenciosa (que abarca la instrucción y el dictado de la resolución o sentencia respectiva), como en la posterior identificada con la materialización de la indicada resolución o sentencia (que abarca el procedimiento para cumplirla). 29. Y, en ese tenor, es evidente que el derecho de acceso a la justicia se integra también con la concreción del derecho decidido en el fallo respectivo, pues de nada sirve una sentencia incluso favorable a las pretensiones de un gobernado si no logra integrarse a su situación, lo que evidencia la relevancia del antepenúltimo párrafo del propio artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que "... las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". 30. En esa virtud, un juicio ordinario debe ser apreciado en su conjunto abarcando no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federales y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones. 31. Ahora, dada la litis a resolver, debe destacarse que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna(10) contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: "I. La Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. "Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: "a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. "b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. "De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). "c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. "Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. "d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. "II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. ..." 32. Como se observa, el legislador en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. 33. Por otro lado, el precepto en estudio contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. 34. Adquiere relevancia el supuesto previsto en el inciso c) que antecede, es decir, la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, dentro de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. 35. En efecto, a través del informe sobre el incumplimiento denunciado, la autoridad demandada podrá comunicar si efectivamente existe o no ese incumplimiento, las medidas que esté preparando o que haya adoptado para acatar la sentencia de nulidad, las razones que justifiquen el retraso o, más aún, la imposibilidad que tenga para materializar la indicada sentencia. Y, una vez valorados los elementos que la autoridad aporte -desde luego, en conjunto con los que haga llegar la parte actora-, la Sala, la sección o el Pleno que corresponda podrán determinar: Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento. Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo. Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto. Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico. 36. Así, se aprecia que el medio de defensa en análisis forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; sobre lo cual es aplicable, en su contenido sustancial, la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de esta Segunda Sala, de título y subtítulo: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.(11) 37. Ciertamente, el hecho de que, a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplique las medidas propias de este recurso de queja, se configuren casos en los que la autoridad demandada incurra en incumplimiento, esto es, adopte una actitud que implique desacato, no revela de suyo que el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias, o que se trate de un medio de defensa ineficaz por sólo prever la posibilidad de imponer multas, dar vista a los superiores jerárquicos y a la contraloría interna de la dependencia correspondiente. 38. Al contrario, estos mecanismos están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. 39. Incluso, resulta lógico que, para el juicio de amparo, como medio de impugnación extraordinario, el legislador haya establecido sanciones más severas; las cuales, aplicadas cuando el acto reclamado se constituya por el incumplimiento de una sentencia de nulidad, resultan hasta adecuadas en virtud de un criterio ascendente, pues en la medida en que la autoridad continúe con su contumacia, deberá enfrentar consecuencias rigurosas. 40. Además, sostener que para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. 41. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. 42. Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.(12) 43. Sobre todo porque, en el caso en análisis, no se actualiza alguna excepción al referido principio de definitividad, puesto que el acto reclamado no es de aquéllos que carezcan de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Carta Magna, el recurso de trato no se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, y éste forma parte de un juicio dentro del cual está prevista la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. 44. En efecto, como se ha visto, el recurso de queja en comento está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente en su artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, lo que basta para que exista certeza de que fue directamente el legislador -y no la autoridad administrativa en alguna norma reglamentaria- quien lo estableció como medio de defensa en contra del incumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por ende, no se actualiza la respectiva hipótesis de excepción al principio de definitividad. 45. Asimismo, no debe soslayarse que, como se explicó en párrafos precedentes, la instancia seguida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye un juicio que, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, abarca desde la etapa de instrucción, pasando por el dictado de la sentencia y hasta el procedimiento de cumplimiento; por lo que una vez que el particular decide someter su controversia al indicado medio de defensa ordinario, queda obligado a agotarlo en su integridad. Máxime que en el indicado proceso legal se encuentra contemplada la figura de la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para ello ni plazo incrementado para el otorgamiento de la suspensión provisional, según lo ha resuelto esta Segunda Sala en las tesis jurisprudenciales 2a./J. 27/2016 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.",(13) "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(14) y "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.(15) 46. Y, en esos términos, es que debe estimarse colmado el requisito de trato, porque en el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí está prevista en términos generales esa medida cautelar, aun cuando ésta proceda contra el acto impugnado y no propiamente contra la omisión de cumplir la sentencia de nulidad, pues los actos relativos a la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, no pueden concebirse de manera autónoma, independiente o aislada del procedimiento jurisdiccional de origen del que deriva, es decir, que no se puede soslayar el hecho de que la omisión reclamada es secundaria o accesoria al acto impugnado en el juicio y respecto del cual se declaró la nulidad en la sentencia cuyo incumplimiento constituye la materia de la litis. 