Odilón Martínez Díaz
Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Odilón Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
PRAL 386/2021-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Luz Alejandra Hernández Rojas interpusiera recurso de queja contra la determinación de treinta de abril del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo. 2°. Firmeza resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3°. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de dicha determinación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4°. Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5°. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6°. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1o que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, 2o que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 386/2021-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno se proveyó sobre la demanda de amparo promovida con firma electrónica por Luz Alejandra Hernández Rojas, a favor de Odilón Martínez Díaz, contra actos de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Oaxaca, y de otras autoridades, presentada en línea, y remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, en la misma fecha y turnada a este órgano jurisdiccional; y se realizó el requerimiento a la promovente de amparo en los términos siguientes: ". 1º Así, a fin de proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y toda vez que los actos reclamados, dice, la ocursante, se fundan en tal precepto, se requiere a Luz Alejandra Hernández Rojas, para que diga cuál es el motivo por el cual promueve en favor de Odilón Martínez Díaz. 2º Además, dirá en qué domicilio puede ser requerido este último, a fin de que el actuario de la adscripción se haga presente en el mismo y recabe la diligencia de ratificación relativa, si es que ello procediera. 3º Y cuál es el hecho que la autoridad responsable realizó, por el cual el quejoso teme por su vida o integridad personal. Lo anterior, deberá cumplir en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo. Se le apercibe que no de cumplir con tal requerimiento, se proveerá al respecto, únicamente con los datos que aparecen en la demanda de amparo. Determinación de la que quedó notificada el veintiuno de abril último, sin que efectuara manifestación alguna, en el término que se le concedió para tal efecto, pues la promovente del amparo omitió: a) Precisar cuál es el motivo por el que promovió en favor de Odilón Martínez Díaz. b) Proporcionar el domicilio del directo quejoso a fin de que el actuario recabara la ratificación respectiva, si así procediera. c) Señalar cuál era el hecho que la autoridad responsable realizó, por el cual el quejoso temía por su vida o integridad personal. II. Análisis de la demanda de amparo. Ante ello, se procede a proveer únicamente con los datos que aparecen en la demanda, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza su análisis, de la que se advierte la existencia de una causal que la hace notoriamente improcedente, ya que: 1. La promovente manifestó en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, que: El pasado veinte de junio del presente año (sic) el aquí quejoso caminaba rumbo a su domicilio y se percató de que afuera de su domicilio se encontraban unas personas que vestían de manera similar a como suelen hacerlo los agentes de investigación y del cuerpo policiaco federal. Por temor a ser detenido esperó a que se retiraran de su domicilio para ingresar al mismo. Que a la fecha no ha sido notificado de alguna denuncia que se haya emitido en su contra, asimismo, que no ha cometido ningún ilícito ni es prófugo de algún procedimiento judicial. 2. Circunstancia que reitera en los conceptos de violación al señalar que no existe alguna causa legal que justifique la intención de su aprehensión por parte de las responsables. 3. También refiere que el directo quejoso teme por su integridad personal, su libertad física y su vida y, por tanto, se encontraba situado dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. III. Actos reclamados. En la demanda de amparo se reclamó el intento de aprehensión contra el quejoso, sin habérsele notificado el inicio del procedimiento relativo, lo cual, se dijo, constituía peligro para su vida (sic). IV. Requerimiento realizado a la promovente del amparo. En el auto de prevención se determinó que para que se actualizara la hipótesis de representación y promover en favor de diversa persona se requería de la existencia de una causa de imposibilidad para promover por sí mismo, y el temor que decía tener el quejoso no constituía tal supuesto. Aunado a que no se precisaba cuál era el hecho que la autoridad responsable realizaba, por el cual el quejoso temiera por su vida o integridad personal. V. Desechamiento de demanda de amparo. