Ofelia Armendariz Cruz
Expediente 831/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ofelia Armendariz Cruz
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de trece de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha quedado firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por Ofelia Armendariz Cruz, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 831/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: 3.1 Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 3.2 Actos reclamados. Todos los autos, decretos, acuerdos, resoluciones, audiencias, sentencias interlocutorias y/o definitivas, así como todos y cada uno de los autos, acuerdos, decretos y/o resoluciones dictadas antes o después de la sentencia definitiva y los que estén pendientes de dictarse y que se llegaren a dictar después de la sentencia mencionada, en el juicio ordinario mercantil 627/2018, promovido por ZENDERE HOLDING I., S.A.P.I. DE C.V. como representante legal de ADMINISTRADORA FOME 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Litigio en el que se le coartó del derecho fundamental y humano de audiencia al no haber sido debidamente notificada y emplazada a juicio. 3.3 Antecedentes. La parte quejosa manifiesta esencialmente, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento que la autoridad judicial señalada como responsable llevó en su contra el juicio ordinario mercantil 627/2018, en el que dice, no fue debidamente notificada ni emplazada, y en el que se le condenó a pagar ciertas cantidades de dinero por concepto de suerte principal, intereses moratorios, además del pago de gastos y costas en favor de la parte tercero interesada. Asimismo, del análisis integro de su demanda de amparo se advierte que su reproche consistente en que se pretende ejecutar en su contra la condena de pago que emana del referido juicio ordinario mercantil, sin que se le garantice su derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídicas, lo anterior, derivado de que menciona tener conocimiento del referido juicio por fuentes fidedignas. 4. Causal de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5o, fracción I, 6o. y 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. 4.1 Actos futuros e inciertos. De acuerdo con la causal prevista en la fracción XII, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la quejosa, es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para demostrar lo anterior, debe precisarse que en el caso, en atención a las manifestaciones realizadas por la propia parte quejosa en relación a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que manifiesta que tiene conocimiento que se pretende hacer efectiva una condena de pago en su patrimonio, sin que se le garantice su derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídica; sin que se haya procedido en tal sentido al momento de la presentación de la demanda de amparo. En ese sentido, es dable indicar que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la promovente aduce instar este asunto contra una posible afectación a sus derechos en la esfera patrimonial. Lo que es indicativo de que los actos reclamados aún no se han llevado a cabo, sino que se trata de actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales no procede el juicio de amparo toda vez que el agravio que da derecho a instar esta vía constitucional debe ser directo y actual, es decir, de realización presente o pasada. Ello, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no acontece, pues la circunstancia de que la quejosa aduzca tener conocimiento a través de fuentes fidedignas, sin medio de convicción que acredite tal circunstancia, de que se pretende hacer efectiva una condena de pago en su patrimonio, no implica, ni de suyo ni de facto, que la autoridad que señala como responsable haya realizado el acto que le reclama. Por lo anteriormente expuesto, es dable dejar establecido que la vía constitucional intentada por la parte quejosa, se encuentra fundamentada únicamente y no con datos veraces y objetivos, como se ha mencionado con anterioridad; toda vez, como lo expuso en su escrito de demanda de amparo, el riesgo de que se ejecute en su contra una condena de pago, es basado en las que refiere como fuentes muy fidedignas, sin mayor aclaración al respecto, además, de la demanda de amparo se advierte que no tiene mayores detalles, es decir, de los cuales se desprenda que efectivamente se haya ordenado ejecutar en contra el acto que reclama. De ahí que se considere su reclamo como futuro de realización eventual, pues no existe dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o puedan llegar a existir. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. De ello, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, el acto que en este punto se estudia, no es inminente, al no existir certeza de que se vaya a ordenar y menos ejecutar. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis. 5. Conclusión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 6. Autorizados. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Miguel Ángel Sáenz Villarreal, Juan Pablo Lerma González y Guillermo Alexis Romero Sáenz, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cristian Eduardo Martínez Sáenz, Edgar Iván Romero Sáenz, Jaime Misael Romero Sáenz y Francisco Javier Rivera Suárez del Real, por no encontrarse registrada su cédula en el sistema en comento. 6.1 Autorización de consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "M...". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.2 Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 6.3 Instrucción al Oficial Judicial "A". Se instruye al oficial judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 12. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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