47. Máxime que la figura de la suspensión, aun cuando opera sobre la problemática de origen que lleva al particular a promover el juicio administrativo, genera que los perjuicios ocasionados por el acto impugnado sean paralizados hasta que se resuelve en definitiva el asunto, siendo que, en ese tenor, esos efectos paralizadores abarcan, incluso, hasta la etapa de cumplimiento en dicho juicio, pues ese alcance protector no desaparece, sino que se prolonga hasta la reparación definitiva que ocurre, precisamente, cuando se ejecuta plenamente la sentencia de nulidad. 48. Así, no se puede llegar al extremo de exigir que, además de la suspensión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deba existir también una medida cautelar específica e independiente contra el incumplimiento de la sentencia que declaró su nulidad, pues ello no es lógico en el contexto integral del juicio contencioso, debiendo insistirse en que lo jurídicamente relevante es que el agravio que en contra de la actora generó el acto impugnado, sí es susceptible de ser paralizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que, desde luego, en el caso de obtener una sentencia estimatoria, se prolongará hasta que ésta se ejecute, es decir, se materialice en la situación del particular. 49. A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. 50. Luego, debe concluirse que tampoco se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad vinculado con la ausencia de una medida suspensional con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. 51. Por otra parte, el incumplimiento de una sentencia de nulidad tiene la naturaleza de una abstención y, en consecuencia, no puede considerarse como un acto carente de fundamentación, ya que la exigencia de fundamentar, que está prevista desde el texto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere, evidentemente, a actuaciones, es decir, a actos realizados formal y materialmente por la autoridad. Así, el principio de definitividad cuando se reclame ese incumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, se insiste, constituye una actitud de omisión, no puede ser apreciado como un acto respecto del cual pueda exigirse fundamentación y, en ese tenor, no se actualiza la hipótesis de excepción respectiva. 52. Finalmente, es de destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. 53. Así, aun cuando el quejoso alegue violaciones a preceptos constitucionales, lo cierto es que sus planteamientos no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. 54. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. - -- . Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa. (Lo subrayado es propio de este Juzgado). Lo que dio origen a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024468 Instancia: Segunda Sala. Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". Entonces, al observar de forma obligatoria lo resuelto en esa ejecutoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se establece que contra la omisión a) de la responsable en cumplir con la sentencia que se emitió en el juicio de nulidad, y b) el del que el superior jerárquico conminara a la demandada a cumplir esa sentencia, la quejosa debió agotar el principio de definitividad y promover el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ".constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo, pues aunque el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento; por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria". En esa ejecutoria también se determinó que un acto de esa naturaleza, como el reclamado, no podía considerarse como un acto carente de fundamentación, ya que la exigencia de fundamentar, que está prevista desde el texto del artículo 16 constitucional, se refiere a actos realizados formal y materialmente por la autoridad, pero cuando se trata del incumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no puede ser apreciado como un acto respecto del cual pueda exigirse fundamentación, por tratarse de una omisión, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción que se exige en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; ni podía ser considerada como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trataba de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Y aunque se alegaran violaciones a preceptos constitucionales, no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Constitución Federal, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Carta Magna. De ahí que no es aplicable la jurisprudencia que invocó la quejosa, para que sea procedente el juicio de amparo contra la omisión reclamada, de rubro: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO(Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Contradicción de tesis 17/2019, entre las sustentadas por el Primer y el Vigésimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2020); toda vez que ese criterio contendió en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en esta sentencia de amparo, en cuya parte final dice: "Tesis y criterio contendientes: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2019, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/168 A (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de junio de 2021 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Tomo V, junio de 2021, página 4520, con número de registro digital: 2023272; y, El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 403/2019. Por lo anterior, con fundamento, además, en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades y acto a que se contrae este apartado. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Quinto. Análisis de fondo del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Al respecto, señaló, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 constitucional, porque desde la fecha en que se emitió la sentencia no ha sido cumplida, sin que la Sala Regional responsable hubiere agotado todos los medios para hacer cumplir la sentencia que emitió, pese haber concluido el procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 58 de la ley relativa. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así, ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES., la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018637 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284 Tipo: Aislada DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: a) En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la revisión fiscal 899/2018, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio 854/18-15-01-4, por la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número SP/00142/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se informa a la actora que la cuota de su pensión ha sido incrementada correctamente conforme a las exigencias de la ley, así como de su concesión de pensión número 1105203, emitida por el subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la demandada para que en el plazo de diez días informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia; notificado a esa autoridad el dos de septiembre siguiente. c) Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil veinte y se le impuso multa a la persona con el cargo de encargado de la Subdelegación demandada; luego, procedió a requerir nuevamente a la autoridad demandada, para que en un plazo de tres días