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos que refieren: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Por su parte, los artículos 6, 8, 10, 11, 12, 14 y 15 de la ley mencionada señalan: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Esto es, solo la parte agraviada con el acto de autoridad tiene legitimación para acudir en demanda de amparo, quien puede hacerlo por sí, a través de su representante, de su defensor si se trata de una demanda de amparo en materia penal, por medio de cualquier persona, incluso menor de edad, en los casos que la ley lo disponga. Y para promover en el juicio de amparo en materia penal, la representación deberá sujetarse a las reglas establecidas en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley de Amparo, por lo que: a) La representación se acreditará en juicio en los términos previstos en la Ley de Amparo y en los casos no previstos, la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; b) Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, y se trate de la materia penal, bastará la afirmación en ese sentido; c) Si se trata del defensor, así lo señalará éste bajo protesta de decir verdad, en este caso, el juez o tribunal que conozca del asunto remitirá la certificación correspondiente; y, d) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, no queda actualizada alguna de esas hipótesis para que Luz Alejandra Hernández Rojas hubiere promovido demanda de amparo a favor de Odilón Martínez Díaz; en consecuencia, carece de legitimación para instar la acción de amparo, atento a la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 196956 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 75/97. Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". En efecto, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, que es el intento de aprehensión contra el quejoso por parte de la Fiscalía General de la República y agente del Ministerio Público responsables, la promovente Luz Alejandra Hernández Rojas debía demostrar que era apoderada legal o defensora del directo quejoso o, en su caso, justificarse aunque sea indiciariamente que este último estaba imposibilitado por sí mismo para promover la instancia constitucional y que, por ello, se hubiere promovido a su favor, omitiendo esto último, por lo que no existe razón jurídica alguna para que otra persona lo haga en su nombre. Por tanto, se actualiza la falta de legitimación de Luz Alejandra Hernández Rojas para ello, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida en favor de Odilón Martínez Díaz. Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 202692 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o.9 K Página: 412 LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". V. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. VI. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. VII. Notificación. Se instruye al (la) actuario (a) adscrito a este órgano jurisdiccional para que se contacte con la promovente del amparo y le haga saber que existe este proveído que debe notificársele personalmente en este órgano jurisdiccional, ya que no aportó domicilio al efecto, únicamente proporcionó un correo electrónico. Y la requiera para que en el término de veinticuatro horas, proporcione un domicilio para recibir notificaciones o el usuario relativo, de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aun personales, se realizarán mediante lista de acuerdos, como lo establece el artículo 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase por parte del actuario de la adscripción. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 386/2021-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 1° Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida con firma electrónica por Luz Alejandra Hernández Rojas, a favor de Odilon Martínez Díaz, contra actos de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Oaxaca, y de otras autoridades, presentada en línea, y remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el diecinueve de abril del año en curso, turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 386/2021. 2° Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a) ). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3° Ratificación de demanda. De la lectura de la promoción inicial constitucional se advierte lo siguiente: I. La promovente manifestó en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad que: El veinte de junio del presente año (sic) el aquí quejoso caminaba rumbo a su domicilio y se percató de que afuera de su domicilio se encontraban unas personas que vestían de manera similar a como suelen hacerlo los agentes de investigación y del cuerpo policiaco federal. Por temor a ser detenido esperó a que se retiraran de su domicilio para ingresar al mismo. Que a la fecha no ha sido notificado de alguna denuncia que se haya emitido en su contra, asimismo, que no ha cometido ningún ilícito ni es prófugo de algún procedimiento judicial. II. Circunstancia que reitera en los conceptos de violación al señalar que no existe alguna causa legal que justifique la intención de su aprehensión por parte de las responsables. III. También refiere que el directo quejoso teme por su integridad personal, su libertad física