Ofelia Santos Sandria
Expediente 1028/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ofelia Santos Sandria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó con el proveído de seis de marzo del año en curso (fojas 48 a 51), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho acuerdo, como lo prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del citado recurso al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustetada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar este juicio, como asunto concluido. III. Valoración. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Devolución de documental. Devuélvase a la autoridad denominación Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, la documental con la cual se formó el tomo I relativo a pruebas (foja 31), por no ser necesaria su permanencia en este juicio de amparo.
- Principal
I. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad denominada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, con el que hace del conocimiento lo siguiente: II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 1 y 2), la quejosa Ofelia Santos Sandría, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Delegado de la Fiscalía General del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público, primer turno. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público, segundo turno. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público, tercer turno. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: En la citada fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 1028/2017; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Oficio Del oficio de cuenta, firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que el dos de febrero del año en curso, remitió al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de su adscripción, el pedimento de ejercicio de la acción penal, respecto de la averiguación previa penal número A-4-109/2015, iniciada por la quejosa Ofelia Santos Sandría, en contra de José González Hernández, por el delito de lesiones graves de disfunción parcial permanente de órganos o facultades culposas; anexando copia certificada del oficio 005/2018, para justificar su información. Conviene digitalizar en lo conducente, el oficio señalado en el párrafo que antecede: Averiguación previa que quedó registrada en el Juzgado Penal de que se trata, bajo el número estadístico 1/2018, el doce de febrero de este año. Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, de lo narrado y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, del contenido de la copia certificada del oficio que remitió la autoridad denominada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Analizada la probanza anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: La expresión cesación de los efectos del acto reclamadoimplica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable integró y consignó ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, la averiguación previa penal número A-4-109/2015, la cual quedó registrada bajo el número estadístico 1/2018, el doce de febrero de este año; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintiséis de marzo del año en curso (foja 39).
- Principal
Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que se encuentra en vías de notificación el oficio 2736/2018-CO, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (foja 36), en el que se le solicitó informe si ya dictó la determinación correspondiente en la averiguación previa penal A-4-1092015, y en su caso remita copia certificada que acredite su información. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, para su celebración.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso (foja 31), se recibió el oficio signado por la autoridad Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, en el que informó: En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, informe si ya dictó la determinación correspondiente en la averiguación previa de que se trata, y en su caso remita copia certificada que acredite su información. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, o no informar oportunamente causa legal alguna, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia.
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