informara el cumplimiento de la sentencia referida; la apercibió que en caso de renuencia le haría de su conocimiento al director Normativo de Supervisión de Calidad del referido Instituto, en su calidad de superior jerárquico; notificado a la primera el ocho de junio siguiente. d) El trece de septiembre de dos mil veintiuno la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento y le impuso nuevamente multa a la persona que tiene el carácter de encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido instituto, en la Delegación Estatal Oaxaca; la requirió para que cumpliera con la sentencia, así como al director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de Instituto de que se trata, en su calidad de superior jerárquico, y las apercibió con multa para el caso de no cumplir; notificado el siete y once de octubre de ese mismo año, respectivamente. e) El tres de noviembre de dos mil veintiuno impuso multa a las personas que tienen el carácter de encargado y director Normativo, y mediante oficio enviado el seis de diciembre siguiente, requirió al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que conminara a la demandada cumpliera con la sentencia, de no hacerlo, le impondrá multa. d) Mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso se tuvo por recibido el oficio del director General del Instituto por el que informaba sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no obstante, dijo la Sala responsable, que desvinculaba del procedimiento de cumplimiento a esa autoridad; y al no haberse cumplido con la sentencia, impuso otra multa a la demandada y superior jerárquico e hizo del conocimiento al titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico habían sido renuentes en dar cumplimiento a la sentencia; asimismo, determinó que había sido agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento con el fallo definitivo dictado en dicho juicio; y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía conducente. Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio de que se trata. Ese actuar no vulneró el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 17 constitucional, como lo sostiene la quejosa, porque la Sala responsable actuó de oficio y de forma inmediata, para asegurar su cumplimiento, e inició y concluyó el procedimiento previsto en artículo 58, primer párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ello es así, porque la Sala Regional responsable, a través de ese procedimiento de ejecución, requirió a la autoridad demandada cumpliera con la sentencia que emitió, la apercibió con imposición de multa, la cual le hizo efectiva; luego, requirió nuevamente a la demandada y a su superior jerárquico cumplieran con la sentencia definitiva, como no lo hicieron les impuso multa, enviando los oficios a la autoridad hacendaria para su efectividad; y, finalmente, dio vista a la Contraloría interna con los hechos, a fin de que determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento, ello, para hacer cumplir sus determinaciones. Diversos conceptos de violación. 1º La parte quejosa refiere que las autoridades demandada y superior jerárquico no han cumplido con la sentencia de nulidad emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los plazos que la ley concede e invoca la tesis de rubro: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". Es inoperante ese concepto de violación en la medida que, como se estableció en el considerando anterior, la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de queja contra el incumplimiento de las autoridades a observar la sentencia definitiva. 2º. Alega la quejosa que la Sala responsable, además de agotar el procedimiento previsto en la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no le impedía en seguir responsabilizándose del debido cumplimiento a su fallo, hasta su total observancia, e invoca la tesis que dice: "EJECUTORIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN SU CUMPLIMIENTO, DEBE SEÑALÁRSELES COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, SALVO QUE HAYAN AGOTADO TODO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA, INCLUISA, LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Es infundado ese motivo de disenso, porque la autoridad responsable cumplió con la obligación de velar por el cumplimiento de la sentencia que pronunció, agotando el procedimiento de ejecución a que se refiere el artículo 58, fracción I, de la ley de referencia; como incluso se sostiene en la tesis que invoca la parte quejosa. Por tanto, la responsable no incurrió en la omisión que se le atribuye, hasta en la última actuación que emitió en el procedimiento de ejecución, como lo reclamó la parte quejosa. En otro aspecto, es de señalarse que con base en el análisis que llevó a cabo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria y jurisprudencia invocadas en el considerando que antecede, a petición de la parte actora, puede tramitarse el recurso de queja contra la omisión de las autoridades en el juicio de nulidad en cumplir con esa sentencia, con lo que nuevamente se acciona el actuar de la Sala Regional responsable para que vigile que se cumpla con su sentencia de nulidad; lo que no es obstáculo para que, de no acatarse por parte de las autoridades demandadas, superior jerárquico, y Sala Regional, en su momento, pueda promoverse el juicio de amparo respectivo. Entonces, como no existe vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 17 constitucional, respecto de la Sala Regional responsable, ni existe queja que suplir, se niega a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ofelia Terán Sánchez, contra: I. El encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, respecto de: a) La omisión de cumplir la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve. II. La directora Normativa de Prestaciones, Económicas Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, por el acto consistente en: b) El que no haya conminado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca de dicho Instituto, a emitir el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 854/18-15-01-4. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ofelia Terán Sánchez, contra: a) La omisión de vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de sus propias determinaciones, al no agotar todos los medios legales para lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 854/18-15-01-4. Atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron. Doy fe. BBMM
- Principal
PRAL.444/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Difiere audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que mediante proveído de diez de junio de este año se ordenó agregar el informe justificado de la autoridad responsable, directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el que se ordenó dar vista a las demás partes. En esas condiciones, con la finalidad de observar el plazo previsto por el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y las partes tengan oportunidad de imponerse del informe justificado, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y se fijan las diez horas con veintiún minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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