y su vida y, por tanto, refiere, se encuentra situado dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; precepto que establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas". Así, a fin de que se actualice tal hipótesis se requiere que, para que se promueva en favor de diversa persona, debe existir una causa de imposibilidad para promover por sí mismo. En el caso, la promovente omite precisar cuál es ese motivo de imposibilidad, ya que el temor que dice tener no constituye tal causa. IV. Aunado a ello, tampoco menciona cuál es el hecho que la autoridad responsable realizó, por el cual el quejoso temiera por su vida o integridad personal. V. Además, menciona que los hechos que constituyen los antecedentes del acto que reclama se llevaron a cabo el veinte de junio de este año. VI. Dice que esos hechos se realizaron cuando el quejoso iba rumbo a su domicilio, pero no menciona cuál es ese domicilio. 1º Así, a fin de proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y toda vez que los actos reclamados, dice, la ocursante, se fundan en tal precepto, se requiere a Luz Alejandra Hernández Rojas, para que diga cuál es el motivo por el cual promueve en favor de Odilon Martínez Díaz. 2º Además, dirá en qué domicilio puede ser requerido este último, a fin de que el actuario de la adscripción se haga presente en el mismo y recabe la diligencia de ratificación relativa, si es que ello procediera. 3º Y cuál es el hecho que la autoridad responsable realizó, por el cual el quejoso teme por su vida o integridad personal. Lo anterior, deberá cumplir en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo. Se le apercibe que no de cumplir con tal requerimiento, se proveerá al respecto, únicamente con los datos que aparecen en la demanda de amparo. 4° Suspensión de oficio y de plano. Aunque el quejoso reclama "el intento de aprehensión que en su caso se ordenó ejecutar o se intenta ejecutar contra el quejoso", que dice son un claro peligro para su vida; advirtiéndose, por ahora, que no existe un claro dato que permita apreciar que la ejecución de la aprehensión derivará en peligro para la vida del quejoso, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues no existe un acto del que deba declararse su cese a través de dicha medida. En tanto que, respecto de la orden de aprehensión que reclama de las ordenadoras, tampoco procede conceder dicha suspensión de oficio y de plano, ya que el ataque a la libertad fuera de procedimiento a que se refiere la promovente del amparo, con motivo de la aprehensión que se pretende ejecutar contra el quejoso, no encuadra en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el ataque a la libertad fuera de procedimiento se refiere al supuesto en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; sin embargo, el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el siguiente supuesto: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder". Entonces, como no se aportaron datos en los que aparezca que la orden de aprehensión que se reclama en la demanda de amparo fue emitida por autoridad que no está facultada para ello, sólo para efectos exclusivos de la suspensión de plano, no se colma el requisito previsto en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Ante esa razón, el mandato reclamado será motivo de suspensión a que se refieren los artículos 128 y 162 de la Ley de Amparo, en cuaderno por separado, para el caso de que se admitiere la demanda de amparo. 5° Usuario y proporciona correo electrónico. Ahora, como la promovente del amparo refiere que señala el sistema de notificación electrónica, pero no proporciona el usuario, por tanto, se reserva proveer al respecto, una vez que diga cuál es el usuario relativo. En tanto que no procede tener el correo electrónico como medio para recibir notificaciones, ya que el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no contempla el correo electrónico para tal efecto, sino que lo es únicamente para que el (la) actuario (a) de la adscripción la contacte en caso de ser necesario y se establezca la forma en que podría hacérsele llegar la notificación personal de alguna determinación, acorde a las disposiciones previstas para ese fin por la Ley de Amparo. En esa medida, se instruye al (la) actuario (a) adscrito a este órgano jurisdiccional para que se contacte con la promovente del amparo y le haga saber que existe este proveído que debe notificársele personalmente en este órgano jurisdiccional, ya que no aportó domicilio al efecto. Y dígasele que de no comparecer dentro del término de veinticuatro horas, a partir de la fecha en que se le remita el mensaje vía correo electrónico, y atendiendo a la naturaleza que le pretende dar al acto reclamado, fundándose en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se llevará a cabo la notificación por lista de acuerdos, al no contar con domicilio alguno para ese efecto. Notifíquese y cúmplase por parte del actuario. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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